El Gobierno presentará un recurso ante el Constitucional contra la ley universitaria vasca

El Consejo de Ministros ha decidido en su reunión de hoy pedir al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley del Sistema Universitario Vasco, según ha anunciado la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

En este caso concreto, según Fernández de la Vega, se produjo una invitación al Gobierno vasco por parte de la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, "para asistir a una reunión en la que abordar este tema". "El Gobierno vasco no lo consideró porque argumentó que se trataba de una ley del Parlamento. En cualquier caso es una ley que ya está aprobada y el que ahora el Gobierno haya decidido interponer el recurso no significa que no sigan abiertas las vías para el diálogo", ha precisado la vicepresidenta.

Fernández de la Vega ha informado además del compromiso del Gobierno de abordar ésa y otras cuestiones en el marco del diálogo que está previsto abrir "en su momento" para la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y con el que se espera alcanzar el máximo "consenso" y participación de las comunidades autónomas. El recurso de inconstitucionalidad anunciado hoy tiene que ver "fundamentalmente" con un exceso de competencias de Gobierno vasco y la extralimitación del principio de autonomía en el ámbito universitario que contempla la Ley 3/2004 del 25 de febrero, según ha explicado la vicepresidenta.

Similar al recurso catalán

Según la referencia oficial, se asemeja a anteriores impugnaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional respecto a otras leyes universitarias autonómicas, como la catalana, con posible extralimitación competencial del Parlamento autonómico en perjuicio de la competencia básica que tiene atribuida el Estado en relación con el ámbito universitario e investigador.

El Gobierno, antes de proceder a la anunciada reforma del sistema universitario tras consultar con las autonomías, considera "necesario dotar de estabilidad y seguridad jurídica el actual sistema, evitando diferencias no justificadas". Según la referencia, la impugnación se extiende a aspectos puntuales de la Ley vasca relativos al cómputo del porcentaje de profesores doctores que debe haber en las universidades privadas y al método de evaluación de la capacidad del personal docente para acceder a la condición de profesor agregado y adjunto.

Asimismo, a la posibilidad de expedir "títulos propios de las universidades reconocidas por la comunidad autónoma", a la competencia exclusiva del Parlamento vasco para crear o suprimir universidades públicas o reconocer Universidades privadas y al régimen legal de sucesión en los contratos laborales del profesorado ya existentes.