Un informe de la UE deplora que un detenido esté 13 días incomunicado

El Informe sobre la situación de los derechos fundamentales en España en 2003, remitido a la Comisión Europea, deplora la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite mantener en situación de detención incomunicada a los arrestados por delitos de terrorismo hasta un máximo de 13 días. La catedrática de Derecho Constitucional de la Autónoma de Barcelona Teresa Freixes ha elaborado como en años anteriores este estudio a petición de Bruselas.

El informe deplora la reforma legal de octubre pasado que permite a los jueces mantener en situación de detención o prisión incomunicada más allá de cinco días si los afectados han sido arrestados por delitos de terrorismo. La modificación, lejos de las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, autoriza a prorrogar la incomunicación otros cinco días y tres más adicionales si el juez estima que "el desenvolvimiento de la investigación o de la causa ofreciese méritos para ello".

Además el estudio destaca la manipulación informativa de TVE en el inicio de la guerra de Irak cuando se daba mejor cobertura a los partidarios de la intervención y señala cierta mejoría en el País Vasco al haberse registrado una menor actividad terrorista y también menos algaradas callejeras. A pesar de ello, "sigue habiendo un problema de libertad y seguridad en el País Vasco", dice el informe, que destaca las amenazas que sufren los periodistas vascos.

La discriminación se ceba en España en las mujeres y los inmigrantes. El análisis destaca que durante 2003 murieron 77 mujeres víctimas de la violencia machista y que el 40% de las que piden protección son inmigrantes. Las penas se han endurecido, dice el informe, pero son ineficaces porque los jueces no las aplican. Las niñas inmigrantes (especialmente las marroquíes, ecuatorianas y dominicanas) son mayoritariamente obligadas en España a abandonar la escuela a partir de los 12 años y los refugiados afrontan enormes problemas para conseguir la asistencia gratuita a la que tienen derecho. Finalmente, un dato llamativo: sólo el 40% de los convenios colectivos reconoce el permiso por maternidad, lo que obliga a muchas mujeres a pleitear con su empresa si quiere acogerse a ella.