Es necesario el debate educativo

Paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad en la Educación (LOCE), tal como han anunciado el presidente del gobierno de España y la ministra de Educación y Ciencia, es una medida adecuada y necesaria. En primer lugar porque es un compromiso adquirido en la campaña electoral, y es bueno que las promesas contraídas con la ciudadanía continúen cumpliéndose. En segundo, porque la LOCE careció del debate y el consenso entre la comunidad educativa, las comunidades autónomas y el ministerio que una reforma educativa que se pretenda de todos y con vocación de estabilidad y futuro precisa. En tercer lugar, por las graves consecuencias educativas y sociales que tendría la aplicación de esta ley, pues no sólo genera desigualdades en el alumnado o merma la participación de padres y madres, sino que, además, carece del sentido estratégico y de los instrumentos necesarios que requiere la educación en la España de hoy.

Por ello, y dado que la mayor parte de la ley -la que afecta a los itinerarios, el desarrollo del currículum, la revalida, etc.- aún no ha entrado en vigor, es prudente y acertado paralizar su aplicación, pues no crea ninguna disfunción en el sistema educativo, y abre una puerta a la esperanza para hacer una Ley de Educación que responda a la España moderna y solidaria que la mayoría queremos.

Actuar en un ámbito tan importante y complejo como es la educación requiere un elevado grado de consenso entre la comunidad social y los profesionales de la educación, que no puede proceder sino de un amplio debate que permita penetrar en los conceptos de calidad, relevancia y justicia social. Primero los debates y consensos, después las leyes. En dicho debate deberíamos guiarnos por la consolidación de algunos principios básicos, que permitan posteriormente avanzar propuestas concretas. Entre ellos propondría los siguientes.

Nuestro sistema educativo debe procurar el grado de educación, formación y capacitación que requiere una sociedad moderna y avanzada, cuyo bienestar y posibilidad de desarrollo dependerá, cada vez más, de las mismas. Aumentar el número de jóvenes y adultos con titulación superior; hacer de la educación a lo largo de la vida uno de nuestros empeños; introducir el bilingüismo; incorporar las tecnologías de la información a los sistemas de enseñanza-aprendizaje como una herramienta habitual, y diseñar unos currículos flexibles y acordes con los avances de los campos del saber son algunos de los retos que tiene por delante nuestro sistema. Una educación más cosmopolita y más abierta.

Esa educación pública necesita un proyecto de vida colectivo y compartido, que facilite la integración cultural y social. Ello implica un sistema educativo laico, respetuoso con los diferentes credos, culturas y tradiciones, y justo en la distribución de oportunidades y recursos; así como el compromiso de elevar el nivel de todo el alumnado, sea cual sea su origen, sin segregar ni jerarquizar. La educación debe garantizar la equidad en la distribución de esfuerzos, recursos y oportunidades y la solidaridad con quienes tienen más dificultades. La función profesional de educadores requiere, igualmente, introducir cambios sustantivos en el proceso de formación (inicial y permanente), en el estatus profesional y la carrera docente, así como en la selección y adscripción del profesorado.

Y en cuanto a los alumnos y alumnas, deben ser sujetos de responsabilidad en las actividades que se desarrollan y asumir los deberes que de su participación se derivan. El grado de implicación del alumnado ha de ser un indicador básico de la calidad de los aprendizajes. El aprendizaje del alumnado así no será consecuencia sólo de su necesario esfuerzo individual sino del esfuerzo del sistema para lograr su participación. La escuela es y ha de ser un lugar de aprendizaje privilegiado de la participación ciudadana y de la toma de decisiones individuales y colectivas. Por ello la formación de la ciudadanía, que constituye el principio básico de la educación obligatoria, requiere que la escuela constituya, en todos sus ámbitos, un escenario democrático.

Merece la pena, pues, paralizar una ley que no permitió tener ni estos ni otros debates, y abrir un proceso de diálogo sereno y riguroso que busque con ahínco el acuerdo y el compromiso por la mejor educación para todos.

Cándida Martínez López es consejera de Educación, del PSOE, de la Junta de Andalucía.