El conflicto de los docentes de religión apremia a los grupos parlamentarios

En pie de guerra o a la espera de acontecimientos. Así vive una parte del numerosísimo sector de la sociedad española interesado en la enseñanza religiosa católica, sean alumnos o padres, y los más de 13.000 profesores que -contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados para cada curso por los obispos- imparten esa materia confesional en la escuela pública. Estos docentes esperan, sobre todo, que el Gobierno socialista modifique su inestable estatus laboral, que ya ha costado a los prelados católicos y a algunos gobiernos regionales -Comunidad de Madrid, Canarias y Cataluña, de manera reiterada- cientos de condenas judiciales por atentar contra derechos fundamentales de esos docentes. La Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER) negocia estos días con los grupos parlamentarios del Congreso el apoyo a una solución definitiva al judicializado conflicto.

De momento, la decretada paralización de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) ha dado paso a la creación de una llamada Plataforma Contra el Acoso a la Asignatura de Religión, que en apenas una semana remitió 300.000 cartas o correos electrónicos al presidente del Gobierno, según datos de la plataforma. El frenazo a la LOCE provocó también que el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal, alzase su voz expresando "preocupación" ante futuras decisiones del nuevo Ejecutivo. Lo hizo en la última asamblea plenaria de obispos, celebrada en Madrid la primera semana de mayo.

"Inquietud" y "zozobra" son calificativos que contienen la decena de cartas o manifiestos publicados en numerosas diócesis en las últimas semanas de un curso "tan azaroso", como califica la actual Delegación Diocesana de Enseñanza y Pastoral del Arzobispado de Oviedo. Ocho millones de padres han recibido ya una carta de la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal, leída más tarde en todas los templos, defendiendo la reforma del PP en materia religiosa. Por su parte, la Confederación Católica de de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa) se ha movilizado para recoger firmas en toda España y enviarlas más tarde, desde su sede madrileña, a José Luis Rodríguez Zapatero en su doble faceta de presidente del Gobierno y líder del PSOE.

Las exigencias

A modo de exigencia -"exigimos que las posibles modificaciones del área de Sociedad, Cultura y Religión asuman los siguientes puntos", apremia la misiva-, la Concapa alude no sólo a las características que debe tener la asignatura de catolicismo, sino a las de su asignatura alternativa, sobre todo su carácter evaluable y con peso para la nota media o la obtención de becas.

Algunas autoridades eclesiásticas han llegado a proclamar que está en peligro la propia asignatura de religión en la escuela pública, hipótesis que el Ejecutivo ha desmentido por boca del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Lo que sí ha hecho el Gobierno es paralizar la aplicación de la LOCE en materia de enseñanza religiosa, lo que supone que la asignatura alternativa a la religión, que el Gobierno del PP pactó con los prelados católicos a plena satisfacción de éstos, no entrará en vigor hasta una nueva regulación. Rodríguez Zapatero visitará al papa Juan Pablo II en el Vaticano el próximo día 21, acompañado del ministro de Defensa, José Bono, pero su ministro de Justicia ya ha dicho que España no denunciará los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979 en los que se basan las leyes posteriores en materias de enseñanza religiosa o de financiación de las actividades de la Iglesia católica en ése y otros muchos campos de la actividad pastoral católica.

Paralelamente a estos debates, la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), que agrupa a unos dos mil docentes del sector, ha culminado sus contactos con los partidos presentes en el Congreso de los Diputados para convencerles de que "ahora es el momento de terminar con la interinidad y las arbitrariedades" a que están sometidos buena parte de sus afiliados, un conflicto que ha costado a los obispos cientos de censuras judiciales por enviar al paro a algunos de sus docentes de catolicismo por causas como casarse por lo civil, no ir a misa, ser concejal de un partido de izquierdas, ser sacerdote casado e, incluso, por irse de copas con amigos.

Pendiente sólo de despachar con algún representante del PP, el vicepresidente de FEPER, Luis Guridi, se mostró el sábado pasado "satisfecho" de sus reiteradas visitas a las Cortes y cree que buena parte de las reclamaciones del profesorado serán atendidas antes de que finalice el año en curso.