Los inmigrantes podrán renovar sus permisos en las 73 oficinas de Trabajo en Cataluña

Nuevo plan de choque para acabar con el colapso endémico de las oficinas de Extranjería. Esta vez, sin embargo, se trata de un plan pactado con el Gobierno catalán, que permitirá a los inmigrantes presentar la documentación para renovar sus permisos de residencia en cualquiera de las 73 oficinas de Trabajo de la Generalitat existentes en Cataluña. Con ello la Delegación del Gobierno espera aligerar las colas que se forman, sobre todo en las oficinas de Extranjería de Barcelona y Lleida. Los responsables de Extranjería calculan que sólo en la de Barcelona hay más de 40.000 expedientes acumulados.

Aunque todavía no hay fecha para llevarlo a cabo, la voluntad de la Delegación del Gobierno y de la Generalitat es que las oficinas de Trabajo (OTG), las antiguas oficinas del Inem, sirvan "cuanto antes" para que los inmigrantes ya residentes en Cataluña de forma legal puedan presentar su documentación para renovar el permiso. En este momento, y sólo en la provincia de Barcelona, más de 40.000 inmigrantes tienen un permiso caducado o a punto de caducar que no pueden renovar por culpa del colapso de las oficinas provinciales de Extranjería.

Este problema ha alcanzado cotas de especial gravedad, puesto que muchos de estos inmigrantes tendrán problemas si, por ejemplo, quieren irse de vacaciones a sus países de origen y regresar después a España. Con un permiso de residencia caducado, estos inmigrantes también comprometen a sus empleadores, puesto que pese a tener un contrato laboral en vigor, técnicamente se hallan en situación irregular hasta renovar su permiso.

Por ello, el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, ha buscado el apoyo del consejero de Trabajo, Josep Maria Rañé, para que éste ceda sus oficinas territoriales (73) a fin de que sirvan de punto de entrada de toda la documentación. Rangel recordó ayer, sin embargo, que "los documentos no serán tramitados por funcionarios de Trabajo, sino de Extranjería, con lo que se cumple estrictamente con la ley". Rangel cree que la iniciativa es una "solución imaginativa" al colapso que viven las oficinas de Extranjería.

Cuando la medida entre en vigor, los inmigrantes podrán escoger entre acudir a las OTG o seguir con el actual sistema puesto en marcha por la anterior delegada del Gobierno, Susanna Bouis, que obligaba a los inmigrantes a pedir una cita previa por teléfono. El problema de este sistema era que la línea telefónica comunicaba permanentemente o era incapaz de asumir el elevado volumen de llamadas. Varios sindicatos y ONG denunciaron reiteradamente este sistema porque consideraban que eliminaba las colas físicas ante la Delegación del Gobierno en Cataluña, pero no solucionaba los problemas de tramitación de documentos de los inmigrantes.

Acuerdo para fijar los cupos

Pero este no fue el único acuerdo en materia de inmigración dado a conocer ayer. El Gobierno central y la Generalitat también acercaron posturas en lo que se refiere a la capacidad del Ejecutivo catalán para decidir cuántos inmigrantes deben formar el contingente para el próximo año. La secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, y su homóloga en Cataluña, Adela Ros, acordaron en Madrid que los contingentes serán acordados entre las dos administraciones. Ros dijo que la Generalitat tendrá "una participación directa" en la elaboración de los cupos, "que se elaborarán de forma clara y transparente". Con ello, la Generalitat busca acabar con el método utilizado por el anterior Gobierno del PP, que fijaba los cupos de forma unilateral sin apenas tener en cuenta las recomendaciones de los gobiernos autónomos, los sindicatos y las patronales.

El encuentro entre Ros y Rumí significó la primera toma de contacto entre ambas responsables. Entre los puntos que Ros puso sobre la mesa se encuentra la necesidad de seguir impulsando la selección en origen como método para atraer a Cataluña un perfil de inmigrante acorde con las necesidades de las empresas y la sociedad catalana. Asimismo, Ros avanzó a Rumí que la Generalitat pedirá a medio plazo que los inmigrantes en situación irregular puedan obtener un permiso de residencia temporal para evitar que caigan en la economía sumergida o la delincuencia para subsistir.