Todas las comunidades autonómas quieren incorporarse al proceso de reforma de estatutos

El Gobierno socialista surgido de las elecciones del 14 de marzo asume la reforma de los estatutos de autonomía de aquellas comunidades que así lo deseen. Ya en su discurso de investidura, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se mostró dispuesto a abordar dichas reformas, siempre que se hagan "con respeto a la Constitución" y "desde el diálogo con todas las fuerzas políticas". Del café para todos, el PSOE sólo mantiene la bebida: desde ahora, "cada uno se servirá su café al gusto, pero dentro de la misma taza", ha dicho Zapatero. Las comunidades autónomas están empezando a plantear sus reivindicaciones. Las respuestas son variadas, pero todas quieren subirse al tren de las reformas.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto el melón de las reformas estatutarias. Lo que algunos dirigentes socialistas, entre ellos Manuel Chaves, ya proponían en 2001 -la modificación del sistema político-territorial, incluida la reforma de los estatutos de las comunidades de régimen especial que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151-, va a ser acometida por el PSOE en esta legislatura.

Los socialistas quieren abordar el proceso respetando las dos condiciones de partida que enunció Zapatero en su discurso de investidura: "El respeto a la Constitución y su aprobación [de las reformas] mediante mayorías que supongan, al menos, un amplio consenso político y social". El consenso será imprescindible para la aprobación de los nuevos estatutos, dada la mayoría absoluta que necesitan concitar en el Congreso por ser leyes orgánicas. Este diálogo, ahora aceptado por Mariano Rajoy, secretario general del PP, tras haberlo rechazado antes de las elecciones del 14-M, abre la vía de las reformas, que en esta ocasión serán servidas "a la carta"; es decir, se abandona el "café para todos" de anteriores discusiones estatutarias. Las reclamaciones de más autogobierno se estudiarán caso por caso.

Rajoy ha aceptado el diálogo a pesar de las reservas que expresó en sus primeros enfrentamientos con Zapatero en el Congreso frente a las reformas estatutarias más avanzadas, a su juicio: la de los Gobiernos vasco y catalán. Pero la intención del PSOE es firme: se va a modificar el modelo territorial, que incluye la reforma del Senado para acercarlo al objeto para el que fue concebido, ser una Cámara de representación de las autonomías.

Este periódico ha sondeado las opiniones de las 17 comunidades consultando con partidos en el Gobierno y en la oposición. Muchas comunidades insisten en pedir, para empezar, las competencias que les faltan con el marco vigente. En todo caso, ninguna autonomía quiere perder el tren de las reformas.

CATALUÑA La reforma ya se debate

El Parlamento catalán está inmerso en el debate del nuevo Estatuto de Autonomía que surgirá del consenso de la Cámara. En principio, nada está dibujado de esta reforma estatutaria que incluiría las líneas maestras de la nueva financiación, la presencia de Cataluña en la Unión Europea y un bloque competencial y simbólico aún por dibujar. Todas las fuerzas políticas catalanas participan en la ponencia de reforma del Estatuto, desde el PP hasta las formaciones que integran el tripartito (PSC, ERC, ICV-EUiA), pasando por CiU.

En cuanto a las competencias que se solicitan, son un total de 88 las que el Gobierno catalán ha planteado al Ejecutivo central. El objetivo es tener una base sobre la que empezar a discutir cuando el próximo mes de junio se constituya la Comisión Mixta de transferencias Estado-Generalitat. "Esta relación de competencias se realizó en la época de Pujol y entonces no se pretendía acometer ninguna reforma del Estatut", explica Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat. El consejero catalán asegura que el objetivo que persigue el Gabinete es lograr los traspasos o competencias que esperan el cumplimiento de las sentencias ya firmes del Tribunal Constitucional. Estos fallos del TC, que hacen referencia a varias competencias de control de la economía son, entre otras: la supervisión y el régimen disciplinario de los bancos y establecimientos financieros de Cataluña; servicios referentes al mercado de valores; defensa de la competencia; inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas a la Seguridad Social; y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.Pero la relación de competencias del Ejecutivo catalán es mucho más ambiciosa. Así, el Gobierno tripartito aspira, más a largo plazo, a la gestión de aeropuertos y carreteras estatales y al traspaso de la convocatoria de referendos.

ANDALUCÍA Un espacio fiscal propio

La intención de reformar el Estatuto de Andalucía ya fue lanzada por su presidente, Manuel Chaves, en el Parlamento autónomo en junio de 2001. En las pasadas elecciones autonómicas del 14 de marzo, todos los partidos, salvo el PP, la incluyeron en sus programas. El documento del que parte Chaves para su discusión parlamentaria tras el verano plantea la participación de la comunidad en las decisiones estatales, la ordenación territorial de la comunidad, la redacción de un nuevo paquete de derechos sociales y la creación de un espacio fiscal propio gestionado por una agencia tributaria andaluza.

ARAGÓN Reformas con mesura

Las Cortes de Aragón ya aprobaron en 2003 por unanimidad un texto para acometer la reforma de su Estatuto. La comisión que la estudia comenazará a trabajar en breve. Con todas las competencias importantes negociadas, salvo las de Justicia, la comunidad abre un nuevo camino que, según su presidente, Marcelino Iglesias (PSOE), "hay que recorrer con mesura". Iglesias ha explicado también su concepto de igualdad entre comunidades: "No es café para todos, se trata de garantizar que en el proceso nadie gana a costa de los demás". La Chunta Aragonesista, pretende con la reforma "lograr la capacidad de convocar elecciones autonómicas fuera del calendario general, como ya hacen Andalucía, Cataluña, Galicia y Euskadi", según el presidente de Cha, Bizén Fuster. En el PP querrían llegar a la reforma pero siempre que se agote, matizan, el texto vigente.

NAVARRA Control sobre el Tráfico

Todos los partidos políticos navarros reclaman la asunción exclusiva de las competencias en materia de tráfico, actualmente divididas entre la Guardia Civil y el cuerpo de Policía Foral. El presidente de Navarra, Miguel Sanz (Unión del Pueblo Navarro), quiere además derogar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución que regula el proceso que deberían seguir los navarros en caso de decidir su anexión al País Vasco. El PSOE no se opone a la derogación.

CANARIAS Oportunidad histórica

La posible reforma de su Estatuto "es una oportunidad histórica para otorgar a Canarias el rol que le corresponde, como una importante región ultraperiférica", según el vicesecretario de los socialistas canarios, Francisco Hernández. Frente a él, Jorge Rodríguez, portavoz de los populares en Canarias, se muestra más cauteloso y aboga por "alcanzar las mayores cotas de autogobierno y garantizar un adecuado sistema de financiación", dentro de la Constitución. Coalición Canaria pide, además de las 40 competencias ya cedidas por el Estado pero aún no recibidas, entre ellas la delimitación de las fronteras marítimas internas, la gestión de puertos y aeropuertos, la presencia en la UE y liderar las relaciones con los países africanos vecinos de las islas.

BALEARES Desinterés del PP

El PP no considera urgente emprender la reforma del Estatuto. "No es éste el principal tema en las tertulias de los bares", dice su portavoz parlamentario, Juan Huguet, quien matiza: "Pero si se abre el melón queremos estar sentados en la mesa". Cree necesario un pacto estatal previo y que la eventual negociación incluya la reconsideración de la financiación. Los socialistas baleares reclamarán las competencias sobre policía autonómica y la inspección de trabajo, entre otras.

REGIÓN DE MURCIA Posibilidad de consenso

El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel (PP), pidió recientemente que las reformas sirvan para que haya "café de Colombia para todos y no café de Colombia para unos pocos y Malta para el resto". Valcárcel ha dicho también estar dispuesto a "llegar a un consenso" con el PSOE respecto a una posible modificación estatutaria, "cuyos límites son los principios de solidaridad entre autonomías y la salvaguarda de la cohesión territorial". Los socialistas murcianos reivindican cambios concretos en el Estatuto, como disponer una policía autonómica.

COMUNIDAD VALENCIANA "Quiero lo máximo"

Las Cortes Valencianas han acordado recientemente la constitución de una comisión parlamentaria para estudiar la reforma del Estatuto. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha manifestado que está dispuesto a negociar la reforma: "Dentro de la Constitución, quiero lo máximo", sentenció tras entrevistarse con Zapatero. El Estatuto de la Comunidad Valenciana es el único de la vía del artículo 143 de la Constitución que sigue pendiente de revisar desde su aprobación hace 20 años. La oposición quiere una policía autonómica y la incorporación de varios derechos ciudadanos al Estatuto.

CASTILLA-LA MANCHA Mejorar la financiación

El Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantea en este momento incrementar las competencias que tiene ya asumidas. La única que le queda por recibir, con el actual techo competencial, es sobre la Administración de Justicia. El Gobierno no quiere entrar en "la carrera de las competencias", sino conseguir una buena financiación autonómica para servicios ya trasferidos, como la sanidad y la educación. El PP se asegura que la necesidad de una reforma del Estatuto "es un asunto que se tendrá que estudiar en el futuro".

CASTILLA Y LEÓN Igualdad entre todos

En Castilla y León, los socialistas se muestran partidarios de asumir nuevas competencias, pero el PP, en el Gobierno, es menos entusiasta. El PSOE pide que la región asuma las competencias en Justicia y sobre la gestión del agua.

Los socialistas quieren también una Policía que defienda "el medio natural y el patrimonio histórico", una Agencia Tributaria propia y la presencia de la comunidad en las cumbres hispanolusas. El PP sostiene que está abiertos "a dialogar la posible reforma del Estatuto dentro del marco constitucional, de la solidaridad interterritorial" y haciendo "que no existan diferencias entre unas comunidades y otras".

ASTURIAS Acuerdos con amplio apoyo

Asturias reformará su Estatuto de autonomía, pero "con un método que permita mantener el consenso político y hacerlo dentro de la Constitución respetando la cohesión territorial", según el presidente del Principado, el socialista Vicente Álvarez Areces, que no precisa sus aspiraciones concretas "para no dañar el consenso". El objetivo inmediato es obtener las competencias sobre el Instituto Social de la Marina y la Administración de Justicia, entre otras. El presidente regional del PP, el senador Ovidio Sánchez, solicita para Asturias una reforma "ambiciosa", que permita lograr el mismo techo competencial que alcancen otras comunidades. El PP sostiene que "si hay una alguna nacionalidad histórica en este país, ésa es Asturias".

EXTREMADURA Cohesión y solidaridad

"Hay que corregir las desigualdades territoriales". Sin descartar una reforma de los estatutos, el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, considera fundamental asegurar "la cohesión, la solidaridad y la lealtad" del modelo autonómico. Partiendo de estos principios, los socialistas esperarán a concretar sus propuestas de reforma hasta la reunión del Comité Ejecutivo regional que analizará hoy el asunto, en Mérida. El presidente del PP, Carlos Floriano, se muestra abierto a conseguir en un futuro el nivel de autogobierno del que gozan otras comunidades, aunque estima que el actual es "razonable".

GALICIA Sintonía con Zapatero

Además de reclamar la gestión de los puertos y aeropuertos gallegos, el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, se felicita por disponer de un interlocutor receptivo a sus iniciativas (como la reforma del Senado, que ya propuso sin éxito ante el Gobierno Aznar) tras la victoria de Zapatero en las elecciones del 14-M. Fraga ya se ha declarado dispuesto a una reforma del Estatuto, aunque limitada, según ha insinuado, algo que había rechazado hasta ahora. Desde el BNG, segunda fuerza del Parlamento, se ha empezado a hablar de un "nuevo contrato de Galicia con el Estado" y un Estatuto que reconozca a los gallegos el "derecho de decisión sobre su destino".

MADRID Nuevo sistema electoral

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), ha repetido en numerosas ocasiones que la aspiración de su Gobierno en el proceso de reforma que se está abriendo no es el de conseguir aumentar su techo competencial. El PP madrileño desea reformar el Estatuto sólo en un punto, la división del mapa electoral madrileño en diez circunscripciones "con la intención de que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes de un modo más directo". Respecto a las reformas del marco territorial actual y, en general, Aguirre quiere que se hagan dentro del respeto "escrupuloso" a la Constitución, y "con el ánimo de regenerar la democracia".

CANTABRIA Primero, las transferencias pendientes

La reforma del Estatuto "no es un asunto de actualidad" en Cantabria, según el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla. Las negociaciones con el Gobierno central que comenzarán en septiembre se referirán a la asunción de competencias pendientes: Administración de Justicia, Fondo Especial de Garantía Agraria, Instituto Social de la Marina e Instituto de la Mujer.

LA RIOJA "No renunciamos a nada"

El consejero de Presidencia del Gobierno riojano, Emilio del Río, afirma que el Ejecutivo regional "no renuncia a nada" cuando se abra "la tarta de las reformas estatutarias". En lo inmediato, La Rioja aspira a conseguir la transferencia de la Administración de Justicia, y a renegociar el modelo de financiación. El sistema propuesto por el tripartito catalán no satisface a Del Río porque "haría perder a la comunidad el 20% de su financiación actual".

Información elaborada por Arturo Díaz, Francesc Valls, Xosé Hermida, Francisco Cantalapiedra, Tono Calleja, Lourdes Lucio, Jeremías Clemente, Andreu Manresa, Juanjo García del Moral, Isabel Salvador, Javier Cuartas, Juan Manuel Pardellas, Concha Monserrat, Mikel Muez e Isabel C. Martínez.