El Gobierno dedicará más de 400 juzgados a los casos de la violencia doméstica

El Gobierno dedicará más de 400 juzgados a la lucha contra la violencia doméstica (al menos uno por cada partido judicial), según el borrador del anteproyecto de la ley integral contra la violencia doméstica. Estos nuevos juzgados tendrán competencias civiles y penales, de forma que instruirán, por ejemplo, un caso de violencia y también la eventual separación matrimonial. Además, se creará un fiscal especial contra el maltrato. Los agresores no podrán visitar a sus hijos en ningún caso. Si han amenazado con armas podrán perder además la patria potestad.

El borrador del anteproyecto de ley integral para luchar contra la violencia doméstica (es muy posible que ya no se denomine contra la violencia de género) establece la dedicación de al menos un juzgado en cada uno de los partidos judiciales de España (existen 436) para encargarse de esos casos que el año pasado motivaron 50.000 denuncias. Así consta en el borrador del anteproyecto al que tuvo acceso EL PAÍS. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará el viernes el anteproyecto de ley.

A tenor de ese texto, los juzgados especializados contra la violencia doméstica tendrán atribuciones tanto penales como civiles en los casos de maltrato entre personas con un vínculo de afectividad (cónyuge, pareja, ex pareja, los hijos o los ascendientes). Estos juzgados instruirán los procesos penales y actuarán también en el orden civil cuando el agresor y la víctima decidan separarse o divorciarse. Igualmente tendrán competencias para decidir sobre la guarda y custodia de los hijos y sobre la pensión de alimentos para ellos. Tramitarán también otros temas civiles relacionados con la filiación, la maternidad y la paternidad, la nulidad del matrimonio, la separación o el divorcio.

En cada audiencia provincial se crearán secciones especiales en las que se resolverán los recursos contra las decisiones de los jueces de violencia doméstica. La ley creará también la figura del fiscal contra la violencia de género como delegado del fiscal general del Estado, que intervendrá directamente en aquellos procesos penales y civiles de especial trascendencia. Igualmente habrá fiscales especializados en cada tribunal superior de justicia de las comunidades autónomas. Este fiscal especial tendrá entre sus cometidos la coordinación de las diversas fiscalías ante los casos de violencia doméstica.

Penas más duras

El borrador del anteproyecto legislativo incorpora un endurecimiento de las penas. Establece que tanto las amenazas leves con armas u otros instrumentos peligrosos y las coacciones leves serán castigadas con penas de tres meses a cinco años de prisión.

Además, los jueces deberán acordar la suspensión del régimen de visitas del agresor a a los hijos siempre que se revele la existencia de violencia familiar. Si un maltratador amenaza de forma leve con armas u otros objetos peligrosos, el juez podrá inhabilitarle para el ejercicio de la patria potestad durante hasta cinco años.

El borrador mantiene y refuerza la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica, en vigor desde agosto pasado. Establece que los jueces de violencia doméstica serán los encargados de dictar esas órdenes (ahora lo hacen los juzgados de instrucción) que ya permiten adoptar medidas civiles (atribución del domicilio y decisión sobre la custodia de los hijos, por ejemplo) y penales (como el alejamiento del agresor). Estas medidas cautelares deben dictarse en un plazo máximo de 72 horas y deben ser ratificadas posteriormente. En los cinco primeros meses de vigencia se dictaron 6.004 órdenes y se rechazó el 24% de las solicitudes.

El borrador detalla que dentro de las medidas de alejamiento que podrán dictar los jueces de violencia doméstica figurará siempre la prohibición de comunicación visual.

Defensa gratuita

El borrador del anteproyecto, que modificará casi una quincena de normas vigentes, prevé cambios, por ejemplo, en la Ley de Asistencia Gratuita. Las víctimas de la violencia doméstica tendrán derecho a la defensa gratuita en los juzgados encargados de sus casos y en los procedimientos sobre reclamaciones a la Administración respecto a los derechos que la legislación reconoce a las víctimas de la violencia doméstica. Además, el mismo letrado de oficio asumirá la defensa de la víctima en todas sus reclamaciones, siempre que no hubiera otro designado con anterioridad.

Según el citado borrador, todos los casos de violencia doméstica en curso cuando entre en vigor la futura ley integral continuarán bajo los juzgados competentes al iniciarse el proceso y hasta que se dicte sentencia.