Los líderes de la UE tratan de cerrar el difícil reparto de poder

Los líderes de los Veinticinco se enfrentan mañana y pasado al reto histórico de pactar una Constitución para Europa, pero, para superarlo, tendrán que superar tres litigios que sus ministros de Exteriores no han resuelto en los casi 28 meses de negociación transcurridos desde que se inició la elaboración del proyecto. Se trata del reparto de poder, el límite a la utilización del derecho al veto y la inclusión o no de una referencia al cristianismo.

Si encuentran fórmulas de compromiso, Europa habrá dado un salto fundamental hacia su unión política. Si no, la Unión entrará en una crisis que acelerará la formación de núcleos y grupos que avanzarán a diferentes velocidades. Europa arrastra el contencioso por el reparto de poder desde 1997, cuando los líderes fueron incapaces de cerrar una nueva distribución de votos que la prevista ampliación del club hacía necesaria. Tres años más tarde, lo consiguieron en Niza, pero el resultado fue rechazado de inmediato porque los países grandes, y especialmente Alemania, entendieron que no disponían de suficiente peso como para gestionar una compleja y variada UE con 25 Estados hoy, 27 dentro de dos años y treinta o más en la próxima década.

La gran variante sobre Niza consiste en que, por vez primera, se intenta que el poder de cada país esté directamente relacionado con la población. A partir de ese principio, se trata de lograr un equilibrio que refleje esa "unión de Estados y ciudadanos" que es la UE. Por tanto, ese equilibrio debe combinar el peso de cada país (cada Estado, un voto) y el de la población. Nace así el sistema de doble mayoría de Estados y población, que queda reflejado así en el proyecto constitucional: las decisiones en el Consejo serán válidas cuando sean apoyadas por una mayoría de Estados (más del 50%) que representen al menos a tres quintas partes de la población de la UE (60%). Es la combinación 50-60.

Con esa fórmula, España y Polonia resultan ser los grandes perdedores con respecto al vigente Tratado de Niza, que les dio 27 votos (sólo dos menos que a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) a cada uno sobre un total de 345. Como la minoría de bloqueo quedó fijada en 90 votos, a España le resultaba fácil conseguirla con sus aliados en temas tan sensibles como la agricultura o el reparto de los fondos europeos. Es lo contrario que les ocurre con el 50-60 del proyecto constitucional. Con él, además, sólo tres de los cuatro grandes países, si uno de ellos es Alemania, tienen la llave para bloquear todo lo que quieran porque suman más del 40% de la población.

Por esos motivos, España y Polonia rechazaron el proyecto y provocaron el fracaso de la cumbre de diciembre pasado, cuando Europa se enfrentó al primer intento de pactar su Carta Magna. Ahora, los grandes han asumido que deben encontrar una combinación que no perjudique tanto a España y Polonia. España ha propuesto la combinación 55,55%-66,66%, es decir, una mayoría más uno de países que representen al menos dos tercios de la población.

Aunque todo aumento del porcentaje de población beneficia a los grandes, éstos no desean llegar tan lejos con el argumento de que será muy fácil bloquear acuerdos y Europa no avanzará. Una decena de los países pequeños también rechazan la opción española y prefieren, o bien aumentar también el porcentaje sobre los Estados (es lo que más les beneficia) o bien, sobre todo, mantener los dos porcentajes idénticos.

En busca de un compromiso, la presidencia irlandesa ha manejado la alternativa 55-65. España y Polonia podrían aceptarla con condiciones. Los pequeños, a cambio de otras ventajas. Los grandes, si esas condiciones y ventajas no van en su contra. Las condiciones de España serían: recuperar varios escaños que perdió en Niza (bajó de 64 a 50); imponer que toda minoría de bloqueo esté integrada al menos por cuatro países; y que una mayoría de Estados no pueda bloquear si no representa al menos al 15% de la población. Las ventajas que reclaman los pequeños: tener un mínimo de cinco o seis escaños en la Eurocámara y mantener un comisario por país al menos hasta 2014. Las exigencias de los grandes: que esos nuevos escaños a repartir no sean a su costa, mientras Alemania quiere que sólo tres países puedan bloquear.

El contencioso del derecho al veto se reduce al Reino Unido. Londres quiere mantener el derecho al veto en fiscalidad, Seguridad Social, cooperación judicial penal, toda la política exterior sin excepciones y las competencias de la Fiscalía Europea que se creará.

Finalmente, la inclusión de una referencia al cristianismo en el preámbulo, alentada con fuerza desde el Vaticano, ha sido sostenida por Polonia, Italia, Portugal, Rumania, Lituania y Letonia, pero Francia y Bélgica la han rechazado. Los demás no se oponen y, probablemente, haya un compromiso.