Solbes logra el respaldo del Congreso para cambiar la Ley de Estabilidad

La actual Ley de Estabilidad Presupuestaria tiene los días contados. El Gobierno se propone modificar su principal razón de ser, el equilibrio presupuestario, de forma que se permitan déficit transitorios y se otorgue a las comunidades más capacidad de decisión. El Ejecutivo, por su parte, se compromete a considerar el "esfuerzo fiscal" de cada comunidad a la hora de autorizar el déficit. Con esas condiciones, el Gobierno logró ayer sacar adelante en el Congreso el techo de gasto para 2005, con el respaldo de Coalición Canaria y Esquerra Republicana y el voto en contra de CiU y PP.

El Gobierno se enfrentaba ayer a su primer reto económico en el Congreso, al someter a votación el techo de gasto de los Presupuestos de 2005 (124.525,76 millones de euros, un 6,2% más que el de 2004) y el objetivo de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años. Se trata del trámite inicial para elaborar las cuentas públicas de 2005, que requiere aprobación parlamentaria. El principal escollo residía en que ambos trámites derivan de la polémica Ley de Estabilidad Presupuestaria, un texto que aprobó el Gobierno del Partido Popular en 2001 y que obliga a todas las administraciones (comunidades y ayuntamientos incluidos) a no rebasar el déficit cero.

Con el compromiso de modificar esta ley de cara probablemente al ejercicio 2006, y de introducir "transparencia en las cuentas públicas", el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, logró el apoyo mayoritario de la Cámara baja. El Gobierno mantendrá la estabilidad presupuestaria, pero concediendo a comunidades y ayuntamientos mayor autonomía de la que ahora disponen para fijar sus objetivos y para modular la política presupuestaria "en función de la evolución de la economía". Estos compromisos figuran en una proposición no de ley que suscriben el Grupo Socialista, Esquerra Republicana, Izquierda Verde, Coalición Canaria y Grupo Mixto.

Aunque en última instancia será el Gobierno el que determine las metas de todas las administraciones, se tendrán en cuenta "las necesidades financieras y el esfuerzo fiscal" de las diferentes comunidades. "La lógica nuestra es que, cuando una comunidad tenga dificultades, mantenga una relación bilateral con la Administración central", aseguró Solbes tras la sesión del Congreso. La proposición recoge también dos de las principales proclamas socialistas respecto a la estabilidad presupuestaria: que se mantenga "a lo largo del ciclo", de forma que se pueda incurrir en déficit los años de peor coyuntura, y que las cifras de la Seguridad Social se ofrezcan de forma separada a las de la Administración central, en lugar de sumarlas, como hasta ahora. Esta práctica revertía en superávit -sólo en términos contables- para el Estado.

Con esa base, el Gobierno logró el voto favorable de Esquerra y Coalición Canaria a su objetivo de gasto para 2005 y la abstención del Grupo Mixto, Izquierda Verde y EAJ-PNV. En contra votaron PP y CiU, aunque es previsible que esta formación acabe votando a favor en el Senado si logra añadir sus condiciones a la proposición sobre la Ley de Estabilidad.

El PP argumentó su rechazo en que el techo de gasto crece por encima de la economía, para la que se espera un avance nominal -sin descontar la inflación- del 5,7%. El Ejecutivo arguye que ese gasto incluye partidas que antes se contabilizaban de otro modo, además de asumir compromisos como la deuda con Andalucía y el déficit de Radio Televisión Española.