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España pedirá a Bruselas "el mayor tiempo posible" para discutir el cierre de minas

La Comisión advierte de que el plan del carbón debe estar decidido antes de fin de año

El secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, aseguró ayer que España solicitará a Bruselas "el mayor tiempo posible" para negociar con los sindicatos, las autonomías y las empresas el futuro del sector del carbón y los posibles cierres de minas. La negociación se prevé dura y podría llevar meses, según fuentes de Industria. La Comisión Europea, que ha puesto en tela de juicio las ayudas al carbón autorizadas por España desde 2003, advierte de que el futuro del carbón tiene que estar cerrado antes de fin de año.

El problema al que se enfrenta la nueva Administración socialista en el sector del carbón es complejo y requiere, según explicó ayer en un encuentro con periodistas el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, "tanto tiempo como sea posible" para negociar el futuro del sector con los sindicatos.

El nuevo Gobierno debe, por una parte, explicar los criterios con los que el Gobierno ha seguido concediendo ayudas desde enero de 2003 (cuando expiró el Tratado CECA y entró en vigor un nuevo reglamento de ayudas hasta el año 2010), y por otra, determinar qué explotaciones mineras formarán parte de la denominada "reserva estratégica" y cuáles deberán cerrar.

Están en juego más de 11.400 empleos (la mitad de ellos en Asturias, donde se ubica la empresa estatal Hunosa) y 47 empresas que trabajan en el marco del Plan del Carbón 1998-2005 y para las que, previa negociación con sindicatos y comunidades autónomas, habrá que elaborar un nuevo plan que sirva a partir de 2006 y que sea aceptado por Bruselas. El problema, según Industria, es que los plazos han vencido y el anterior Gobierno ignoró la situación.

La Comisión Europea está dispuesta a conceder más tiempo al Gobierno español, pero con límites. "Si piden más tiempo y llegamos a finales de 2004 sin nada, va a haber un problema porque no va a haber ayudas y tendrán que reembolsar el dinero", apuntó ayer Gilles Gantelet, portavoz de la comisaria de Transporte y Energía, Loyola de Palacio.

Plazos

El primer plazo para dar información concluyó el pasado 1 de mayo y fue prorrogado por dos meses, hasta el 1 de julio. "España es una democracia y nos consta que hay continuidad en la diplomacia: no han cambiado todos los que llevaban el asunto del carbón en el ministerio ni ha habido cambios entre quienes lo seguían en la representación permanente

[la Embajada española ante la UE]", dice el portavoz, con un punto de enfado ante las continuas alegaciones española para justificar la parálisis. "No basta con pedir un nuevo plazo: el Gobierno español tiene que explicar dónde está el proceso y qué va a hacer".

Francia y Alemania se han acogido al plan de reestructuración del sector carbonero con distinto enfoque. El Gobierno de París ha renunciado al carbón y ha optado por las ayudas dirigidas al cierre, mientras el alemán cierra parcialmente para mantener algunas explotaciones.

Comparado con Alemania, con mucho más dinero en juego, más problemas y más minas, la resistencia española y la continua reclamación de prórrogas empieza a molestar a Bruselas, donde se ve la dilación como un temor de los sucesivos Gobiernos a tomar decisiones. "Tienen que imponerse a Hunosa", es como lo plantea la Comisión, donde se recuerda cómo en el pasado la hullera pública asturiana recibió dinero para cerrar y no cerró.

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