Los sindicatos consideran una "declaración de guerra" la idea de privatizar TVE

Los sindicatos de RTVE han recibido como "una declaración de guerra" el anuncio de la posible privatización parcial de Televisión Española, efectuado por el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en una entrevista publicada ayer en EL PAÍS. La directora general del Ente Público, Carmen Caffarel, afirmó que se trata de "una opinión más", mientras que CC OO sostuvo que "si el Gobierno no despeja los planes privatizadores, los trabajadores plantearemos movilizaciones que podrían afectar a la cobertura de la boda real" del día 22.

Fernández Ordóñez mantuvo que "no hay que descartar la privatización de parte de TVE" y que "el sector público sólo debe financiar una televisión de calidad". Ante la posibilidad de privatizar La Primera -la de mayor audiencia y con una oferta equiparable a la de Tele 5 o Antena 3-, aclaró que "hay que tener una televisión pública de calidad y privatizar todo aquello que puedan dar las privadas sin cobrar al ciudadano". En su opinión, "la gente entiende que no hay ninguna razón para pagar con impuestos la producción de programas basura o de diversión".

Los sindicatos de RTVE expresaron su frontal oposición. Para Marcel Camacho, secretario general de CC OO, la hipotética privatización es "un golpe en toda regla", rompe las opciones de consenso y va contra el programa electoral del PSOE. Francisco Andújar (UGT) remarcó que las opiniones del secretario de Estado son "una declaración de guerra" que vienen a enturbiar el ambiente de diálogo generada por el Ejecutivo y siembran inquietud entre los trabajadores. UGT rechaza cualquier intento de crear una televisión pública "marginal".

La directora general de RTVE, Carmen Caffarel, tiene prevista hoy una reunión con el Comité General Intercentros, en la que los trabajadores exigirán una postura clara hacia la posible privatización de La Primera. A través de un comunicado, Caffarel dijo ayer que las declaraciones de Fernández Ordóñez son "una opinión más" y recordó que el Gobierno dejó en manos de un comité de expertos la elaboración, en el plazo de nueve meses, de un dictamen sobre el modelo de la radio y la televisión públicas, que será debatido en el Parlamento. El consejo -integrado por Emilio Lledó, Fernando Savater, Victoria Camps, Fernando González Urbaneja y Enrique Bustamante- se reunirá esta semana por primera vez.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, rechazó abrir un debate antes de conocer las conclusiones de dicho comité y calificó de "reflexión legítima" las palabras de Fernández Ordóñez. Para el secretario de Organización socialista, José Blanco, el quinteto de expertos es "el único" que decidirá el futuro del Ente Público y enfatizó que el Gobierno atenderá sus propuestas.

Desde el PP, la portavoz de la Comisión de Control de RTVE, Macarena Montesinos, acusó a los socialistas de "falta de claridad", y el secretario de Empleo y Seguridad Social de IU, Javier Alcaraz, rechazó cualquier plan privatizador. "Racionalizar y ordenar el gasto no es contrario a impulsar la calidad del ente público. La forma de competir con los programas basura no es con más basura privatizada, sino con más cultura pública", dijo Alcaraz.

Fernández Ordóñez recordaba a lo largo de la entrevista que el grupo audiovisual acumula una deuda superior a los 6.000 millones de euros (6.890 a finales del actual ejercicio, según las previsiones). Tan gigantesco agujero se ha producido como consecuencia de la esquelética subvención estatal que RTVE ha recibido en los últimos diez años. Para 2004 esta partida alcanza 78 millones de euros de un presupuesto de 1.557.

Tanto el Gobierno socialista como el popular cerraron el grifo de los fondos públicos para financiar la compañía. El PP heredó una deuda de 1.500 millones y, lejos de enjugarla, la multiplicó por cuatro. En noviembre pasado, el Gobierno de José María Aznar se comprometió a asumir -a cuenta del Estado- una deuda de 6.200 millones, cifra que incrementaría en un punto la deuda del producto interior bruto.

A falta de subvenciones públicas, la publicidad se ha convertido en la principal fuente de ingresos (840 millones), pero insuficiente para alimentar las dos cadenas generalistas (La Primera y La 2), las ofertas temáticas y las seis cadenas de radio. La única salida ha sido la espiral de deuda (623 millones sólo este año).

El anterior equipo directivo, en colaboración con la SEPI, diseñó un plan para acabar con la deuda y el déficit el 1 de enero de 2005. Salir de la crisis exigía recortar en un 20% la plantilla, compuesta por alrededor de 9.000 personas.

Caffarel se pronunció ayer a favor de la "estabilidad presupuestaria" del servicio público de RTVE y expresó su voluntad de "mantener la actual oferta audiovisual", conforme al protocolo suscrito en su día entre la empresa, los trabajadores y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).