El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que endurecerá las penas contra los maltratadores

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de la anunciada ley integral contra la violencia doméstica, que, entre otras novedades, establece un endurecimiento de las penas para los agresores, contempla la creación de juzgados y unidades policiales especializados e incluye la formación escolar para fomentar el respeto al derecho a la igualdad.

Según ha relatado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el anteproyecto se asienta sobre tres puntos fundamentales. El primero es el elemento coercitivo, que pasa, principalmente, por el endurecimiento de las penas contra los maltratadores. Así, por ejemplo, se amplía a un mínimo de seis meses la condena por amenazas leves, mientras que en el caso de que la mujer haya sufrido lesiones, el castigo para el maltratador será de dos a cinco años de prisión. Además, se modificará el reglamento penitenciario para que los agresores condenados puedan acudir en las cárceles a programas de rehabilitación.

El segundo de los puntos es la protección para las víctimas. Así, la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado la creación de juzgados y medios policiales especializados, como una fiscalía especial y unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para potenciar la protección a las víctimas. Además, contempla medidas de apoyo a las víctimas, como el derecho a la información y a la asistencia social integrada, de asistencia jurídica gratuita para aquellas mujeres víctimas de violencia que no tengan recursos suficientes, protección social y de apoyo económico. Así, las víctimas que tengan que dejar su trabajo cobrarán el subsidio de desempleo, habrá ayudas de 300 euros para las que asistan a programas de inserción profesional, y las mujeres que no puedan trabajar también recibirán ayudas económicas. Asimismo, se constituirá un fondo para reforzar los servicios sociales destinados a las víctimas para que la recuperación sea integral.

Por último, según ha anunciado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se incidirá, aunque no ha dicho en qué términos, en el sistema educativo en la formación en el respeto al derecho a la igualdad y la solución pacífica de conflictos. También se establecen medidas de sensibilización e intervención en el ámbito sanitario que permitan optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, y su coordinación con otras medidas de apoyo.

Coste económico

Según ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Jesús Caldera el Gobierno calcula un coste inicial de entre 50 y 80 millones de euros para poner en marcha el conjunto de medidas que afectan a la Administración General del Estado. No se incluye el fondo específico para el establecimiento de la red de asistencia con las comunidades autónomas, que se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

El texto, según Caldera, será aprobado en Consejo de Ministros el próximo 25 de junio, con la correspondiente Memoria Económica, y llegará al Parlamento antes del 30 de junio, con lo que el Gobierno cumple con el compromiso de que éste sea el primer proyecto de ley que entra en el Parlamento en la presente legislatura.

La vicepresidenta ha relatado que "España va a ser el primer país de Europa que disponga de una ley integral para proteger a las mujeres de la violencia y el maltrato", una ley que, según ha adelantado deberá recibir en las dos próximas semanas, los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo Económico y Social y del Consejo Escolar. Caldera quiere además presentar el texto a las comunidades autónomas. Igualmente, Fernández de la Vega ha anunciado que, "como queremos que esta ley sea muy participativa y en la que intervengan todos los sectores afectados, la próxima semana vamos a reunirnos con las ONG de mujeres para que ellas digan lo que tengan que decir".

La ley, por cierto, cambia de nombre después de lo que ha dicho la Real Academia Española. Se llamará Ley Orgánica Integral contra la Violencia ejercida sobre las Mujeres.