Schröder cierra un pacto con la oposición para una nueva ley de emigración

El Gobierno federal alemán de coalición entre socialdemócratas (SPD) y Los Verdes y la oposición, democristianos (CDU / CSU) y liberales (FDP), llegaron ayer a un acuerdo para elaborar una ley de emigración tras cuatro años de discusiones y tira y afloja. El canciller federal, el socialdemócrata Gerhard Schröder (SPD), puso toda la carne en el asador para lograr un acuerdo y sacó del atolladero la ley de emigración que necesita el apoyo de la oposición en la segunda cámara, el Consejo Federal (Bundesrat), donde el Gobierno federal no tiene mayoría. Schröder recibió ayer en la Cancillería a los jefes de los partidos, por la mañana al del socio de coalición Los Verdes Reinhard Bütikofer, y al liberal Guido Westerwelle (FDP) y por la tarde a los democristianos Angela Merkel (CDU) y Edmund Stoiber (CSU). Tras las reuniones, un Schröder con aire aliviado y aspecto relajado anunció que había un compromiso.

Todos parecen haber cedido en sus exigencias maximalistas. El compromiso para una ley que se presentará a la Comisión Mediadora entre las dos cámaras y puede estar aprobada a finales de junio contiene aspectos económicos, humanitarios y de seguridad.

En lo económico se trata de que Alemania pueda recibir fuerza laboral cualificada, por ejemplo de ingenieros e informáticos, y de que éstos puedan recibir un permiso de residencia y de trabajo. Hasta ahora la legislación de extranjería resultaba insuficiente para atraer y retener en el país a esas fuerzas de trabajo que la economía alemana reclama y necesita. En este punto ha cedido la democracia cristiana.

En la parte humanitaria se intenta perfeccionar algunos aspectos, como la posibilidad de conceder asilo por motivos de violencia contra la mujer. Aquí Los Verdes han conseguido imponer esta exigencia.

El punto más debatido y controvertido era el de la seguridad: la posibilidad de proceder contra extranjeros que constituyan una amenaza de terrorismo. La exigencia democristiana era muy drástica: expulsar a los sospechosos. En caso de que las vidas de los expulsados corriesen peligro en el país de recepción, la CDU / CSU pedía su internamiento hasta dos años en un régimen de una especie de prisión preventiva. Esto no se dará, porque atenta contra la Constitución, pero se permitirá la expulsión de aquellos que "un pronóstico basado en hechos" señale como potenciales terroristas. Se abre así la puerta a expulsar a los que hayan recibido formación militar en campos terroristas y también a los llamados "predicadores del odio", los imanes que inciten a la violencia en sus sermones. Además, en contra de Los Verdes, se encarga a los servicios secretos de informar sobre aquellos ciudadanos que quieran residencia permanente o nacionalidad.

Todos estos detalles se concretarán con el proyecto de ley que elaborarán el ministro federal del Interior, el socialdemócrata Otto Schily, el del Interior de Baviera, el socialcristiano Günther Beckstein y el primer ministro del Sarre, el democristiano Peter Müller.