Benidorm centrará la campaña contra el alquiler ilegal de apartamentos

Turismo acometerá, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, una nueva campaña de inspección para aflorar el alquiler clandestino de apartamentos en la costa. La iniciativa se centrará en Benidorm, donde se estima en más de 100.000 las plazas incontroladas, e incluye multas de hasta 100.000 euros. Según un estudio de la Universidad de Alicante, en 2003 el 90% de la oferta de alquiler de apartamentos en la Costa Blanca era sumergida.

Benidorm es el punto de mayor bolsa de inmuebles alquilados irregularmente. Sólo 18.000 de las 125.000 plazas de apartamentos en alquiler que se calcula que existen en la capital de la Costa Blanca está reglada. Esta clandestinidad acarrea serios problemas de planificación y gestión urbanística y social, y repercute también en la calidad de los servicios turísticos.

La Generalitat persigue mitigar esta creciente oferta incontrolada de apartamentos turísticos con una agresiva campaña de inspección, centrada fundamentalmente en esta zona. La Administración sancionará a los propietarios por irregularidades en materia de explotación. El importe de las multas oscilará entre los 600 y los 6.000 euros, en función de la gravedad de la infracción. La más grave será castigada con una multa de hasta 100.000 euros. La máxima multa recaerá, por ejemplo, en los propietarios con cinco apartamentos en propiedad y en alquiler de manera irregular. Las infracciones administrativas leves son, por ejemplo, el incumplimiento de la obligación de exhibir los distintivos o placas normalizadas que correspondan de acuerdo a la normativa vigente.

El Consell aprobó en 1993 el decreto que regula los apartamentos turísticos, villas, chalés, bungalós y similares. El objetivo de la norma es la ordenación del sector para la promoción de la actividad turística. De esta forma se persigue clasificar en categorías las unidades de alojamiento turístico, antiguas viviendas turístico-vacacionales. Sin embargo, el fin último del reglamento no se ha conseguido.

Los alquileres clandestinos, además de ser una competencia desleal en general para la industria turística, toda vez que eluden pagar los consiguientes impuestos sociales además de soslayar criterios de calidad, acarrean un serio problema a las administraciones locales. El fundamental: el desconocimiento del crecimiento real de la población en períodos puntuales. Esta desinformación de los municipios origina una imprevisión política en ámbitos como la seguridad y la planificación de servicios.

La conveniencia de regular los alquileres de los apartamentos es múltiple, apunta Manolo Cabezuelos, presidente de Aptur, principal segmento afectado. Entre ellas, la Administración asume cualquier responsabilidad civil en caso de incidencia, control de las fechas de entrada y salida de los inquilinos, gastos e ingresos. Cabezuelos explica que los propietarios que opten por reglar el alquiler de sus inmuebles pueden darse de alta, de forma gratuita, a través de una empresa explotadora de apartamentos turísticos.

La lógica competencia desleal de estos apartamentos tiene un segundo gran afectado: la planta hotelera. La Asociación Provincial de Hoteleros de Alicante -entidad que representa a 75 establecimientos con un total de 12.000 plazas- considera que la bolsa clandestina de alojamiento en apartamentos y bungalós supone un agravio al sector hotelero ya que, al eludir los preceptivos impuestos, pueden jugar con tarifas más económicas. "Esta oferta extrahotelera hace daño al sector", señala Cristina Rodes, portavoz del colectivo.

La ofensiva llevada a cabo por Turismo incluye diferentes frentes. Una campaña informativa a los propietarios de apartamentos interesados en la explotación turística. Posibilidad de acuerdos con los administradores de fincas. Creación de una comisión mixta para el estudio y elaboración de una propuesta consensuada de modificación del actual decreto regulador de esta actividad, acorde a las actuaciones presentes y futuras. Turismo prevé, también, la elaboración de un estudio comparado de la normativa vigente en materia de explotación de apartamentos turísticos de las diferentes comunidades autónomas.