Eudel lleva a los tribunales a Vivienda por su orden sobre adjudicación de pisos

La Asociación de Municipios Vascos-Eudel dijo ayer basta al consejero de Vivienda, Javier Madrazo, y anunció la presentación de un recurso al Contencioso contra la orden promulgada por el departamento en marzo que regula la adjudicación de viviendas de protección oficial promovidas por los ayuntamientos. Eudel considera que la norma vulnera las competencias municipales y supone un menoscabo del poder local al no respetar sus planteamientos en esta materia. El recurso aflora la absoluta falta de sintonía entre los ayuntamientos y el departamento, algo que hasta ahora se había traslucido en críticas aisladas de algunos alcaldes y en unos reproches más recientes del propio presidente de Eudel, el peneuvista Karmelo Sainz de la Maza, a Madrazo.

La orden del consejero, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el pasado 17 de marzo, establece la forma de adjudicar los pisos de protección oficial promovidos directamente por los ayuntamientos, a los que se aplica en la práctica las mismas condiciones que si se trataran de promociones del Gobierno. Según expuso Madrazo en su momento, el objetivo de la orden es "dignificar" esta modalidad de vivienda a través de la "transparencia y la igualdad de oportunidades". Sin embargo, la norma ha puesto en pie de guerra a Eudel, cuya comisión ejecutiva, integrada por PNV, PSE, Eusko Alkartasuna y el Partido Popular, dio el visto bueno en su reunión del jueves a la interposición del recurso.

Eudel recibió en octubre del año pasado el primer borrador de la orden enviado por el departamento. Desde entonces, la consejería le ha enviado otros tres borradores para que los ayuntamientos pudieran hacer las aportaciones que quisieran. Pero, tras ese medio año de consultas institucionales, el departamento publicó en marzo la orden definitiva en el BOPV sin "tener en cuenta" las consideraciones de los consistorios. "El departamento publica una orden que no respeta la autonomía municipal en una materia que desde años vienen promoviendo y gestionando los ayuntamientos con eficacia y transparencia", se queja Eudel.

La orden aprobada por la consejería de Vivienda extiende a las promociones de los ayuntamientos la obligación de asignar los pisos de protección oficial mediante sorteo. En el caso de que existan ayudas del Gobierno, no se podrá exigir un plazo mínimo de empadronamiento que supere los tres años. Otro de los requisitos es la obligación de figurar en el listado de Etxebide (el Servicio Vasco de Vivienda, donde se inscriben los demandantes de pisos) para acceder a los sorteos. Según Vivienda, la existencia de otro tipo de registros genera "confusión" y aumenta el coste.

La norma también establece una serie de condiciones a los consistorios antes de que puedan sortear los pisos, como la obtención de la calificación provisional de las promociones. Este certificado lo expide la delegación provincial de Vivienda después de estudiar el proyecto básico de cada edificación, que incluye los planos de las casas y las características del edificio. Así, los futuros compradores conocerán con antelación todas las especificaciones de su vivienda.

Este trámite obligará, por ejemplo, a que el Ayuntamiento de Vitoria retrase hasta el próximo año el sorteo de casi 1.000 casas que tenía previsto realizar en otoño. El alcalde, Alfonso Alonso, ya ha ordenado a los servicios jurídicos municipales que recurran la orden. Este certificado es la garantía que tienen los compradores de que el piso protegido que les toque en el sorteo se va a construir tal y como está previsto, aseguran fuentes del departamento. Vivienda ha aplazado cualquier respuesta oficial hasta una rueda de prensa que el viceconsejero Javier Dean ofrecerá el lunes.

Eudel comparte con la consejería la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar irregularidades y defiende el sistema de sorteo. Las coincidencias se quedan ahí, porque desde ese punto la asociación municipal desgrana una larga lista de críticas al consejero. Los reproches van desde la ausencia de "una auténtica política de cooperación" hasta su obsesión "reglamentista", que le lleva a cercenar la autonomía municipal en "aspectos muy relevantes".

El hecho de que el departamento se dedique a "ningunear" los registros municipales de demandantes de vivienda y la imposición unilateral del listado de Etxebide lleva a Eudel a criticar la "política centralizadora" del consejero, en la que los ayuntamientos juegan un papel de "subordinados, suministradores de recursos de suelo y meramente ejecutores de las decisiones del departamento".