Bruselas exige a Izar la devolución de 308,3 millones de euros en ayudas públicas
Almunia asegura que los comisarios entienden las consecuencias, pero que "las normas se cumplen"
La Comisión Europea declaró hoy contraria a las normas comunitarias una ayuda de 500 millones de euros concedida por la SEPI a los astilleros de Izar, y pide que se reembolsen los 308,3 millones que aún no han sido devueltos. Bruselas admite que las consecuencias de esta decisión pueden ser muy graves para los astilleros públicos españoles, pero remite a las quejas de otras compañías del sector que no disfrutaron de financiación extra.
El Ejecutivo comunitario consideró, en su decisión final, que la ayuda de 500 millones de euros otorgada por la SEPI a los astilleros públicos civiles, en la actualidad propiedad de Izar, entre 1999 y 2000 "no se atiene a las normas comunitarias sobre ayudas estatales a la construcción naval", según un comunicado. Puesto que ya se han devuelto a la SEPI préstamos por un total de 192,1 millones, la suma a reembolsar será de 308,3 millones de euros a los que se añadirán los intereses correspondientes.
Según Bruselas, la ayuda a los astilleros adoptó diversas formas: aportación de capital, préstamos y un precio de compra superior al valor de mercado. Para la Comisión, esa subvención de 500 millones constituye "una nueva ayuda estatal que, después de la aprobación de un paquete de reestructuración final ya no puede aprobarse en virtud de las normas relativas a las ayudas a la construcción naval de la UE".
La decisión de Bruselas se refiere a varias transacciones realizadas entre 1999 y 2000 en las que participaron la SEPI y sus filiales Astilleros Españoles (AESA), el anterior consorcio estatal de los astilleros públicos, y Bazán, el grupo militar de construcción naval. La Comisión Europea "sospechó que estas transacciones podían encubrir una ayuda estatal" por lo que inició un procedimiento formal de examen en julio de 2000, que amplío en noviembre de 2001 y mayo de 2003.
Tres transacciones
Sobre la base de los hechos que se han establecido durante el procedimiento de examen, la Comisión Europea concluyó que la SEPI realizó tres transacciones con las que se concedieron nuevas ayudas estatales a los astilleros públicos españoles. La primera fue un sobreprecio de compra pagado por la SEPI cuando AESA le vendió tres astilleros en 1999, pues según los cálculos de Bruselas el precio de compra "incluía un componente de ayuda" de 55,9 millones de euros, que "benefició al resto de los astilleros civiles aún propiedad de AESA".
La segunda ayuda fue un préstamo de la SEPI de 1999 por valor de 192,1 millones de euros a tres astilleros, que ya ha sido devuelto, y la tercera, una aportación de capital de 252,4 millones a AESA en 2000, que se destinaron a los restantes astilleros civiles de AESA. El Ejecutivo comunitario señaló que "dado que tras el paquete de reestructuración final de 1997 los astilleros españoles no pueden optar a una ayuda a la reestructuración y puesto que ninguna de las medidas de ayudas descritas anteriormente puede aprobarse en virtud de la normativa sobre ayudas estatales, la ayuda antes referida debe recuperarse".
En 2000 se devolvió el préstamo de 192,1 millones de euros a la SEPI, por lo que la suma que debe ser reembolsada asciende a 308,3 millones de euros más los intereses.
Decisión "perjudicial"
La Comisión Europea "es consciente de que las consecuencias de esta decisión pueden ser graves para los astilleros públicos españoles y sus trabajadores". Sin embargo, Bruselas ha recibido "numerosas reclamaciones de astilleros de otros Estados miembros de la UE e incluso de competidores españoles".
En este sentido, varios de los denunciantes sostienen que "las pérdidas de puestos de trabajo ya se han producido en sus empresas como consecuencia de la presunta ayuda estatal ilegal proporcionada a los astilleros españoles públicos durante los últimos años".
El responsable europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el español Joaquín Almunia, ha admitido que el colegio de comisarios tuvo "un alto de grado de comprensión" sobre las consecuencias sociales de su decisión sobre Izar, pero recordó que "las reglas están para cumplirse".
Un grupo de trabajo estudiará el futuro de los astilleros
Por otra parte, el Ministerio de Economía y Hacienda ha anunciado que mañana mismo creará un grupo de trabajo, formado por la SEPI y los ministerios de Economía, Industria, Trabajo y y Defensa, que tendrá que elaborar en un mes una estrategia de actuación que garantice el futuro del grupo público. El objetivo del Ejecutivo es lograr "una empresa futura, económicamente viable y con una dimensión adecuada, siempre dentro de los límites que marca la legislación comunitaria", detalló hoy Economía. Para ello, el Gobierno hará frente al problema de Izar desde una perspectiva "financiera, laboral y regional".
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