Cataluña mantiene las mismas cárceles desde 1993 aunque la cifra de presos creció un 29%

Las cárceles de Cataluña están a reventar y en los últimos cuatro años la población reclusa ha aumentado de 6.082 a 7.836 internos, un 28,8%. La proporción de ese aumento es la misma que se da en el resto de España, pero la diferencia es que mientras el Gobierno central ha construido en nueve años 15 prisiones, con una capacidad global superior a las 25.000 plazas, en Cataluña no se ha edificado un centro penitenciario desde 1993, al margen de los barracones y los módulos provisionales que se han habilitado para hacer frente al progresivo hacinamiento.

El pasado 3 de mayo, apenas 48 horas después de que el subdirector de seguridad de la cárcel Quatre Camins, Manuel Tallón, fuese herido de gravedad por un grupo de internos, el Gobierno catalán anunció que construiría seis nuevos centros penitenciarios con 2.750 plazas. Era el primer compromiso del Ejecutivo tripartito que preside Pasqual Maragall para afrontar la masificación de las cárceles catalanas, si bien el consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, había declarado en una entrevista a EL PAÍS tras acceder al cargo: "Hacer cárceles no es un símbolo de buena política, y tenerlas llenas es un fracaso".

La masificación en las prisiones españolas, también en las catalanas, se empezó a percibir a partir de 2000. Entonces había en España un total de 45.309 reclusos, 6.082 en Cataluña. Desde entonces, ha habido un aumento progresivo, a razón de 4.000 presos anuales en el conjunto de España y 500 en el caso de Cataluña.

Las últimas cifras son aún más espectaculares. Al acabar 2003 había en las prisiones catalanas 7.457 internos, y el pasado 5 de mayo 7.836. En el conjunto de España se ha pasado de 54.497 a 57.329 presos en los primeros cuatro meses de 2004.

Reformas legales

El magistrado Gerard Thomas, presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, que resuelve los recursos en materia de vigilancia penitenciaria, atribuye el notable aumento de la población reclusa a los efectos de las reformas legales que impulsó el Gobierno del PP en su segundo mandato. Actualmente, un preso no puede salir en libertad condicional en España si no paga la responsabilidad civil del delito que cometió y eso es una cosa que sólo está al alcance de muy pocos. El nuevo marco legal impide también obtener la libertad condicional si no se ha cumplido tres cuartas partes de la condena. El anterior texto de la ley exigía haber cumplido dos terceras partes.

Otra de las restricciones es que un preso condenado a penas inferiores a cinco años no puede acceder al tercer grado (régimen abierto) si no ha cumplido como mínimo la mitad de la pena.

En numerosas comunidades autónomas, pero no en Cataluña, se ha aplicado un plan de sustitución de prisiones diseñado por el Gobierno del PSOE en 1992, que después asumió el PP, y que se ha concretado en la construcción de 15 cárceles. La última en Villena (Alicante), inaugurada en 2002, con 879 celdas. En Cataluña, la vetusta y centenaria cárcel Modelo tiene más de 2.000 presos, cuando lo deseable es que no sobrepase los 700. En la década de los 90, más de un millar de internos fallecieron en las prisiones catalanas, principalmente a causa del sida.

Albert Batlle, secretario de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, afirma que es muy importante hacer nuevos centros, pero que, una vez planificados, los esfuerzos de la Administración deben centrarse en la función resocializadora de la cárcel. El magistrado Gerard

Thomas lo explica de manera muy ilustrativa. "Hace un tiempo, la gente no tenía asumido que había de pagar impuestos y hoy no ocurre eso. Con la cárcel pasa lo mismo, y la sociedad debe advertir que no sólo ha de servir para encerrar a los delincuentes sino para reeducarlos".

Iñaki Rivera, profesor de Derecho Penitenciario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, se muestra mucho más crítico con la situación de las cárceles en Cataluña y cree que la Generalitat "ha ido cediendo cuotas de poder a los sindicatos a cambio de paz social". En su opinión, "quien gobierna actualmente las cárceles en Cataluña no es la Administración sino ciertos dirigentes sindicales que han tenido diversas denominaciones como USO o Catac y que hace unos meses se integraron en la UGT". Para Rivera, se trata de un grupo de funcionarios que "no cree en la reinserción, y a menudo abusa de los medios coercitivos contra los presos, lo que explica que actualmente haya en los juzgados de Cataluña seis causas abiertas por supuestas torturas".

Batlle rechaza esas críticas y asegura que el problema es que hasta ahora no ha existido una política de formación de los funcionarios y que a estos se les ha de "dar confianza". El pasado viernes, Batlle se reunió con los sindicatos y se comprometió a ampliar la plantilla en 50 plazas y en crear el estatuto del equipo directivo de las cárceles para "reforzar su autoridad".