Instituciones Penitenciarias planea sacar a madres y embarazadas de las cárceles

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias prepara un plan para acabar con el hacinamiento en las cárceles e impulsar medidas de reinserción con un conjunto de reformas cuyo objetivo es "humanizar" el sistema penitenciario, en palabras de la responsable del departamento, Mercedes Gallizo, para quien "la seguridad pasa por la reinserción". Entre sus propuestas más llamativas se encuentra evitar que estén en prisión las mujeres con hijos menores de 3 años o embarazadas. Actualmente, hay más de 400 mujeres en esta situación y 200 niños en las prisiones españolas.

Este paquete de medidas, que supone un giro relevante respecto a la política penitenciaria del Gobierno del PP, incluye entre otros cambios, una "lectura flexible" de la ley para facilitar la reinserción de los reclusos y así atenuar el impacto de las reformas legislativas del último Gobierno. También introducirá modificaciones en la clasificación del primer grado penitenciario para limitar el aislamiento de los presos y adoptará medidas para que las presas con hijos de hasta tres años tengan un cumplimiento de la pena fuera de la prisión, situación que también abarcará a las mujeres embarazadas.

Asimismo, ha cursado ya una circular para que el acceso al tercer grado no pueda ser impedido como hasta ahora en el caso de que el preso no haya pagado la responsabilidad civil. Como medidas a medio plazo para aliviar el número de reclusos que hay en las cárceles que dependen de Instituciones Penitenciarias y que esta semana ascienden a 51.264, Gallizo contempla poner más pulseras, optimizar los Centros de Reinserción Social, más infraestructuras a corto plazo y una reflexión con las autoridades judiciales y legislativas, porque a su juicio, "no es razonable que todos los problemas se resuelvan llevando a la gente a la cárcel".

Una herencia "catastrófica"

Mercedes Gallizo, quien ha hecho constantes alusiones a los "agujeros negros" que ha heredado de la anterior administración, ha planteado como eje de su gestión la rehabilitación del recluso. Esa política ya se ha concretado en el envío de una circular que tiene como objetivo que los presos puedan acceder al tercer grado penitenciario, aunque estén pendientes de pagar la responsabilidad civil impuesta en la condena. La idea es que esa responsabilidad la vayan abonando poco a poco cuando tengan un trabajo.

En este mismo sentido, ha expresado su preocupación por el impacto en la poblacion penitenciaria de las reformas legislativas del anterior Gobierno y que a su juicio se debe revisar. Tras calificar de "catástrofe" la herencia recibida por el número de presos que hay en las cárceles, ha mostrado su deseo de hacer una lectura flexible de la ley para no poner dificultades a las personas que estén en proceso de reinserción. También ha creado un grupo de trabajo para estudiar la situación de los presos clasificados en primer grado. Gallizo no es partidaria del aislamiento de los reclusos y, en su opinión, se ha abusado mucho de ese régimen, que desea limitar y restringir mucho en el tiempo.

La directora general ha puesto mucho énfasis en otros aspectos como el de la sanidad en las cárceles, el tratamiento psiquiátrico, la educación o el empleo, asuntos que se propone mejorar con cambios significativos. En el capítulo de infraestructuras, ha criticado el parón de la anterior administración y expresó su deseo de construir las cuatro prisiones que tenía diseñadas el anterior Gobierno, además de otras tres o cuatro más, al tiempo que se pondrá en marcha un plan de renovación de las viejas infraestructuras. Una de éstas será la de Navarra, para la que el Gobierno autónomo tiene previsto ceder unos terrenos. También desea que se construya una nueva cárcel en el País Vasco y Gallizo ha asegurado que está preparando un informe para enviárselo al lehendakari.