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LAS CONSECUENCIAS DEL 11-M

Las minorías religiosas aceptan el registro de lugares de culto, sacerdotes e imames

Musulmanes, evangélicos y judíos piden el mismo trato para todas las confesiones

Control sí, pero para todos. Los representantes de las distintas minorías religiosas están a favor de que se refuerce el sistema de registro de entidades religiosas siempre y cuando se aplique a todas las confesiones y no vulnere la Ley de Libertad Religiosa. El real decreto que desarrolla esta norma prevé el registro facultativo de las comunidades y asociaciones religiosas y la anotación, también voluntaria, de los lugares de culto. Varios altos cargos del Gobierno se han manifestado recientemente a favor de crear un registro donde se inscriban todos los clérigos e imames que ejerzan en España como una de las medidas para evitar que en los lugares de culto se fomente la violencia. Jamal Ahmidan, El chino, uno de los cabecillas del 11-M, predicó en alguna ocasión en una mezquita del barrio madrileño de Chamberí.

"Que se persiga a los que incitan a la violencia desde la religión", afirman los hebreos

"Tenemos la mejor ley de libertad religiosa de Europa", dice el representante evangélico

"Espero que no se proponga una reforma para controlar sólo a los musulmanes", advierte Tatary

Los representantes de estas confesiones en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, dependiente del Ministerio de Justicia, coinciden en que no es aconsejable reformar la ley vigente -que consideran como la mejor de Europa- y advierten sobre la obligación de preservar las libertades de expresión y de culto consagradas en la Constitución.

- Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España y secretario general de la Comisión Islámica, recuerda que en 2003 se debatió en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, dependiente del Ministerio de Justicia, una mejora del sistema de Registro de Entidades Religiosas, que finalmente fue aparcada en el Consejo de Ministros.

Tatary, que lleva más de 20 años negociando con el Estado, indica que ya existe un control de mezquitas e imames por parte del Consejo Islámico. "Si el registro del que se ha hablado fuera común para todas las religiones estaría a favor, pero tememos que al final, sólo se aplique a los musulmanes", asegura. Este imam, responsable de la mezquita de Estrecho en Madrid, confía en que cualquier cambio sea pactado con todas las confesiones como le aseguró la semana pasada el ministro del Interior.

Sobre la posibilidad de una modificación de la Ley de Libertad Religiosa, Tatary se muestra rotundo: "No cambiaría ni una coma. Es una ley abierta y fruto del consenso; cualquier modificación sólo serviría para recortar derechos". Sobre el control de lo que se dice en las mezquitas, es rotundo: "Sería imposible aplicarlo y es claramente inconstitucional".

- Abdelkarim Carrasco, presidente de la Federación de Entidades Religiosas Islámicas, rechaza el registro de imames y el de los sermones que éstos dan los viernes en las mezquitas, "no porque me oponga, sino porque es imposible". En el islam, cualquiera puede adoptar la función de imam, que consiste en dirigir las plegarias. Lo que sí apoyaría Carrasco es el registro obligatorio de las mezquitas y la inscripción de sus responsables: "Sería hacer preceptivo lo mismo que ya tenemos como opción". Este representante musulmán propone también la creación de una licenciatura en Ciencias Islámicas para formar imames en la sociedad en la que trabajarán.

- Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, afirma que el control debería comenzar por las parroquias: "Hay 22.000 y ninguna está registrada". En cambio, asegura que un alto porcentaje de las mezquitas sí están anotadas en el registro, "como lo están nuestras iglesias. A mí también me preocupa que se utilice la religión para matar". Blázquez recuerda que la ley ya prevé los medios para controlar la violencia y asegura que sería una pena modificar "la mejor ley de Libertad Religiosa de Europa". La Iglesia evangélica, que cuenta con 350.000 fieles españoles y unos 800.000 comunitarios residentes en España, reclama cautela ante cualquier reforma de la ley.

- Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España, se muestra a favor de que se realicen los controles que el Gobierno estime convenientes y que afecten por igual a todas las religiones, aunque añade: "No creo que nadie piense que desde las comunidades cristianas y judías se difundan ideas que vayan contra la democracia". En opinión del representante judío, hay que llamar a las cosas por su nombre. "No todas las religiones son iguales y hay que perseguir con la ley a quienes desde los templos incitan a la violencia, sean musulmanes, judíos o cristianos".

Un órgano sin capacidad ejecutiva

Cualquier modificación de la Ley de Libertad Religiosa o del reglamento que la desarrolla deberá pasar por la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, un órgano dependiente del Ministerio de Justicia que nació en 1981 con la misión de elaborar estudios, informes y propuestas no vinculantes relativos a dicha ley. Está formada por 27 vocales, encabezados por la directora general de Asuntos Religiosos.

Todavía no se ha fijado una fecha para analizar la intención del Gobierno de ejercer un mayor control sobre los lugares de culto y de quienes dirigen la oración, a través del una reforma del Registro de Entidades Religiosas, que podría pasar a ser obligatorio para todas las confesiones. Esta situación, que preocupa a los vocales consultados por este periódico por su gravedad, debería, aseguran, debatirse cuanto antes, pues es asunto que requiere de una gran reflexión. La última reunión del Pleno tuvo lugar el 23 de junio de 2003, y aunque éstas tienen una periodicidad anual, el real decreto que regula el funcionamiento de la Comisión prevé la celebración de reuniones extraordinarias, a petición de la presidenta o a solicitud de la mayoría de los vocales. La ley también establece que el ministro podrá encomendar a este órgano, el estudio, informe y propuesta de los asuntos que considere de carácter urgente, así como presidir las sesiones cuando lo requiera la especial trascendencia de las cuestiones a tratar en este órgano.

La Comisión está compuesta por tres tipos de vocales, que son elegidos por un periodo de cuatro años: ocho altos cargos de distintos ministerios y de la Presidencia del Gobierno; nueve representantes de las confesiones religiosas y nueve vocales "de reconocida competencia en materia de libertad religiosa", la mayoría catedráticos de Derecho Eclesiástico. El Ministerio de Justicia propone a estos últimos, que son nombrados posteriormente por el Consejo de Ministros, y designa a los representantes de las religiones tras una ronda de contactos con ellas. Otros expertos cuya formación y experiencia sea de interés pueden colaborar con la Comisión si es necesario.

Los especialistas en Derecho Eclesiástico ensalzan el carácter "híbrido" de la Comisión; además de la labor técnica que realiza, constituye también "un observatorio de las reacciones que provoca en la sociedad las decisiones que en materia religiosa toma el Gobierno". De ahí, la importancia de su consulta cuando cualquier medida a tomar afecte a la libertad religiosa garantizada en el artículo 16 de la Constitución.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de mayo de 2004

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