IU asegura estar "abierta" a otro decreto de víctimas del franquismo

El portavoz de IU en la comisión de Acción Social, Antton Karrera, abrió ayer la posibilidad de que se dicte un segundo decreto regulador de las indemnizaciones a las víctimas del franquismo que atienda a los afectados a los que se ha denegado la ayuda por no haber podido aportar la documentación requerida por "la situación actual de los archivos". Asuntos Sociales y su titular, Javier Madrazo, fueron de nuevo el blanco de las críticas en la comisión parlamentaria, ante la que comparecieron representantes de las asociaciones Geureak 1938 y Eusko Gudarostea.

Antton Karrera aseguró que el departamento que gestiona su partido está "abierto" a promulgar un nuevo decreto que solvente los problemas de las personas que han visto rechazadas las indemnizaciones, más del 70% de los solicitantes. Ese porcentaje es, según las cifras ofrecidas ayer por el historiador Mikel Urkijo, el más elevado de toda España.

Sin embargo, Asuntos Sociales se mostró cauteloso con esa posibilidad. Aunque sin descartarlo del todo, un portavoz del departamento de Javier Madrazo se preguntaba ayer "para qué un nuevo decreto". "Desde luego no será para incorporar a los eliminados por no aportar documentación", indicó. Este argumento fue clave también en la argumentación del portavoz de IU: Karrera recalcó que, de obrar en ese sentido, el Gobierno estaría prevaricando.

En el departamento de Madrazo se pone en acento en la necesidad de resolver primero los expedientes actuales y los recursos que se presenten, 350 hasta la fecha, sobre las más de 6.000 solicitudes rechazadas. Después, lo que hay, se afirma, es "voluntad de dialogar y de recompensar a todas estas personas". Pero, antes de ir a un nuevo decreto, señalan las fuentes consultadas, "hay que ver lo que es factible" y buscar "un acuerdo con el Estado para que garantice toda la documentación existente". El departamento quiere también "una mayor implicación del Gobierno central", porque comienzan a observarse "agravios comparativos entre comunidades" por la diferencia en las cantidades abonadas o en los criterios y grados de flexibilidad aplicados en el examen de las solicitudes.

El asunto está procurando al departamento de Javier Madrazo muchos más quebraderos de cabeza de los que nadie pudo calcular cuando lanzó la campaña informativo-publicitaria que ayer se le volvió a reprochar en la comisión. Fuentes del departamento lamentaron que una tarea en la que se ha puesto "la mayor voluntad" se haya convertido en "la más incomprendida e ingrata".

La presidenta de la asociación de víctimas del franquismo Geureak 1936, Merche Arrasate, calificó el decreto de "macabro" y pidió la dimisión del consejero, como responsable de que "lo que iba a ser un reconocimiento y una alegría" se haya convertido "en una pesadilla y una burla cruel" para los afectados.

El historiador Mikel Urkijo y miembro de la asociación reprochó al Gobierno no haber tenido en cuenta "los consejos y las advertencias" que en su día le ofreció un grupo de historiadores a los que pidió un informe. En él se advertía ya de las dificultades para conseguir la documentación requerida y del amplio número de archivos que debían consultar los afectados, por la dispersión de la información.

También criticó la composición de la comisión de valoración, que sólo ha estado compuesta por el Director de Bienestar Social y dos técnicos de esa dirección. Urkijo cuestionó su cualificación para juzgar los expedientes y sugirió a la comisión parlamentaria que pida las actas de las reuniones de ese grupo de valoración.

Reclamó Urkijo que se constituya una nueva comisión de valoración, que cuente con asesoramiento de historiadores profesionales y representantes de los afectados, como se ha hecho en Cataluña. La comisión debería poder resolver con rapidez, aseguró, los recursos de quienes han visto rechazada su solicitud por falta de algún certificado. También sugirió varias vías para solventar casos más complicados, que explicó por el comportamiento de las autoridades franquistas, interesadas en la ocultación del número de prisioneros políticos existentes.

También propuso que el período de prueba quede abierto para proseguir la búsqueda de documentación y reclamó "un nuevo decreto", petición en la que coincidió Arantza Zabalegui, la representante de Eusko Gudarostea, Zabalegui también habló de "decreto-chapuza", pero negó que el Gobierno sea "el causante del sufrimiento de nadie" y dijo preferir "que cobren 2.500 a que no cobre nadie".