La Generalitat pedirá compensaciones por los días que el tranvía no funcione
El Ejecutivo reclama a la concesionaria que pida daños y perjuicios a la firma Tyssen
La situación es inédita: una empresa concesionaria -la del tranvía, Trammet- incumple el contrato y deja sin servicio a los usuarios. El Gobierno catalán entiende que este incumplimiento debe ser compensado y que tiene que asumir la defensa de los derechos de los ciudadanos. Está analizando el contrato para determinar qué tipo de compensaciones cabe exigir a la sociedad que explota el tranvía. De momento, aceptando que lo que falla es el elemento bituminoso que aísla las vías, reclama a Trammet que exija a la firma suministradora, la alemana Thyssen, una indemnización por daños y perjuicios.
La Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) tiene abierto un expediente informativo para determinar las responsabilidades que se derivan de la falta de servicio del tranvía hasta el próximo lunes. La resolución del expediente no será inmediata, porque aún se ignoran las causas exactas por las que se producen los fallos, pero queda claro que la causa está en la instalación, en los materiales o en el proyecto.
Trammet trabaja con diversas hipótesis. La que sus técnicos defienden con más fuerza es que el elemento bituminoso, que aísla los raíles del cemento de la plataforma, es defectuoso, y que lo es toda la partida suministrada por la empresa alemana Thyssen. El Gobierno catalán entiende que si es así, hay que reclamar a Thyssen por los daños y perjuicios causados por los 10 días en los que el tranvía no dará servicio. Así lo explicó ayer el secretario de Movilidad, Manel Nadal, que cree que las concesiones generan obligaciones a la Administración en un doble sentido: respetar los derechos de la concesionaria y velar por los de los ciudadanos.
La empresa del tranvía recibe compensaciones de las administraciones que forman la ATM (Gobiernos central y autónomo, y ayuntamientos). A cambio, mantiene una tarifa predeterminada, la misma que tiene el metro o el autobús. Esto significa que si los gastos de explotación aumentan, crece en la misma medida la aportación pública. Los representantes de la ATM entienden que esto vale para momentos de normalidad, pero no se puede cargar al erario público lo que la empresa del tranvía deja de ingresar porque no funciona. Trammet debe, por tanto, asumir el coste de las actuaciones que está realizando en la vía y revisar a la baja las aportaciones que deba efectuar la ATM, porque no puede contabilizar como dinero perdido el que deja de ingresar por no funcionar. Además, las administraciones públicas se reservan el derecho a pedir compensaciones por la falta de servicio.
Todas las voces que se han alzado estos días en relación con el tranvía han coincidido en exigir la reposición inmediata del servicio y, en algún caso, responsabilidades. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas, reclamó prioridad para resolver el problema y recordó que el tranvía fue una imposición de CiU y del PP. Xavier Trias, presidente del grupo municipal de CiU en Barcelona, exigió que se depuren responsabilidades por los fallos que han llevado al tranvía a dejar de funcionar y Alberto Fernández, líder municipal del PP de Barcelona, exigió ceses y apuntó que los responsables son Xavier Casas, Jordi Hereu, concejal de Movilidad, y Jordi Portabella, teniente de alcalde por ERC.
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