El Superior falla que las torres de Isozaki vulneran el plan urbanístico de Bilbao

El Ayuntamiento dice que la superación del volumen construido no afecta al proyecto

El proyecto estrella del Ayuntamiento de Bilbao, las torres del arquitecto japonés Arata Isozaki en Uribitarte, ha sido cuestionado parcialmente por los tribunales. El Tribunal Superior ha sentenciado que tiene un "exceso de edificabilidad" de casi 2.900 metros cuadrados. El proyecto, en obras desde hace año y medio y que se quiere concluir para 2006, contempla una superficie edificatoria de más de 41.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento aseguró ayer que el fallo no afecta a las viviendas y oficinas previstas. "De hecho no lo hemos recurrido", aseguraron.

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El complejo urbanístico de Uribitarte, situado a escasos 300 metros del Museo Guggenheim, prevé la construcción de dos torres de 82 metros de altura y 22 plantas cada una, destinadas a viviendas, y siete edificios más adyacentes (tres de ellos también para uso residencial y el resto para oficinas). En total, el proyecto -denominado Isozaki Atea (la puerta de Isozaki)- incluye 257 pisos.

Desde que la promotora Ibaibide lo impulsó en 1999 ha sido cuestionado por los vecinos de la zona, opuestos a la pantalla visual de los rascacielos. Los residentes, que formaron en 2000 una asociación para luchar contra su construcción, han presentado varias demandas en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó el pasado año una denuncia que se basaba en la destrucción del conjunto arquitectónico -las torres ocuparán el antiguo depósito franco de Bilbao-, desviación de poder y trato favorable a intereses particulares. El Superior desestimó entonces que existiera una "modificación sustancial" del planeamiento urbanístico y consideró legal la alteración de la protección del antiguo depósito.

Ocho cuestiones

En mayo de 2002, la asociación vecinal presentó otra demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior contra el plan urbanístico, el llamado estudio de detalle, en el que se denunciaban ocho cuestiones concretas, como defectos en el proceso de información pública, afección al patrimonio histórico o aumento de la superficie construida permitida.

En la sentencia de la Sala, dictada el pasado 25 de febrero, sólo se acepta esta última cuestión. El problema reside en que, durante la tramitación administrativa en el Ayuntamiento, se incorporó al proyecto original la construcción de equipamientos municipales: un aparcamiento para los servicios del consistorio y un hogar de jubilados. Ambos espacios suman cerca de 4.000 metros cuadrados, que fueron cedidos por la promotora del proyecto. Pero los vecinos argumentaron que, con estos servicios, la superficie construida superaba los 44.000 metros cuadrados, frente a los casi 41.500 que permitía el plan urbanístico.

El Tribunal Superior considera que el aparcamiento y los equipamientos, que alcanzan casi los 2.900 metros cuadrados, "computan a los efectos de la edificabilidad máxima" establecida en el plan general. Por ello, declara la anulación del plan urbanístico de Uribitarte "exclusivamente en cuanto contempla un exceso de edificabilidad sobre la prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao" y desestima los otros siete motivos esgrimidos por los vecinos.

El Ayuntamiento de Bilbao restó trascendencia a la sentencia y afirmó que no afectará al proyecto, tanto en lo que se refiere a las viviendas como a las oficinas. Fuentes municipales señalaron que la superficie de 1.400 metros cuadrados dedicada a equipamientos municipales "ya se bendijo luego con la modificación del PGOU", puesto que el "estudio de detalle se había hecho con anterioridad". Sobre la superficie destinada al aparcamiento para los servicios municipales señalaron que "ya se verá si se hace o se incorpora luego" al plan de la zona. "De hecho, se ha decidido no recurrir, porque las cuestiones fundamentales las ha rechazado el tribunal", agregaron las mismas fuentes.

La promotora del proyecto, la sociedad Ibaibide, no comentó el fallo, alegando que la persona encargada de las cuestiones jurídicas se encuentra en el extranjero. La asociación de vecinos del Ensanche y Campo Volantín tampoco realizó ayer valoraciones y se remitió a la rueda de prensa que ha convocado para hoy.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 29 de abril de 2004.

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