El Consejo de Estado impide a Esperanza Aguirre aplicar los itinerarios educativos

El Consejo de Estado emitió ayer un informe en el que impide a la Comunidad de Madrid implantar en el próximo curso la separación de alumnos en itinerarios en 3º de ESO establecida por la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), como pretendía hacer la presidenta de la región, Esperanza Aguirre. Este órgano consultivo niega que el Gobierno central, al aprobar el real decreto que retrasa dos años la aplicación de la LOCE, haya derogado con "efecto retroactivo" órdenes de las comunidades y advierte que éstas "deben reajustarse" al nuevo calendario. Además, el Tribunal Supremo rechazó ayer la suspensión de ese real decreto pedida por cuatro comunidades gobernadas por el PP.

"No puede objetarse ni en cuanto a su constitucionalidad ni en cuanto a su legalidad" el real decreto con el que el Gobierno aprobó el retraso de dos años en la aplicación del grueso de las medidas de la LOCE y que entró en vigor el pasado 30 de mayo, señala el dictamen del Consejo de Estado. Este órgano consultivo también certifica la legalidad de las órdenes y decretos aprobados por la Comunidad de Madrid que desarrollaban esta ley de acuerdo al calendario de aplicación establecido en la pasada legislatura por el Gobierno el PP, pero añade que ahora deben "ajustarse" al nuevo.El Consejo de Estado afirma que "el Gobierno, en la promulgación del real decreto objeto de dictamen, ha actuado conforme a la competencia que le es propia".

En la práctica, todo esto implica que el sistema educativo no variará el próximo curso respecto al actual. Es decir, no se aplicarán medidas de la LOCE como los itinerarios o la obligación de estudiar bien Religión Católica o bien Hecho Religioso. Las únicas medidas de esta ley que se mantienen son las que ya se han empezado a aplicar este curso: la repetición con más de dos suspensos en la ESO y el examen final de recuperación de junio o septiembre. Tampoco se paran las medidas no vinculadas al decreto de calendario como el cambio del sistema de selección de los directores.

El Consejo de Estado explica que el hecho de que, "haciendo un uso diligente y responsable de la potestad autonómica en el marco de la legislación básica", la Comunidad de Madrid "haya legislado o incluso aplicado legislación que se ajustaba al anterior marco no empece a que la misma deba ahora ajustarse al nuevo marco de legislación básica que está en vigor desde el 30 de mayo de 2004".

Por otra parte, el Tribunal Supremo notificó ayer su rechazo de la "medida cautelarísima" planteada por las comunidades de Galicia, Islas Baleares, Castilla y León y La Rioja, con la que reclamaban la suspensión del real decreto que paralizó la aplicación de la LOCE sin oír a la parte contraria.

Según el auto del Supremo, las comunidades impugnantes no han acreditado suficientemente "la urgentísima adopción de la medida cautelar de no oír a la parte", ya que sus argumentos "afectan a cuestiones de fondo, de imposible examen en esta fase del procedimiento, máxime cuando, además, no se cuenta con posibles alegaciones del contrario".

El ministerio de Educación manifestó ayer que con el dictamen del Consejo de Estado sobre la aplicación de la LOCE queda claro que "los centros educativos disponen de una normativa clara acerca de cómo deben organizar su actividad para el próximo curso". "Se ha puesto de manifiesto que la reorganización del calendario es perfectamente legal y que, como señala el Supremo, no genera ningún perjuicio para la educación", manifestó ayer el subsecretario del ministerio, Fernando Gurrea.

El vicepresidente primero del Gobierno de Aguirre, Ignacio González, aseguró que los decretos de la Comunidad de Madrid son "perfectamente válidos y están en vigor" pero manifestó que como se someten a la nueva normativa básica, "habrá que condicionar a ella el calendario de aplicación tanto de la ley como de los decretos de desarrollo de la Comunidad de Madrid".

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas, calificó el dictamen como un "varapalo" para la política de Esperanza Aguirre. Simancas dijo que Aguirre "no ha emitido esos decretos pensando en la comunidad educativa sino en las consignas del PP" y pidió su dimisión y la de los altos cargos de la Consejería de Educación.