"Tras la aprobación del Estatut, Cataluña debe tener más poder"

El Gobierno catalán tiene en la reforma del estatuto de autonomía su proyecto estrella. Todos los partidos -incluido el PP- se han integrado en la ponencia parlamentaria que se encarga de redactarlo. Hay lógica expectación por ese texto, que será una suma de voluntades de independentistas, federalistas y nacionalistas de diversas orientaciones. Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales y presidente de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), es el hombre que desde el Ejecutivo catalán agita tan compleja coctelera. La tarea no es fácil, pues, además de las voluntades catalanas, el nuevo estatuto deberá pasar la prueba de fuego de su aprobación por el Congreso de los Diputados.

"En estos cuatro años es clave que se vea al Estado español como un Estado plurinacional y plurilingüe. Esto es fundamental para el Gobierno catalán y para Cataluña"

"También necesitaremos la modificación de algunas leyes básicas del Estado o podemos plantearnos si el Parlamento catalán estima oportuno emprender otras reformas constitucionales"

"No queremos privilegios, sino los instrumentos necesarios para gobernarnos, sólo eso, pero todo eso. Nos toca explicar lo que queremos y buscar complicidades en todo el Estado"

"Lo que estamos proponiendo es una solidaridad efectiva, pactada, transparente, y dejando muy claro que el sistema centralista ha sido causa de la insolidaridad en el Estado español"

Pregunta. El Gobierno catalán y las fuerzas que lo componen han generado muchas expectativas sobre el nuevo estatuto. ¿No temen defraudar a la ciudadanía de Cataluña?

Respuesta. No. Estoy convencido de que tenemos una oportunidad histórica que coincide con unos 25 años de balance globalmente positivo. La sociedad catalana organizada y la mayoría de los ciudadanos tienen claro que se tiene que reformar el Estatut, y yo soy optimista: estoy seguro de que en esta legislatura tendremos un nuevo Estatut, y un buen Estatut, que responda a las ambiciones políticas actuales.

P. Pero los principales problemas planteados hoy en Cataluña, como el déficit en la sanidad o la financiación del sector público, no sólo afectan a Cataluña, son estructurales en los países avanzados. Y a veces parece que ustedes plantean el estatuto como la piedra filosofal que todo lo resolverá.

R. Evidentemente lo que nadie debe pensar es que el Estatut es la solución a los problemas. El Estatut debe establecer más instrumentos para hacer frente a problemas viejos y nuevos retos; por ejemplo, cuando se hizo el Estatut de 1979 no teníamos el reto de la inmigración, y por tanto en Cataluña no tenemos competencia en inmigración. Yo creo que todo el mundo coincide en que debemos tener competencias en inmigración, ya discutiremos luego cuáles. Cataluña cuenta con el 20% de la inmigración con la situación regularizada del Estado español. El Estatut es un instrumento para resolver problemas, se pueden hacer unas políticas u otras. Además, el Estatut debe ser un instrumento para el mejor encaje de Cataluña en el Estado español, y un instrumento de definición y concreción de la participación de Cataluña en el proceso de construcción europea. Pero no es una varita mágica.

P. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha dicho cosas distintas sobre el alcance de la reforma estatutaria y de la Constitución. Si a ello se le suman las diferentes visiones que se tienen en el seno del tripartito, no es extraño que haya perplejidad entre la ciudadanía catalana y española en general sobre en qué puede acabar todo esto.

R. El programa de la Generalitat y el acuerdo por un Gobierno de izquierdas y catalanista dibujan los grandes objetivos de lo que debe ser la reforma del Estatut. Todos ellos son absolutamente compartidos por el Gobierno, independientemente de que a largo plazo cada partido pueda tener su modelo de Estado o de organización de Cataluña. Pero el punto de equilibrio, el cemento que liga el acuerdo de los tres partidos en lo que respecta al tema del Estatut, es la creencia de que España es un Estado plurinacional y plurilingüe. Por tanto hacemos una propuesta de reforma del Estatut que debe tener como base todo lo que se deriva de una concepción plurinacional del Estado español.

R. Hemos explicado de todas las formas posibles que nuestra vía no es la vía Ibarretxe. Contamos con un amplio consenso en el Parlamento catalán y respetamos escrupulosamente la legalidad. Con toda la modestia, creo que nuestra vía dará resultados positivos y que puede contribuir -estaría bien que lo hiciera- a la superación de las complejas relaciones entre el País Vasco y el Estado central.

P. ¿Esa vía tendrá propiedades medicinales para el caso vasco?

R. El Estatut que planteamos plasmará una gran ambición política. Será un texto políticamente potente, para el que hemos escogido una vía realista, pragmática. Es la vía de las complicidades, de explicar las cosas, de fraguar un proceso de participación. Sí, me gustaría mucho que nuestro proceso contribuyese a mejorar las relaciones entre Euskadi y el Gobierno central.

P. La semana pasada, usted anunció que junto a la redacción del nuevo Estatut, el Parlamento de Cataluña propondrá una serie de reformas constitucionales para blindar competencias. Pero el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, reiteró en el Senado que la Constitución sólo se modificará en cuatro puntos. ¿Comienzan a chirriar los engranajes, inicialmente tan bien engrasados, entre el Gobierno tripartito y el Ejecutivo central?

R. No. Tenemos una buena situación. Hemos pasado ocho años durante los cuales el Gobierno central y la mayoría parlamentaria de las Cortes decía: no a la reforma del Estatut, no a la de la Constitución. Es la primera vez que un presidente del Gobierno en un discurso de investidura dice: "Adelante con las reformas del Estatuto catalán", y abre la puerta a la reforma constitucional, lo hace aunque sea sólo con cuatro apuntes. Nunca había ocurrido en la historia de la democracia española. Nunca un presidente del Gobierno se había comprometido ante el Congreso de los Diputados a la reforma de los estatutos y a la reforma constitucional. Esta etapa política empieza de forma muy positiva.

P. ¿No es demasiado optimista?

R. Evidentemente, en estos momentos hay algunas diferencias. El techo de autogobierno que nos hemos propuesto no se consigue únicamente mediante la vía del Estatut. Hay otra vía, que es hacer un documento, algo que el Parlamento catalán estima oportuno, en el que se diga qué cosas deben hacerse paralelamente. Por ejemplo, no podemos reformar el Senado vía reforma del Estatut. Pero al mismo tiempo yo creo que el Gobierno y el Parlamento catalanes debemos dar nuestra opinión sobre la reforma del Senado. ¿Cómo? Mediante un documento paralelo. También necesitaremos la modificación de algunas leyes básicas del Estado. O podemos plantearnos si el Parlamento catalán estima oportuno emprender otras reformas constitucionales.

P. Esta "vía paralela", ¿no será una suerte de premio de consolación para dar salida a las reivindicaciones de los sectores más nacionalistas, tanto del Gobierno catalán (Esquerra Republicana) como de la oposición (Convergència i Unió)?

R. No. Ocurre que los puntos programáticos del acuerdo PSC-ERC-ICV en relación al autogobierno necesariamente van más allá de la reforma estatutaria.

P. ¿Los resultados prácticos no serán los mismos que los conseguidos por el método pujolista de la "relectura generosa" de los textos legales?

R. No. En estos 25 años de pujolismo y de Gobierno central, porque no quiero ni mucho menos decir que toda la culpa ha sido de Pujol, la Generalitat ha visto recortadas sus competencias. Por ejemplo, el estatuto actual proclama que Cataluña tiene competencia exclusiva en comercio interior, y en realidad esa competencia se ha transformado en nada, en la más pura nada. Los horarios comerciales están legislados desde el Estado, como la tipificación del tipo de venta. Es decir, en estos 25 años se ha registrado una degradación de la autonomía política de Cataluña. ¿Qué sentido tiene que el legislador del Estado determine el grueso del vidrio de un autocar escolar que separa al conductor de los niños y niñas? ¿O que determine en qué diario oficial debe publicarse la segunda convocatoria de las cajas de ahorro para celebrar la asamblea general? O sea: aquí ha habido un proceso, una interpretación, un desarrollo legislativo que ha provocado una degradación de la autonomía. Por tanto, el nuevo Estatut debe blindar las competencias, debe asegurar que Cataluña puede hacer políticas propias. Debe garantizar que no se le evaporen por la puerta de atrás.

P. El miércoles, usted presentó las 97 competencias que reivindica. Algunos arrugan la nariz porque consideran excesivo ese paquete, arguyen que vaciaría la Administración central.

R. ¿Alguien piensa que la ordenación general de la economía del Estado puede verse afectada por el hecho de que Cataluña decida sus horarios comerciales? No, no y no. Nosotros proponemos definir las cuestiones competenciales sobre la base de una idea fundamental: el día después de la aprobación del Estatut, Cataluña deberá tener mucho más poder político del que tiene en estos momentos. Reitero: durante los casi 25 años de pujolismo, ha ocurrido lo contrario.

P. Si se cumplen las previsiones oficiales, el estatuto se aprobará sin más, de acuerdo con el compromiso de Rodríguez Zapatero. Y en el PSOE no pasará nada. Demasiado bonito para ser cierto, ¿no?

R. Dentro y fuera del PSOE existen excesivos miedos o reticencias de que el Estatut signifique privilegios para Cataluña. No queremos privilegios, sino los instrumentos imprescindibles para gobernarnos, sólo eso, pero todo eso. Nos toca explicar lo que queremos y buscar complicidades en todo el Estado. Lo estoy haciendo mediante una serie de entrevistas con los distintos Gobiernos autónomos. Y luego las celebrarán tanto el conseller en cap como el presidente de la Generalitat. En el PSOE hay algunas actitudes que pueden rechazar lo que pedimos desde Cataluña, pero yo soy optimista. He encontrado muy buenos ecos en distintas capitales, y eso que jamás había acudido nadie a explicarse y a trabar escenarios compartidos. Creo en la apuesta política global que ha hecho Rodríguez Zapatero. Si no hubiera Estatuto catalán sería un fracaso, también, del Gobierno del PSOE.

P. Precisamente el miércoles se constituyó la parte catalana de la comisión mixta de transferencias, y las 88 competencias reivindicadas por CiU han aumentado a 97. ¿No estimulará eso los fantasmas apocalípticos sobre una España presuntamente "rota", propios del franquismo?

R. Hemos aumentado de 88 a 97 porque se han retirado dos o tres que ya no tenían sentido y hemos incorporado unas cuantas más que exige la evolución social. Nada más normal.

P. En esto que a usted le parece razonable, otros ven la sombra de la insolidaridad catalana.

R. Voy a aprovechar para recomendarle al PP que no insista en la idea de que Cataluña busca privilegios. Ya le he dicho que nosotros no queremos privilegios. Explicamos lo que pedimos, lo que es justo, lo que es razonable. Y sobre la financiación, queremos pagar por renta, y recibir por población. Queremos otra cosa que el Gobierno del PP no hizo: dar transparencia a los flujos fiscales en el Estado español. Queremos pactar de forma muy seria el sistema de solidaridad, pero eso sólo puede hacerse desde la transparencia. En algún medio de comunicación ha aparecido que queremos la Seguridad Social y romper la caja única. No es cierto. Simplemente creemos que, por ejemplo, hay que aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional en relación al control y a la inspección de empresas de afiliación y altas y bajas a la Seguridad Social, y también el control de las mutuas de accidentes de trabajo. En el programa del Gobierno catalán no figura ninguna propuesta de ruptura de caja única. No sólo eso, sino que en el documento de trabajo de transferencias decimos explícitamente que la caja única debe continuar. Basta, pues, de demagogia.

P. ¿No crecerá la desigualdad entre comunidades?

R. En el Estado español, insolidaridad es sinónimo de centralismo. Lo que estamos proponiendo es una solidaridad efectiva pactada, transparente, y dejando muy claro que el sistema centralista ha sido la principal causa de insolidaridad. El Gobierno del PP no quiso dar a conocer el estado de las balanzas fiscales, para evitar que se supiese qué es lo que aporta cada cual, contra lo que sucede en los regímenes federales avanzados y en la propia Unión Europea. ¿Quién tiene miedo a la verdad de las cifras contrastadas? Sobre los miedos nada podemos construir.

P. Tampoco el PSOE publicó esos flujos cuando gobernó.

R. Es cierto. Estamos convencidos, en Cataluña lo sostiene todo el mundo, de que el déficit fiscal es excesivo, y que lo que aportamos no sabemos exactamente adónde va. Pero no decimos que no debamos aportar y ser solidarios.

P. Explicar todos los movimientos que quieren hacer requiere una serie de actos de pedagogía y de comunicación. Usted ha iniciado una serie de visitas, Aragón, Canarias, Asturias. ¿Para cuándo deja el País Vasco?

R. Creo que antes de las vacaciones de verano. Hemos solicitado reuniones con las comunidades autónomas de Asturias y Extremadura, luego vendrá el País Vasco y posiblemente Murcia. Digo Murcia porque las comunidades gobernadas por el PP están mostrando reticencias, aunque algunas se están apuntando a la reforma estatutaria, contra lo dicho por el partido. Reuniones de este tipo no tenían precedente.

P. En la España democrática siempre ha habido tensión dialéctica y política entre Cataluña y España. Aunque nada en la vida es definitivo, la reforma del estatuto se plantea como la entrada a una normalización de relaciones. Hay voces desde los sectores independentistas y nacionalistas que van más allá y aseguran que es la última ocasión que le queda a España para seguir siendo tal. ¿Cree realmente que éste es el último tren?

R. No estoy en condiciones de formular hipótesis de ese estilo. Pero sí quiero decirle que en estos cuatro años es clave que se vea al Estado español como un Estado plurinacional y plurilingüe. Eso es fundamental para el Gobierno catalán y para Cataluña. Nosotros, con la reforma del Estatut y con la reforma constitucional, queremos que se afirme, se concrete, se precise, el hecho de que el Estado es un Estado plurinacional y Cataluña es una nación. Y si lo hacemos bien, esto ocurrirá. ¿Cuánto durará esto? Me gustaría mucho que este Estatut supusiera un gran paso adelante en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, y que esto durara por lo menos 25 años, como ha ocurrido con el estatuto actual.

P. ¿La virtud de este momento es la franqueza con la que -por lo menos antes del desacuerdo- se plantean las cosas?

R. Sí. Yo creo que es muy bueno que el Gobierno andaluz sepa directamente del Ejecutivo catalán qué queremos, cómo lo queremos, y que les preguntemos a ellos cómo lo quieren hacer. Es espléndido. En el Estado español hay excesivos recelos y visiones sesgadas de lo que quieren los catalanes, y en muchos lugares se nos dice que queremos privilegios, que somos insolidarios. Y luego pueden ver que no es cierto. Cataluña tiene una determinada singularidad, como otras naciones y regiones tienen la suya. Singularidad no significa privilegios. Y a mí, que no me gusta la palabra asimetría, me parece claro que somos asimétricos, ¿o es que Navarra no es asimétrica, o no lo es Canarias, o el País Vasco? Todos somos asimétricos.

P. Lo son los Estados federales alemanes entre sí.

R. Efectivamente. Con todo, a mí no me gusta el concepto de la asimetría, porque se la ha querido asociar a privilegios. Pero hay que reconocer, por ejemplo, que Cataluña tiene la lengua o el derecho civil catalán, que es una singularidad nuestra. Repetiré mil veces que no pretendemos ningún privilegio, pero tampoco queremos que no se reconozca nuestra singularidad.

P. ¿Y cree que es importante que en la Constitución se enumeren los nombres de las nacionalidades y las regiones de España?

R. Creo que es importante, y en definitiva la Constitución actual ya habla de nacionalidades.

P. Pero sin concretar nombres. ¿Eso sería limitar la voluntad de los ciudadanos de cada comunidad?

R. El presidente del Gobierno ha incluido el listado de las comunidades autónomas en los cuatro puntos susceptibles de reforma constitucional. También el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, ha expresado clarísimamente que una de las vías de la reforma constitucional puede ser la introducción de esta distinción. Pero más allá de cómo se concreta, políticamente desde Cataluña queremos que se reconozca nuestra singularidad nacional.

P. La reciente renovación del Tribunal Constitucional ha ninguneado las aspiraciones de la Generalitat.

R. El Tribunal Constitucional ha sido y puede ser una pieza clave en el desarrollo de la ley de autogobierno de Cataluña. Desde este punto de vista, los nombramientos eran muy importantes. Sin demérito alguno para la cualificación técnica de los nuevos magistrados, el tipo de perfil elegido era mejorable.