Empleo prepara el primer plan español contra el acoso moral en el trabajo

El Departamento de Empleo está preparando un plan para prevenir el acoso moral en el trabajo, el mobbing, según el término inglés que se ha popularizado para definir este tipo de violencia psicológica. La intención de la consejería es que este plan, el primero de estas características que impulsa cualquier administración en España, se encuentre ya en marcha en 2006. El acoso moral en el puesto de trabajo es ya una de las primeras causas de baja laboral en España. Algunos expertos calculan que el mobbing afecta a casi 100.000 trabajadores en Euskadi.

El objetivo de la consejería es elaborar su plan en colaboración con el Observatorio vasco sobre el acoso moral en el trabajo, un organismo que el consejero de Empleo, Joseba Azkarraga, presentó ayer públicamente. El Observatorio lleva ya casi un año trabajando, pero su labor no había trascendido casi hasta ahora por deseo del Ejecutivo, que ha esperado a que concluya su primer informe sobre el mobbing en Euskadi para darlo a conocer. Aunque el Observatorio permanece bajo la tutela del departamento, está integrado por un grupo de expertos vinculados tanto a la Administración como a los ámbitos jurídico y académico.

Según Azkarraga, Euskadi dispone de competencias en el campo del acoso en el trabajo como para elaborar su propia estrategia. Esas competencias residen, sobre todo, en la posibilidad de ejecutar las disposiciones de la actual legislación nacional, que aún no tipifica el mobbing como delito.

El consejero resaltó que el acoso moral se ha convertido en un problema de primer orden y por ello es necesario implantar medidas de prevención y de sensibilización social, ya que en muchas ocasiones los propios afectados no son capaces de identificar que son víctimas de un hostigamiento o no se atreven a denunciarlo por temor a represalias. Aunque la mayoría de los casos denunciados corresponden a la persecución de jefes contra subordinados, en ocasiones el fenómeno se da entre compañeros con igual rango. Desde 2001, año en el que se empezó a hablar del mobbing, hasta ahora, los inspectores de trabajo de Euskadi han recibido 217 denuncias. De ellas, 15 han terminado con una sanción a la empresa, en 69 se ha llegado a un acuerdo amistoso y el resto se encuentran en trámite o se han desestimado.

El Observatorio se encargará de analizar las sentencias judiciales y resoluciones administrativas que existan sobre esta problemática. También propondrá pautas de actuación para facilitar la labor de los profesionales y de las entidades afectadas, como la Inspección de Trabajo, la Fiscalía, magistratura y la abogacía. La novedad de este organismo reside en que no se conformará con recolectar los datos, sino que será un activo promotor de políticas públicas contra el mobbing, indicó el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén Cristóbal Molina, uno de los impulsores del Observatorio. El primer informe elaborado por esta entidad destaca que la dificultad de encarar el mobbing no reside en la ausencia de una legislación para combatirlo, sino en la gran incapacidad que existe para aplicarla. Azkarraga insistió en que "se trata de un problema de comprensión y de utilización adecuada de las técnicas para afrontarlo, tanto jurídicas como extrajurídicas".

Molina abundó que es "un craso error" pensar que no hay medios para prevenir y sancionar las conductas de mobbing. "Muchos de los afectados", explicó, "arrojan la toalla y no denuncian porque creen que no hay nada que hacer, pero lo cierto es que sí existen mecanismos interesantes. Son mejorables, pero no desde una ley, sino desde planes integrales de intervención".

El catedrático puso como ejemplo la sensibilización que se ha desarrollado en el País Vasco, donde se han denunciado y resuelto más casos por parte de la Inspección de Trabajo de los que se han resuelto judicialmente en todo el resto de España. El Departamento de Empleo ha interpuesto hasta 11 demandas de oficio ante la jurisdicción laboral. Molina puntualizó que sólo otro Gobierno autónomo ha incoado un procedimiento de oficio. Por cada sentencia que se dicta hay, al menos, otro caso que se ha solventado por acuerdo entre las dos partes a través de una conciliación antes del juicio.