Zapatero autonómico

Todos los grupos, sin excluir al PP, están abiertos a la posibilidad de abordar las reformas constitucionales necesarias para que el Senado cumpla su vocación de Cámara autonómica, pero no todos plantean esas reformas desde la misma perspectiva. Para los nacionalistas, se trata ante todo de ensanchar los límites dentro de los cuales tratarán de reformar sus estatutos respectivos en el sentido de ampliar sus competencias; para el PSOE y el PP, cada cual con sus peculiaridades, el objetivo sería reforzar, de acuerdo con las nuevas realidades y la experiencia de estos 25 años, el Estado autonómico: su capacidad para vertebrar social y territorialmente la España plural que reconoce la Constitución. Ése es el punto de partida para los debates que se avecinan, tal como quedó fijado en el pleno celebrado ayer en la Cámara alta.

Zapatero reiteró las ofertas programáticas del PSOE, integrando en ellas la disposición a poner en marcha mecanismos que permitan una participación directa de las comunidades en los órganos de la Unión Europea cuando se debatan cuestiones que afecten a sus competencias. De momento se comprometió a realizar comparecencias frecuentes en el Senado, a celebrar cada año un debate sobre las autonomías (no lo ha habido desde 1997) y a hacer de la Cámara alta el marco para una participación más directa de los ayuntamientos en el debate político nacional. El resto queda fiado a la reforma del Senado.

Todos los grupos se mostraron receptivos ante tales perspectivas. Los nacionalistas genuinos pusieron el acento en la necesidad de distinguir nominalmente a las nacionalidades de las regiones, pero no quedó claro si de esa distinción deriva un derecho a un techo autonómico diferente. Zapatero adelantó que su defensa de la pluralidad como un valor no es incompatible con la de la igualdad de todos los ciudadanos, con independencia de la comunidad en que residan, en el acceso a los servicios públicos. El portavoz del PNV reconoció las dificultades de poner de acuerdo los intereses en juego, pero admitió que es mejor una reforma insuficiente que una contraproducente.

Todos los grupos se mostraron dispuestos a buscar el acuerdo, incluyendo el PP, cuyo portavoz, Pío García-Escudero, dijo estar abierto a escuchar argumentos en favor de las reformas de la Constitución, los estatutos y la financiación autonómica -en este orden-, siempre que en cada caso se respete el criterio de no desbordar el marco constitucional y de contar con un consenso comparable al que permitió su aprobación. De esta manera, un debate que había comenzado con abucheos a Zapatero desde los escaños del PP -fuerza mayoritaria de la Cámara- terminó en un clima de deportividad y buen tono que pocos recordaban.