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LAS CONSECUENCIAS DEL 11-M

Interior identifica a 300 radicales islamistas "potencialmente peligrosos"

La policía reclama reformas legales para "presionarles" y "reducir la amenaza"

Jorge A. Rodríguez

La Comisaría General de Información de la policía ha detectado en España durante sus pesquisas por el 11-M a "más de 300 radicales islamistas potencialmente peligrosos". Los investigadores aseguran que muchos de ellos están en situación de durmientes (esperando instrucciones) y admiten que nada o muy poco se puede hacer con ellos porque no han cometido delito alguno. Los expertos en terrorismo islamista tratan de convencer al Ministerio del Interior de la necesidad de adoptar medidas para controlar este fenómeno y para presionar a los más fanáticos, incluyendo reformas legales.

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Los investigadores se han visto sorprendidos por la creciente presencia en España de radicales islamistas y, sobre todo, por la "satisfacción" que han detectado por los atentados del 11-M en algunos sectores fanatizados. Un veterano comisario recordaba esta semana, para poner un ejemplo, el escenario de la conversación que mantuvo con el inquilino de una casa registrada en Parla (Madrid): "El tío nos decía que rechazaba el terrorismo, pero en el salón tenía una foto de Osama Bin Laden y otra de las Torres Gemelas ardiendo".

Los servicios de inteligencia ya habían detectado en los años 90 la presencia de radicales islamistas ligados a grupos argelinos, que utilizaban España como retaguardia para el descanso o lugar de paso. Por entonces, las fuerzas de seguridad españolas -con la aquiescencia de otros servicios europeos- mantenían controladas a estas personas e informaban a sus colegas europeos cuando detectaban movimientos o conversaciones que afectaran a la seguridad de sus países.

La alarma saltó cuando los servicios policiales detectaron la presencia en el arco mediterráneo de terroristas durmientes de dos tipos: por un lado, radicales vinculados a grupos de muyahidin con entrenamiento militar que estarían "reposando" tras haber participado en la primera guerra de Afganistán o en las refriegas argelinas y, por otro, fanáticos captados por grupos terroristas a la espera de recibir un aviso, de ser despertados, para cometer algún tipo de acción o colaborar con su logística.

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Los atentados del 11 de septiembre de 2001, que fue ultimado en España (desde donde se facilitaron documentos falsificados y dinero obtenido del robo y clonación de tarjetas de crédito) cambiaron la concepción sobre estos grupos y abrieron la veda para detener a radicales islamistas, lo que, según fuentes policiales, rompía una regla no escrita: "Hasta entonces no consideraba España como un posible objetivo, pero desde la detención de Mohamed Bensakhria, en junio de 2001, y luego, con la Operación Dátil, todo cambió y empezaron a moverse de otra manera".

Las investigaciones del 11-M, durante las que han sido detenidas 52 personas, han revelado la amplitud de la infiltración de radicales. La policía asegura que en España están asentadas "una decena de células durmientes" y "más de 300 radicales de una veintena de nacionalidades" instalados en lugares como Bilbao, las zonas rurales de La Rioja, Navarra y Cataluña y, sobre todo, en las provincias del arco mediterráneo, de Cádiz a Girona.

"Ni podemos detenerles, porque por ahora no han delinquido, ni podemos vigilarlos a todos, porque supone dedicar 20 policías para cada uno para controlarlos las 24 horas del día", explica un alto mando policial. Por ello, reclaman reformas legales para poder mantenerlos controlados y "presionarles".

Los investigadores han propuesto medidas como un mayor acceso a los bancos de datos de extranjería, el control de imames y mezquitas o reformas legales que permitan tomar medidas cuando se detecten indicios de que la actividad de los radicales pueda pasar a mayores. Las fuentes consultadas citan los ejemplos francés y británico, donde son posibles las expulsiones o las detenciones preventivas.

La policía y la Guardia Civil ya han planteado al ministro del Interior, José Antonio Alonso, las medidas citadas y otras que mantienen en reserva, que consideran "imprescindibles para reducir la amenaza". Y también le han advertido de otro fenómeno mucho más preocupante que se ha revelado con el 11-M: delincuentes comunes que se han radicalizado y han organizado y ejecutado un atentado: "De ésos hay miles en España", aseguran.

El problema fundamental es que ni los ya radicalizados ni los que pudieran proceder de la delincuencia común necesitan "nada especial" para activarse. El funcionamiento de Al Qaeda les da libertad para preparar un atentado una vez que España ha sido declarada objetivo. "Siguiendo la política de la organización, cuando se incluye un nuevo objetivo como destinatario de sus acciones, cualquier musulmán, en cualquier lugar del mundo, puede ejecutar tal dictamen. No es necesario que la organización estructure un plan o diseñe una acción concreta (...) basta con que cualquier miembro de Al Qaeda o cualquier musulmán que siga sus creencias elabore un plan y decida hacerlo", explican.

Edificio de Leganés donde se suicidaron los siete terroristas islamistas el 3 de abril.
Edificio de Leganés donde se suicidaron los siete terroristas islamistas el 3 de abril.MANUEL ESCALERA

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Sobre la firma

Jorge A. Rodríguez
Redactor jefe digital en España y profesor de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Debutó en el Diario Sur de Málaga, siguió en RNE, pasó a la agencia OTR Press (Grupo Z) y llegó a EL PAÍS. Ha cubierto íntegros casos como el 11-M, el final de ETA, Arny, el naufragio del 'Prestige', los disturbios del Ejido... y muchos crímenes (jorgear@elpais.es)

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