El tabú de la Constitución

La España plural llega a la prueba de la legalidad. Zapatero fue al Senado a solemnizar el arranque del proceso de reformas constitucionales y estatuarias. ¿De qué se trata? De ensanchar el marco político desde dentro para que todo el mundo tenga más espacio vital. Pero los cuerpos políticos no son infinitos, ni su flexibilidad es ilimitada. Difícil será encontrar el punto de compromiso entre los que querrán tensar el espacio político hasta dejarlo preparado para particiones futuras y los que jugarán al cambio para que no cambie nada.

Zapatero ha tenido el coraje de acabar con el tabú de la Constitución. Aznar la había sacralizado, en un movimiento propio de la fe del converso. Pero las Constituciones son instrumentos al servicio de los ciudadanos y no viceversa. Sin duda, el calendario electoral habrá influido en la apuesta de Zapatero: las autonómicas catalanas iban por delante de las españolas y el PSC jugó fuerte sus cartas ante un PSOE que -quizás con la excepción del propio presidente- veía La Moncloa muy lejana. Pero el malestar de las nacionalidades, que no puede atribuirse sólo a la arrogancia del PP o a la perfidia de los nacionalistas periféricos, y los numerosos cambios que España y el mundo han vivido en veinticinco frenéticos años, hacen perfectamente razonable acomodar la Constitución a las nuevas realidades. Zapatero cogió la bandera de la España plural como respuesta a los arrebatos patrioteros de un PP al que la guerra de Irak había alejado definitivamente del sentido común. Y no le ha ido mal. Lo que prueba que España estos años ha cambiado mucho.

La tradición y la aritmética parlamentaria obligan al consenso. El sistema sólo puede funcionar si las reglas del juego son pactadas; por tanto, si todos se sienten concernidos por ellas. Pero el consenso debe valorarse en función de lo que todos ganan y no de lo que cada uno pierde. Eufemismos fuera. Sabemos que el PP no querría reformar la Constitución y que a lo sumo aceptará una reforma de mínimos. Sabemos que los nacionalistas vascos piensan en el Estado asociado y que Esquerra Republicana aspira directamente a la independencia, aunque reconoce que no llegará al final de esta etapa. Sabemos que CiU se moverá entre su tradicional prudencia reformista y las ganas de demostrar en Cataluña que es más nacionalista que nadie. Y sabemos que el PSOE está por la música federalista, entre la España abierta de Zapatero y la política del amor de Maragall, que no sólo pide mandar en Madrid sino que los españoles y los catalanes se quieran. Zapatero dice que apoyará los Estatutos que las autonomías presenten siempre y cuando vengan apoyados por amplios consensos y respeten la Constitución. ¿Cuál es el calendario? ¿Primero los Estatutos para que la nueva Constitución pueda tener en cuenta los cambios que estos propongan o primero la Constitución para que los nuevos Estatutos se adapten a ella?

Toda reforma global implica criterios de simetría. Siempre que se cambia el régimen común se acortan las distancias entre los que tienen más competencias y los que tienen menos. Lo cual produce sistemáticamente vértigo en Cataluña y Euskadi. De ahí que una vez más la cuestión de los hechos diferenciales se convierte en el punto más conflictivo. Como principio, no es aceptable que dos ciudadanos tengan distintos derechos según el lugar del territorio en que residan. El federalismo es un mecanismo integrador y las nacionalidades históricas lo que pretenden es un sistema diversificador.

¿Cómo se sustancia el hecho diferencial que nacionalistas y socialistas catalanes y nacionalistas vascos llevan en su programa? Si se trata de un reconocimiento simbólico de la tenacidad con que estos pueblos han defendido su condición de nación habrá que encontrar una fórmula. Si se trata de defender diferencias que vienen de lejos como la lengua, el derecho civil o privilegios derivados de la condición de insularidad, en realidad ya están reconocidas. Pero, en todo lo demás, ¿por qué razón, si quieren, las otras comunidades no pueden aspirar a tener las mismas competencias? El riesgo del proceso que Zapatero abre está en las frustraciones que genere.