Doscientas víctimas del franquismo recurren su exclusión de las ayudas

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, y la oposición en bloque se cruzaron ayer duras descalificaciones en el Parlamento por la gestión que el Gobierno está realizando de las compensaciones a los vascos que fueron represaliados por el franquismo. Madrazo acusó a la oposición, especialmente al PSE, de hacer demagogia con las víctimas de la guerra civil, mientras que los socialistas le reprocharon al consejero que sólo trata de colgarse una medalla con esta cuestión, sin preocuparse de que las ayudas lleguen a todos los damnificados y con rapidez.

La oposición reclama un nuevo decreto con requisitos más flexibles para que las víctimas accedan a las ayudas

Sozialista Abertzaleak llegó a calificar de "impresentables" las explicaciones de Madrazo y le acusó de echar balones fuera, mientras que para el PP ha desarrollado una gestión "ineficaz". Los tres partidos de la oposición le reclamaron un nuevo decreto, que flexibilice las condiciones para que los excluidos de las actuales ayudas puedan acceder a ellas próximamente. El consejero sólo se comprometió a estudiar la situación.

Siete meses después de que se lo solicitara el PSE, Javier Madrazo compareció ayer a petición propia ante la Comisión de Trabajo y Acción Social para explicar con detalle todo lo relacionado con las ayudas a las víctimas del franquismo. Este mismo mes, con diez de retraso sobre el plazo previsto, han empezado a hacerse efectivas esas indemnizaciones a 2.529 hombres y mujeres que han conseguido acreditar que sufrieron seis meses o más de privación de libertad, bien en un centro penitenciario, en un campo de concentración o en un batallón de castigo. Las ayudas mínimas son de 7.200 euros.

Madrazo acudió al Parlamento cuando mayor es el malestar de algunas asociaciones de víctimas por la forma en que su departamento ha gestionado las subvenciones. La ayudas fueron anunciadas a finales de 2002 pero, dado el escaso eco que tuvieron, el departamento de Asuntos Sociales lanzó a comienzos de 2003 una masiva campaña oficial de buzoneo que animó a varios miles de personas a solicitarlas, La mayoría, si embargo, no han conseguido acreditar después su estancia en prisión o en un campo de trabajo.

Las asociaciones de represaliados le reprochan a Madrazo dos cuestiones: el retraso de casi un año en empezar a cobrar y las condiciones restrictivas que fijó en el decreto que regula las subvenciones y que en la práctica ha dejado fuera al 70% de los demandantes (un total de 6.151) al no poder acreditar con un documento el tiempo que permanecieron en la cárcel o en un batallón de castigo. Por el momento, 200 personas han presentado ya recurso contra esta negativa. La mayoría de ellas eran enviadas a su destino sin una sentencia, por lo que carecen de papeles que acrediten la represión sufrida.

Con estos antecedentes, el consejero aprovechó su primera intervención para justificar el retraso y las denegaciones. Según Madrazo, los diez meses de demora en el pago de las indemnizaciones no son imputables al Gobierno de Vitoria, sino a las deficiencias administrativas del Ejecutivo central, que ha convertido en un "caos" el Archivo General Militar de Guadalajara, organismo que custodia toda la documentación sobre los represaliados. "Hemos tenido que contratar a un grupo de historiadores para que busquen los expedientes entre los cientos de miles que se agolpan en el Archivo, algo que han tenido que hacer de forma manual ya que no hay un soporte informático que facilite el proceso", recalcó Madrazo.

Sobre las denegaciones, explicó que quienes no accedan a las ayudas es porque no se ajustan a las condiciones estipuladas en el decreto. Puede ser porque no han acreditado la privación de libertad, porque argumentan que han cumplido el servicio militar en lugar de la reclusión o no adjuntan otro tipo de documentación.

Tras las justificaciones, el consejero cargó contra PP y, sobre todo, contra el Partido Socialista, al que culpó de no haber resuelto las compensaciones a las víctimas del franquismo con las leyes aprobadas en 1990 y 1991, cuando Felipe González era el presidente del Gobierno central. Dichas normas exigen un mínimo de reclusión de tres años, lo que, según Madrazo, ha obligado a las autonomías a atender a quienes no alcanzan esa barrera.

Las explicaciones irritaron a la oposición. El portavoz del PSE, Jesús Loza, reprochó a Madrazo la ausencia de "autocrítica" por su mala gestión de las ayudas, que ha provocado retraso y malestar entre las víctimas, y su empeño por culpar a todos los demás de su "inoperancia". Loza hizo hincapié en que el consejero sabía antes de aprobar el decreto que la mayoría de las solicitudes iban a quedar fuera por el carácter restrictivo de la norma, ya que sólo los que fueron juzgados y condenados a una determinada pena pueden acceder a los expedientes del Archivo Militar de Guadalajara. "Ha frustrado e indignado a las víctimas", le espetó Loza al consejero de Asuntos Sociales.

La representante de Sozialista Abertzaleak Rakel Peña también se mostró muy crítica con Madrazo, al que censuró su intento de echar "balones fuera". "Usted", le dijo, "ha creado unas expectativas entre las víctimas con su propaganda, que es publicidad engañosa, y ahora no se pueden cumplir. ¿Es posible que 6.000 personas cumplimenten una solicitud de ayuda sin tener derecho a ella?", se preguntó en referencia al colectivo que ha quedado fuera de las indermnizaciones. Por su parte, el parlamentario del PP Antonio Salazar tildó de "ineficaz" la labor del consejero.

Las censuras de la oposición enojaron a Madrazo, que endureció su réplica y repartió descalificaciones entre los tres partidos de la oposición, a los que les negó legitimidad para hablar sobre las víctimas por diferentes motivos. Al PP le recordó su "tibieza" en condenar el alzamiento franquista; a Sozialista Abertzaleak le pidió el mismo fervor y solidaridad con las víctimas de ETA y al PSE le reprochó que durante sus años de gobierno en coalición con el PNV "nunca se haya preocupado de promover iniciativas a favor de las víctimas".

Los socios de IU en el Gobierno, PNV y EA, pidieron a Madrazo que siga trabajando para compensar a los que han quedado fuera de las ayudas.