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La racionalidad económica de limitar los horarios comerciales

El Gobierno de la Generalitat, de acuerdo con el compromiso adquirido con la sociedad a partir de las elecciones al Parlament, ha puesto en marcha la Ley de Horarios Comerciales de Cataluña: un instrumento regulador que tiene que garantizar un modelo de mercado equilibrado y competitivo. Hoy, más que nunca, conviene explicarnos porque, aunque la normativa tiene un amplio consenso, hay quien todavía ve la regulación de horarios comerciales como una limitación al libre mercado, y no es así. Me sorprende porque es precisamente el correcto funcionamiento del libre mercado el referente principal de nuestras políticas. Sin embargo, es preciso no confundir conceptos: garantizar el correcto funcionamiento del libre mercado no significa censurar cualquier medida adoptada por las administraciones competentes, sino establecer el marco legislativo adecuado que facilite el ejercicio de la plena competencia, lo cual supone evitar que se produzcan situaciones de dominio del mercado. El economista Gordon Tullock advierte precisamente de los peligros que comportaría que la libertad total de horarios derivara hacia una posición de dominio del mercado de la distribución comercial por parte de un grupo monopolista. El comportamiento de este distribuidor consistiría previsiblemente en una reducción de los productos en venta y un consecuente aumento de los precios a fin de conseguir el máximo beneficio posible. Estos beneficios atraerían lógicamente a nuevos distribuidores que acabarían restaurando la situación de competencia. El problema, no obstante, no se centra en el resultado final, sino en los costes de transición asociados a este proceso (cierre de comercios, aumento de precios, etcétera), los cuales podrían ser más elevados que los beneficios privados de quien obtuviera una cuota dominante de mercado en una primera instancia. Ante este peligro, el autor toma posición en favor de adoptar medidas preventivas para evitar que se produzcan estos procesos.

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Si creemos conveniente evitar estos procesos de reajuste en el sector, una condición básica para garantizarlo es fijar las bases que hagan posible una plena competencia con una mínima igualdad de condiciones por parte de todos los proveedores. En este sentido, los horarios comerciales desempeñan un papel fundamental. Por experiencia personal, constato que el horario de apertura de un comercio no es en ningún caso un hecho trivial, sino que es uno de los principales atractivos que componen la cartera de bienes y servicios que el comerciante está ofreciendo al consumidor. Este hecho lo han corroborado otros dos economistas de prestigio -Paul Klemperer y Atilano Jorge Padilla-, los cuales constatan que en una situación de libertad horaria los comercios tienden a abrir un número excesivo de horas (incluso soportando pérdidas) para lograr la fidelidad de su clientela. Son estrategias totalmente legítimas, pero hay que comprobar si todas las modalidades de comercio operan en condiciones suficientemente similares para asegurar el mantenimiento de esta diversidad de oferta. La respuesta es muy clara: las distintas modalidades de comercio disponen de una capacidad muy desigual para competir en esta estrategia comercial. La explicación tenemos que buscarla en el diferente coste marginal de apertura: proporcionalmente, abrir en festivo no supone el mismo coste para un pequeño comerciante que para una gran superficie.

A fin de encontrar explicaciones a esta diferencia puede sernos útil uno de los conceptos introducidos por Elbert Dijkgraaf y Raymond Gradus, quienes han analizado recientemente la política de apertura comercial en domingo en Holanda. El concepto en cuestión se denomina trabajo umbral, y se define como el número mínimo de trabajadores necesarios para mantener abierto un establecimiento. El coste de abrir en periodo de baja actividad comercial dependerá en gran medida de la capacidad de reajustar sus recursos humanos; es decir, poder diferenciar el trabajo umbral de la cifra de trabajadores en situación de plena actividad. La capacidad de adaptación es mucho mayor en las grandes superficies, donde el número de trabajadores permite establecer estas diferencias a un coste relativamente bajo, pero no será así en los pequeños comercios, en los que el trabajo umbral es muy semejante (si no idéntico) al número total de trabajadores contratados. Para la estructura del pequeño comercio, representante de la variedad del modelo comercial catalán, ampliar los horarios de apertura comporta un coste marginal elevadísimo, que o bien se traduce en un aumento notable de la carga salarial, o bien acaba asumiéndolo el mismo propietario sacrificando su tiempo personal de ocio.

Por este y otros motivos creo firmemente que facilitar el buen funcionamiento del libre mercado implica conocer la casuística y las particularidades de la estructura comercial catalana. Mantener unas condiciones de competencia en el mercado no significa limitar el papel de las administraciones públicas al de meros espectadores, sino determinar el marco legislativo adecuado que asegure la convivencia de los distintos modelos de distribución comerciales existentes en este país que, en definitiva, repercutirán en un mayor nivel de bienestar para el conjunto de ciudadanos.

Pere Esteve es consejero de Comercio, Turismo y Consumo.

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