La oposición enmienda a la totalidad la ley de suelos contaminados

La oposición en bloque ha rechazado el proyecto de nueva ley de suelos contaminados, que el Gobierno pretende aprobar en los próximos meses. El PSE, el PP y Sozialista Abertzaleak han presentado sendas enmiendas a la totalidad al texto elaborado por el Departamento de Medio Ambiente por diferentes motivos, aunque coinciden en pedir una ley "global" que regule todas las afecciones posibles y no sólo la contaminación por el hombre.

El proyecto de ley, presentado por Medio Ambiente en marzo, obliga a los propietarios de suelos a comunicar al Ejecutivo si detectan la presencia de sustancias contaminantes y, si actúan sobre el suelo, deberán pagar su limpieza. La norma prevé flexibilidad con los suelos contaminados antes de 1998, año de aprobación de la ley vasca de Medio Ambiente.

El proyecto de ley establece que en el caso de terrenos públicos se incluyen acuerdos voluntarios con el Gobierno, que subvencionaría la limpieza hasta en un 75% de su coste.

El PSE ya pidió la semana pasada la devolución de la ley porque "no sólo no se cumple el principio de quien contamina paga, sino que recoge la posibilidad de que los contaminadores puedan quedar liberados de sus responsabilidades".

El PP registró el viernes en el Parlamento vasco su enmienda a la totalidad al considerar que, de aprobarse el texto en su actual redacción, podría incurrir en inconstitucionalidad. Su parlamentario Gonzalo Machín aclaró, no obstante, que en este caso la responsabilidad de presentar dicho recurso no sería del PP, sino del Gobierno central. Machín explicó ayer que su partido presentará también 78 enmiendas parciales, una cifra alta ya que, precisó, su partido coincide con la filosofía del texto que quiere sacar adelante el Gobierno, pero considera su materialización normativa "parcial y limitada".

Para el PP, los posibles motivos de inconstitucionalidad radican en que el Ejecutivo rebaja sustancialmente la consideración de suelo contaminado establecida en la Ley de Residuos del Estado, ya que limita esta contaminación a la alteración química de los componentes del suelo por la acción del hombre. Machín declaró que sería más "acertado, lógico y razonable" regular cualquier afección del suelo que se produzca, también por acción de la propia naturaleza. Agregó que al romper el criterio de que "quien contamina paga", también se roza la inconstitucionalidad. En su opinión, si no se conoce quién es el agente contaminador, no se puede hacer recaer la responsabilidad en el dueño del terreno, como fija el proyecto. "Ha de ser la Administración la que haga frente a la situación", abogó.

Machín abogó por un consenso entre todos los grupos, debido a la importancia de la ley, no sólo filosófica, sino económica. Según precisó, el proyecto de ley va a tener un impacto económico en la sociedad vasca de 49 millones de euros anuales hasta el año 2037. "Esperemos que esa cifra no se acabe quedando corta".

Contactos para el consenso

Medio Ambiente replicó en un comunicado que no ve razones medioambientales en las críticas de toda la oposición a una ley "tan técnica como ésta" y defendió su aprobación por el "serio problema de suelos contaminados" en Euskadi. Reprochó a los tres grupos la "intencionalidad" y el "enfoque político" que han utilizado para argumentar sus enmiendas a la totalidad. La consejería agrega que su titular, Sabin Intxaurraga, ya ha contactado con los grupos parlamentarios para analizar el documento y acercar posiciones "de una manera inmediata".

La plataforma Ekologistak Martxan, que agrupa a los principales grupos ecologistas de la comunidad autónoma, ha elaborado un informe sobre el proyecto de ley en el que considera que éste protege el "interés económico" de empresas y propietarios y convierte a la Administración en "un convidado más" del negocio inmobiliario. Cree además que, en vez de una ley, debería tramitarse como decreto.

Ekologistak Martxan estima que el proyecto es "redundante y desfasado", ya que la ley del Medio Ambiente y la normativa de residuos ya protegen el suelo. "Los únicos aspectos novedosos, los instrumentos técnicos y el procedimiento administrativo necesarios para declarar la calidad del suelo, podrían haberse tramitado como meros decretos autonómicos", indica.

A su juicio, no se cumple el principio anunciado por el consejero de que los infractores paguen, sino que se propicia que "quien contamina no paga y además cobra", en referencia a las subvenciones y beneficios fiscales previstos. "Éste es el modo en que el Gobierno vasco entiende la protección del medio ambiente: unos contaminan y todos pagamos". Opina que la devolución al Gobierno de plusvalías por la limpieza de terrenos que han contado con subvenciones implica a la Administración en la especulación. "Pasa de ser la mano negra que mueve los hilos a convertirse en un convidado más del banquete del fabuloso negocio inmobiliario que se avecina".

Habla de una "amnistía" para los dueños de suelos alterados al referirse a una disposición transitaria, que establece que los propietarios que se sometan en tres años a la declaración de la calidad del suelo solo deberán recuperarlo si la toxicidad supera unos límites. "Las instalaciones actuales cuentan en su mayoría con dispositivos para evitar la contaminación del suelo y esto supone dejar sin castigo la mayor parte de las infracciones cometidas".