Endesa se reconcilia con Kirchner

Endesa ha recuperado el nervio en Argentina, tras dos años aciagos en los que la compañía tuvo que amortiguar el impacto de la devaluación del peso, la moneda local, y en los que sobrevivió a los vendavales desatados por el Gobierno que el presidente Néstor Kirchner conduce con guantes de acero.

Endesur acudió a los tribunales, junto a otras compañías, para exigir al Ejecutivo que asigne un cupo mínimo de gas para las eléctricas

En medio de la crisis energética que sufre el país, disparada por la escasez de gas, Endesa se ha librado de los prejuicios del pasado y ha pasado a la ofensiva. Lo ha hecho por partida doble: por un lado, pidió a la justicia que obligue al Estado argentino a suministrarle un cupo mínimo de gas durante el próximo invierno; por el otro, ha logrado sentar al esquivo Gobierno de Kirchner en una mesa de negociaciones para aumentar las tarifas eléctricas, congeladas por ley desde principios de 2002.

La crisis energética ha puesto las cosas patas arriba en Argentina. El Gobierno, que mantenía a las compañías a la defensiva y rechazaba sistemáticamente cualquier insinuación de subida de tarifas, ha retrocedido algunos casilleros ante la opinión pública y ahora, vaya paradoja, se muestra mucho más proclive a la negociación que a los discursos televisados en directo. Las empresas, por el contrario, han comenzado a sacar la cabeza de la ermita y ven posibilidades de recuperar márgenes de negocio. Los hombres de Kirchner, a fin de cuentas, han entendido que no hay salida de la crisis sin las empresas o, lo que es casi lo mismo, que las necesitan para salir indemnes de la crisis.

En Edesur, filial de Endesa, tomaron nota del cambio y decidieron pasar a la acción. Hace 10 días, la filial acudió a los tribunales, junto a otras compañías, para solicitar a la justicia que obligue al Ejecutivo a asignar un cupo mínimo de gas para las generadoras eléctricas. La presentación judicial, políticamente incorrecta un año atrás, contiene una doble lectura: establece que el Estado es responsable de la falta de energía, por su imprevisión, y exime a las empresas de responsabilidad ante futuras interrupciones de suministro, ya que de ellas no depende la provisión de gas, con el cual producen el 50% de la electricidad.

Alarma social

La pelota está en el tejado del Gobierno, que en su día fustigó a las compañías, cuando éstas le dijeron que la crisis era irremediable si no se ajustaban los precios en forma gradual, alegando que esos mensajes sólo buscaban generar alarma social para presionar por una subida de tarifas. La recuperación económica disparó el consumo de gas -aumentó un 30% durante 2003- y, a pesar de los sermones gubernamentales, la escasez no tardó en llegar. Con la presentación judicial, Edesur se ha puesto a cubierto si se producen apagones y después comienzan a llover demandas administrativas, civiles e incluso penales.

Pero la ofensiva jurídica no ha sido la única iniciativa de Endesa. Tras varias semanas en la nevera, la eléctrica ha logrado que el aumento de las tarifas vuelva a ocupar un sitio privilegiado en la agenda de Kirchner. ¿Gentileza del Gobierno? Más que eso, cuestión de matemática elemental: las generadoras tienen que comprar un gas mayorista un 60% más caro, en virtud del ajuste de precios que Kirchner dispuso hace un mes, por lo que el Estado se enfrenta ahora al triple dilema de autorizar una subida de las tarifas, hacerse cargo del coste extraordinario a través de subsidios o pagar el precio político de los apagones. Sólo Edesur, con sus 30.000 kilómetros de tendido y sus dos centrales térmicas, abastece a seis millones de habitantes en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

Durante algunos días, el Gobierno creyó haber alcanzado una solución con la importación de 1.000 toneladas de fuel desde Venezuela, a cambio de ciertos productos agropecuarios, para que las generadoras usen ese combustible en vez de gas. Pero el trueque está muy cerca de terminar mal, ya que el fuel resultó ser más caro y de calidad tan pobre que, según los funcionarios de los organismos de control, el consumo está prohibido por el daño ambiental que provocaría su combustión.

Con un rictus cercano al espanto cuando la prensa menciona la palabra "apagón", el Gobierno de Kirchner no ha tenido más remedio que reconciliarse con las compañías y acudir a la negociación. Mientras discuten el cuadro definitivo de precios, el Ejecutivo ha puesto en marcha un programa de emergencia que prevé aumentos tarifarios provisionales para los usuarios de ingresos medios y altos que no reduzcan al menos un 5% el consumo de luz y gas.

Si bien el Gobierno ha dicho que con la medida busca "incentivar el ahorro de energía", lo cierto es que 1,5 millones de hogares y tres millones de empresas tendrán que pagar una tarifa un 45% más cara si dentro de un mes no logran bajar el consumo.

Según el plan de emergencia, el dinero que las eléctricas recauden con esos ajustes -unos 300 millones de euros- pueder ir directamente a sus arcas o alimentar un fondo fiduciario que el Gobierno usará para pagar los mayores costes del sector. Todo indica que, por aumentos de tarifas o con subsidios camuflados, las cuentas de Endesa en Argentina están en la senda de la recuperación.