Un experto cifra la deuda del Consell en 10.678 millones y califica la situación de encubierta suspensión de pagos

La deuda del Consell se sitúa en 10.678 millones de euros según los cálculos realizados por el ex director del Instituto de Robótica, Gregorio Martín, incluso podría alcanzar en diciembre los 12.000 millones con el desarrollo de las obligaciones asumidas. O lo que es lo mismo: por cada valenciano, la Generalitat debe 3.000 euros.

A los 7.668 millones de deuda registrados por el Banco de España a final de 2003

, y que motivaron que la agencia de evaluación de riesgo Fitch modificara de "estable" a "negativo" el pronóstico para la Comunidad Valenciana, Martín añade otros "números rojos" que lastran al Consell. Por una parte, están los resultados de las empresas en las que participa la Generalitat al 100%, como Cacsa o Televisión Autonómica Valenciana, SA, que son deficitarias con un registro a finales de 2003 de 1.824,4 millones. También, las entidades de Derecho Público, como el Instituto Valenciano de Finanzas, que cerraron ese mismo período con un saldo negativo de 1.183,2 millones. Y en tercer lugar, las obligaciones aparecidas o que se asumirán a lo largo de 2004.

En este último capítulo, Martín incluye las nuevas cifras de deudas relacionadas con Terra Mítica, el aeropuerto de Castellón, los desvíos presupuestarios en las obras de la Ciutat de les Arts i les Ciències y otros todavía por concretarse, como la Copa del América, los acuerdos para iniciar las inversiones complementarias a la llegada de la alta velocidad, los proyectos de Mundo Ilusión, la Esfera Armilar... De los técnicos consultados por Martín, entre los que está Miguel Mazón, ninguno ha valorado este lote en menos de 1.300 millones, lo que situaría la deuda en, "al menos", 10.678 millones. Con esos datos y el desarrollo de las obligaciones conocidas y futuras, Martín pronostica que el Consell en diciembre de 2004 deberá 12.000 millones.

Las cifras que maneja Martín en su análisis son la consecuencia de tres situaciones concatenadas. Primera, el análisis de las razones que podían explicar las crecientes demandas de información por parte de diversas firmas encargadas de la colocación de la deuda valenciana en los mercados internacionales.

Segunda, la sucesión de datos aflorados en temas "poco explicados" (el mecanismo de financiación del aeropuerto de Castellón, el efecto de la deuda de Terra Mítica sobre las cajas, la superación de las previsiones presupuestarias de la Ciutat de les Arts i les Ciències, el déficit consolidado de RTVV y los reales beneficios que para la ampliación y futuro del Puerto de Valencia pueden suponer las obras exigidas por la Copa del América). Y tercera, los compromisos adquiridos y futuros de la Generalitat.

El consejero de Economía, Gerardo Camps, manifestó ayer en Alicante que el Consell aprobó el 14 de mayo un acuerdo para "reordenar y optimizar la ejecución del gasto del ejercicio presupuestario de este año". Camps enfatizó a Efe que el acuerdo, que en su día no se hizo público, no contempla la paralización de inversión alguna, saliendo al paso de una información publicada ayer por Levante en el sentido de que el Consell había bloqueado el presupuesto para controlar el gasto y frenar el déficit.

El consejero calificó esta medida de ordinaria y señaló que ha sido adoptada en todos los ejercicios presupuestarios anteriores, por lo que se garantizan "absolutamente todos los gastos finalistas preferentemente sociales, de sanidad y educación". Por su parte, la portavoz de Economía del PSPV en las Cortes Valencianas, Cristina Moreno, aseguró ayer que "la Generalitat está en quiebra", pidió la comparecencia de Gerardo Camps para que explique si se ha bloqueado la inversión y criticó al Consell que no haya aprovechado estas "reordenaciones" para priorizar el gasto.

"Suspensión de pagos"

En su informe, Gregorio Martín, también califica la situación de la Generalitat de "encubierta suspensión de pagos". El ex director de Robótica recuerda que la declaración de suspensión de pagos no es otra cosa que el reconocimiento de que una empresa no puede hacer frente a sus deudas con el dinero que tiene a su disposición y las aplaza. Aunque en el caso de un gobierno esa lógica económica funciona de otro modo, "también la quiebra acaba apareciendo en entidades gubernamentales como Argentina", explica.

En su razonamiento, la primera medida que "empezó a oler a suspensión de pagos" fue la moratoria de la deuda existente, cuando la Generalitat consiguió retrasar en 25 años sus pagos, de forma que las amortizaciones de préstamos que debían efectuarse a partir de 2003 se llevaron a obligaciones "para nuestros hijos en 2030, con los costes de intereses que ello supone". La segunda constatación acerca de la situación financiera del Consell para Martín es el acuerdo del 14 de mayo, en el que "se ve obligado a bloquear el presupuesto de 2004". Para él, es el reconocimiento de que "no hay margen financiero para poder pagar lo que los valencianos usamos cada día (...): hospitales, servicios públicos, universidades, juzgados, farmacias...".

En su informe, Martín ve razonables y defendibles las medidas del aplazamiento de la deuda, aunque siempre que la institución, una vez liberada temporalmente de esta obligación, "deje de tener números rojos". Pero no ha sido así. El Remanente de Tesorería aprobado en 2003 arrojó un balance negativo de145,4 millones de euros, lo que para él significa que el Consell necesitaba incrementar su deuda en esa cantidad "sólo para acabar de pagar a sus proveedores". Martín deplora que esto ocurra tras asumir el Consejo de Política Fiscal y financiera de las Comunidades Autónomas el objetivo de la estabilidad presupuestaria o déficit cero para 2003, 2004 y 2005.