Los sindicatos temen por el futuro de Izar tras la orden de Bruselas de que devuelva 308 millones

El comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, ya ha puesto fecha para formalizar la declaración de ilegalidad de varios créditos concedidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a los astilleros públicos integrados en el grupo Izar. La Comisión Europea oficializará esta decisión el miércoles, y a partir de ahí, Izar tendrá que devolver 308 millones de euros, una operación que perjudicará aún más sus cuentas, que quedarán en una "situación dramática", según apuntó ayer Ramón Linares, presidente del comité de mpresa de la factoría de Puerto Real (Cádiz).

La Comisión Europea considera ilegales 500 millones de euros que concedió, en forma de préstamo, la SEPI a Izar en los últimos años. Bruselas sólo permite esas ayudas públicas si se justifican por la competencia desleal surcoreana, lo que, según el comisario de Competencia, no ocurre en esta ocasión. De los 500 millones, 192 ya han sido devueltos, por lo que Izar tendrá que devolver 308 millones. Las factorías andaluzas de Cádiz, Sevilla y Puerto Real fueron algunas de las beneficiadas con estos créditos.

La devolución de este dinero pondrá aún más complicada la viabilidad de los astilleros de Izar, que pasa por dificultades por captar nuevos pedidos, una cuestión que ha llevado a los sindicatos a movilizarse en varias ocasiones este año. La dirección de la SEPI tenía previsto reunirse este lunes con los sindicatos para afrontar el problema de la falta de contratos, aunque ahora también se tratarán las consecuencias de la decisión de Bruselas.

El presidente del comité de empresa de la factoría de Puerto Real, Ramón Linares, indicó que los sindicatos "están muy preocupados" por el futuro de Izar, pero mostró su confianza en que "el talante que vienen demostrando los nuevos dirigentes del gobierno socialista permita cerrar el conflicto laboral". "El expedietnte de Bruselas no es nuevo, pero su ejecución puede dejar a la empresa en una situación bastante mala, casi de quiebra", corroboró el representante sindical de los astilleros de Sevilla, Ignacio Sánchez.

En Andalucía, Izar dispone de cuatro centros de producción. La Bahía de Cádiz concentra las factorías de Puerto Real, con una plantilla de 1.300 empleados, San Fernando con 1.200 trabajadores y Cádiz con 400. Mientras, la planta de Sevilla da trabajo a 370 operarios. La actividad de Izar mantiene, además unos 3.000 puestos en la empresa auxiliar.

Por su parte, el secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, reclamó al Gobierno que recurra esa resolución bajo el argumento de que "se trate a los astilleros españoles del mismo modo al que se trata al resto de astilleros europeos". También instó tanto la Administración central como a la autonómica para que "se mojen" en la búsqueda de alternativas. No obstante, Pastrana consideró que es preciso un "replanteamiento global" del futuro de los Astilleros y demandó un plan de empresa y de choque similar, "salvando las distancias", al que se hizo con la empresa automovilística Santana Motor, de Linares (Jaén), cuya gestión fue asumida por la Junta en 1994 tras la marcha de la multinacional nipona Suzuki.

Más crítico se mostró el diputado socialista por Cádiz Alfonso Perales, quien aseguró ayer que el sector naval español se enfrenta a "una bomba de relojería, que quien tuvo la obligación de parar durante varios años, el anterior gobierno del PP, no lo hizo y ahora va a estallar". Perales coincidió en que la situación de Izar es "muy delicada" por lo que hizo una llamada a "todos los sectores para buscar soluciones a esta situación de emergencia". Un mensaje similar al que lanzó el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien también apeló a la "prudencia y sentido común".