Los expertos aconsejan implantar un seguro obligatorio que costee la dependencia

El Gobierno estudia la creación de un seguro público para afrontar el coste de la atención a las personas mayores que no pueden valerse por sí mismas. Y ello después de que la Comisión de Expertos para el Estudio de la Dependencia haya concluido que su implantación por ley "parece el modelo más eficaz y respetuoso con el reparto competencial". La decisión final, consensuada, se tomará en el Parlamento. El seguro, obligatorio y universal, se podría financiar con la aportación de trabajadores y empresarios y con la del Estado. El Gobierno ofrece destinar 1.000 millones de euros en ocho años.

La atención a la dependencia es una asignatura pendiente y un problema en alza en España, donde los ciudadanos de 65 o más años ya son más numerosos que los menores de 16 por el descenso de los nacimientos y la creciente longevidad. De los 7,2 millones de mayores, dos millones presentan alguna discapacidad. La necesidad de cuidados aumenta especialmente a partir de los 80 años, que han alcanzado 1,7 millones de personas. De este grupo, más de la mitad precisa ayuda en la vida cotidiana, según los datos oficiales.

Las familias, especialmente las mujeres, son las grandes proveedoras de cuidados. Pero este modelo también está en declive, entre otras cosas por la creciente incorporación femenina al empleo. Ahora, sólo el 3,2% de los mayores dependientes reciben cuidados de los servicios sociales (residencias, centros de día, ayuda a domicilio o teleasistencia), según el último informe del IMSERSO.

A la vista del creciente problema, el Gobierno anterior nombró en octubre de 2003 una comisión de ocho expertos para analizar el problema creciente que plantea la dependencia. Su informe, concluido en marzo, explica que ahora la Seguridad Social "no cubre de manera específica el riesgo de dependencia, aunque existen prestaciones económicas para algunas modalidades de necesidades de cuidados de larga duración (gran invalidez, accidentes, discapacitados...)". Detalla además que la descentralización de las competencias sobre servicios sociales produce "un incremento de los niveles totales de gasto, aunque con una gran dispersión en los niveles de intensidad y calidad relativos".

Si la situación se mantiene sin cambios, se agudizará la división actual, marcada por la atención pública a las personas con escasos ingresos mientras que la clase media debe afrontarlos con su propio bolsillo. El informe concreta que en ese caso aumentaría el desarrollo de los servicios privados de cuidado " en función de la previsible mejora de los niveles de pensiones y patrimoniales de los mayores". En este modelo se mantendrían algunos "efectos perversos del sistema actual", entre los que cita "las desigualdades muy fuertes entre los niveles de prestación de las distintas comunidades autónomas" y la desprotección de quienes no pueden acceder a los servicios públicos por superar los niveles de renta.

El trabajo de los expertos señala que en 2001, el Gobierno y las principales fuerzas políticas y sociales suscribieron el Acuerdo para la Mejora y Desarrollo del Sistema de Protección Social en el que se marcaba la necesidad de intervenir para afrontar la dependencia. Por ello, "parece que el modelo más eficaz y respetuoso con el reparto competencial español es el que implantase mediante ley un seguro público de dependencia". "Debería ser universal", añade.

Los expertos añaden que el seguro puede articularse de dos formas: con el pago de cotizaciones, complementadas con aportaciones del Estado para los no afiliados al sistema, o sólo con la aportación estatal. En el Ministerio de Trabajo se inclinan a priori por la primera opción y manejan un escenario en el que trabajadores y empresarios pagarían una cantitad mensual (en función de las bases de cotización a la seguridad). Además, el Gobierno se comprometería a aportar a ese fondo de dependencia 1.000 millones de euros en ocho años. Esta cantidad procedería de las arcas de la Seguridad Social.

Libro blanco

El Gobierno iniciará un diálogo político sobre la dependencia con los grupos parlamentarios que forman parte de la comisión del Pacto de Toledo, anunció ayer la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce. El Ejecutivo elaborará un libro blanco sobre dependencia, que se espera esté listo a final de año, y que contendrá el proyecto de creación del seguro, detalla Valcarce. "La voluntad del Gobierno es acordar la creación del seguro en el marco del Pacto de Toledo y también es muy importante que todos los acuerdos tengan el respaldo de sindicatos y empresarios y sean un elemento del diálogo social", afirma esta responsable.

La idea que maneja Trabajo y Asuntos Sociales es que las aportaciones al seguro de dependencia sirvan para financiar una red de servicios para los mayores dependientes con cuatro pilares: teleasistencia, centros de día, residencias y ayuda a domicilio. Serán servicios de cobertura universal, pero no gratuitos. Los usuarios cubrirán parte de su coste en función de sus ingresos.