El obispo de Canarias deberá indemnizar por "daños morales" a una docente de religión despedida tres veces

El trato laboral que algunos obispos dispensan a los profesores de catolicismo en la escuela pública sigue provocando gran número de reproches judiciales, que hasta ahora recibía en exclusiva la Administración del Estado. Sin embargo, un juzgado de lo social de Las Palmas acaba de condenar a la Diócesis de Canarias a indemnizar por "daños morales" a una profesora de Religión despedida tres veces sin motivo legal alguno. La sentencia alcanza también a la Consejería de Educación del Gobierno Canario. Ambos deben abonar solidariamente a una docente 6.010 euros por los "daños morales causados ", más los salarios correspondientes al periodo en que estuvo apartada del trabajo.

Es la primera vez que un juzgado condena a la Iglesia católica por el despido de docentes de religión católica, que desde 1998 son contratados y pagados por el Estado, aunque los obispos se reservan cada año el derecho de seleccionarlos y proponerlos a las diferentes administraciones educativas.

El fallo, emitido por el Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria y hecho público ayer por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC), ordena "la inmediata readmisión" de la profesora Nereida del Pino Díaz, sustituida al inicio de curso en su puesto del instituto Jinámar III de la capital, pese a haber ganado dos juicios más por despido nulo. Los sucesivos castigos laborales estuvieron motivados, según el abogado del STEC Francisco Navarro, por el afán de la consejería y del obispado de tomar "represalias" contra la docente por participar en el año 2000 en una huelga. La sentencia subraya que el caso de Nereida del Pino es un ejemplo de "vulneración de derechos fundamentales".

Otro juzgado de Las Palmas, el número Seis de lo Social, condenó en febrero al Gobierno canario a readmitir a la profesora Araceli del Carmen Gómez Jaén, retirada de su trabajo por el obispado en tres ocasiones desde el 2000, también por participar en una huelga legal, según la sentencia de la magistrada Yolanda Álvarez del Vayo. La Administración deberá pagar a esta docente 6.010,12 euros por los "daños morales", más 87,80 euros por cada día que estuvo alejada de su trabajo.