Pacto, desacuerdo, pacto
La política democrática es acuerdo y discrepancia: ambas cosas. Ayer, el partido del Gobierno y el primero de la oposición reafirmaron la vigencia del Pacto Antiterrorista, se enfrentaron en un debate en el Senado, en el que el Gobierno quedó en minoría, e intercambiaron argumentos en la primera sesión de control al Gobierno de Zapatero. La jornada dejó claro que los socialistas tendrán que desplegar toda su capacidad de diálogo y acuerdo no sólo con sus aliados preferentes, sino también con el PP.
Si ambos partidos, que representan al 80% del electorado, están de acuerdo en mantener el Pacto Antiterrorista hasta la desaparición de ETA, según el compromiso expreso de Zapatero, no tiene sentido someterlo a las tensiones que lo han sacudido a cuenta de declaraciones inoportunas de unos u otros. El Pacto no se reunía desde hacía más de un año, pese a que el PSOE, entonces en la oposición, lo solicitó varias veces. Por ejemplo, con ocasión del escándalo suscitado por la entrevista del líder de ERC, Carod Rovira, con ETA: el PP acusó al PSOE de haber roto el Pacto por mantener la alianza con Esquerra en Cataluña; pero se negó a convocarlo para aclarar la cuestión, lo que produjo la impresión de que el partido entonces en el Gobierno utilizaba el acuerdo más como pretexto para denunciar supuestas inconsecuencias de los socialistas que para fortalecer la unidad antiterrorista.
La situación ha cambiado. La bronca entre el ministro del Interior y su antecesor (a cuenta de la "imprevisión política" en relación a los atentados del 11-M) proporcionaba un excelente pretexto para prolongar indefinidamente el intercambio de acusaciones y amenazas de ruptura; pero ello habría sido absurdo una vez que ambas partes habían estado de acuerdo en que nada favorece tanto a los fines de los terroristas como los intentos de desviar la responsabilidad de éstos contra el Gobierno en plaza. Algo de lo que hay algún antecedente: en 1996, Aznar responsabilizó a la política antiterrorista del Gobierno de González de no haber impedido el atentado contra Francisco Tomás y Valiente.
Rajoy -que no es Aznar- se ha dado por satisfecho con las explicaciones del ministro Alonso y ha renunciado a prolongar la gresca. El Pacto se reunirá como mínimo cada seis meses y cada vez que lo solicite una de las partes. Y será en su seno donde se estudie con calma cómo articular ese acuerdo con el deseable de todos los grupos democráticos en relación al terrorismo islamista. Pero este acuerdo no tiene por qué plasmarse en otro pacto formal extraparlamentario como el firmado en relación a ETA. De momento, Zapatero anunció ayer, en la sesión de control, la convocatoria inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales para informar a todos los grupos democráticos sobre el asunto.
Más allá de sus aspectos anecdóticos, la derrota del PSOE en el Senado (donde se votaba una moción del PP instando al Gobierno a frenar la paralización de la Ley de Calidad de la Enseñanza) vino a recordar que, para abordar aspectos esenciales de su programa, Zapatero tiene que contar con el PP; por razones aritméticas (las reformas constitucionales requieren el apoyo como mínimo de tres quintos de los parlamentarios de ambas Cámaras) y también políticas: reformas como las de los Estatutos de Autonomía o el sistema de financiación autonómica y de leyes como la de Educación o la del Plan Hidrológico, entre otras, requieren un consenso que evite lo que ahora está pasando, la paralización por cambio de mayoría.
En la sesión de Control se escenificó la también necesaria discrepancia, aunque sin la crispación de la anterior legislatura. Hasta hubo una pregunta socialista pensada para que el Gobierno elogiase a Rodrigo Rato con motivo de su nombramiento para el FMI.
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