Los fiscales vetarán que un maltratador pueda visitar a sus hijos en casos graves

El Gobierno ha pedido al fiscal general del Estado que los representantes del ministerio público den prioridad a la persecución de los delitos de violencia doméstica. También solicita que los fiscales pidan suspender las visitas de los maltratadores a sus hijos en los casos más graves y que faciliten el envío a prisión de aquéllos que incumplan el alejamiento. Estas medidas figuran en el Plan de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género que ayer aprobó el Consejo de Ministros. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido anunció que el ministerio público "no va a pasar ni una" a los maltratadores.

El plan de medidas urgentes, en vigor hasta que se apruebe la futura Ley Integral contra la Violencia de Género, tiene como objetivo "frenar la violencia contra las mujeres", un fenómeno que provoca "gran alarma social" y cuyas víctimas sufren problemas que no pueden esperar al cambio legislativo, según afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El plan, propuesto por los ministerios de Justicia, Interior y Trabajo y Asuntos Sociales, consta de 10 medidas, algunas ya existentes, enfocadas a mejorar el amparo y a subsanar disfunciones de la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica. Esta nueva herramienta, en vigor desde agosto, permite al juez adoptar medidas civiles (como la custodia de los hijos) y penales (el alejamiento, por ejemplo) en un plazo máximo de 72 horas.

En su plan, en primer lugar, el Gobierno plantea al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la necesidad de que el ministerio público extreme la vigilancia y la preservación de los derechos de las víctimas, para lo que enumera algunas medidas. Por su parte, Conde-Pumpido aseguró ayer que los fiscales actuarán contra los agresores "con la máxima energía y de forma muy contundente", informa Lydia Garrido. Animó a las mujeres a denunciar, "porque se van a encontrar con la máxima energía de la fiscalía, no se va a pasar ni una".

- Suspensión de las visitas. El plan propone que los fiscales consideren "prioritaria" la persecución de los delitos relacionados con la violencia machista. Respecto a los agresores se pide que los fiscales presten "especial atención" a la adopción de medidas cautelares de forma que, en los casos más graves, se suspenda el régimen de visitas del agresor a sus hijos, como permite la ley. Según el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, hay agresores aprovechan la visita a los hijos para maltratar a sus ex compañeras.

- Prisión por acercarse. El Gobierno también pide al Fiscal General del Estado que cuando un agresor quebrante la orden de alejamiento respecto a su víctima, el ministerio público pida la detención inmediata y la puesta a disposición del juez, lo que permitirá enviarle a prisión preventiva. Este será un objetivo "esencial", según Conde-Pumpido. Según Caldera, esa medida punitiva ya vigente "apenas se utiliza".

- Nueva denuncia con más datos. El plan establece la elaboración de un modelo único de formulario para las denuncias por violencia doméstica. En él se incluirán datos que permitan disponer de mayor información sobre la situación personal y familiar de la víctima y del agresor, así como de la situación física y psíquica de los hijos. Con estos datos se busca calibrar mejor el riesgo de que la víctima sufra nuevas agresiones. También puede servir para decidir sobre medidas como el alejamiento o la suspensión del régimen de visitas. Ahora existe un formulario único de cinco páginas para las personas agredidas que solicitan la orden de protección. Recoge sobre todo datos personales, familiares tipo de ayuda que se solicita.

- El juez evaluará el peligro. A la vista de los datos recogidos en el formulario único, el juez deberá evaluar el nivel de riesgo de la víctima. En función de esa gradación se establecerá la protección policial que se considere adecuada. Con esta medida se pretende evitar casos como el de Encarnación Rubio, la primera mujer con orden de protección muerta a manos de su marido en Cúllar-Vega (Granada). Pese a que la juez ordenó a la Guardia Civil que la protegiera, el instituto armado argumentó que no había concretado qué tipo de amparo debía dársele. Jiménez murió el 31 de marzo a consecuencia del triple atropello de su marido, que incumplió el alejamiento incluido en una orden de protección.

- Mapa de riesgo. El plan aprobado prevé que los fiscales y las fuerzas y cuerpos de seguridad "fortalezcan los mecanismos de cooperación" para elaborar mapas de riesgo. Con esta a cartografía se busca mejorar la coordinación (y el número de agentes) para evitar las agresiones.

- Ayuda económica. Se mantienen los subsidios existentes para maltratadas sin medios económicos. Percibirán 345 euros mensuales durante 10 meses y una ayuda más, equivalente a tres mensualidades, si necesitan cambiar de domicilio. Se incentivará su entrada en el mercado laboral (ya está bonificada su contratación). En el plan no se ha incluido finalmente la concesión de más presupuesto a la creación de casas de acogida.