El Gobierno promete no hacer reformas por decreto y subir un 30% el salario mínimo

"No habrá reformas por decreto". Esta frase del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en el octavo congreso de Comisiones Obreras se convirtió ayer en el primer compromiso ante los agentes sociales. A ese compromiso le siguió, en el día de ayer, una petición realizada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a las centrales: que apoyen una iniciativa que presentará próximanente en Bruselas para relanzar la economía de los países africanos.

Ayer, en el congreso de CC OO y en el que fue su primer acto público desde su toma de posesión, el titular de Trabajo recordó la promesa electoral de elevar el salario mínimo interprofesional un 30%, hasta 600 euros en cuatro años, una medida que empezará a poner en marcha el Consejo de Ministros en su próxima reunión. La reducción de la temporalidad en el empleo y el cambio de modelo productivo de la economía fueron los principales retos lanzados por Caldera.

El primer mensaje público de Caldera como ministro de Trabajo tuvo como destinatario un auditorio ávido de propuestas sociales y que recibió con agrado las palabras del ministro. La iniciativa más celebrada fue el rechazo de Caldera a imponer reformas a golpe de decreto, sin el respaldo de los agentes sociales. "No habrá imposiciones desde el Gobierno que represento", exclamó el ministro, arropado por el aplauso de los asistentes. Los términos "diálogo" y "acuerdo" jalonaron gran parte del discurso del titular de Trabajo.

Más allá de esta referencia a las formas, Caldera aprovechó para enunciar algunas de sus intenciones para los próximos años. El salario mínimo interprofesional, ahora en 460,50 euros mensuales, subirá progresivamente, a lo largo de la actual legislatura, hasta 600. El próximo Consejo de Ministros abordará una primera modificación. También crecerán las pensiones, en especial las mínimas, por encima del índice de precios al consumo, y las de viudedad. El derecho a la prestación de viudedad se extenderá a las parejas de hecho estables. Y las prestaciones del antiguo SOVI (seguro obligatorio de viudedad e incapacidad) se equipararán a las pensiones mínimas de viudedad ordinarias.

Caldera admitió que el mercado laboral español arrastra una temporalidad inherente a la importancia de algunas de sus actividades: la hostelería, el turismo y la agricultura. Pero la precariedad, que afecta a un tercio de los trabajadores, el doble que en la Unión Europea, "ha desbordado las razones estructurales", por lo que es necesario frenarla.

Para ello, el Ejecutivo rebajará las cotizaciones por desempleo en los contratos indefinidos. Así, se intentará fomentar la contratación fija rebajando lo que pagan los empresarios cuando realizan estas contrataciones. También se reforzará el principio de causalidad en la contratación (limitar los motivos por los que se puede firmar un contrato eventual) y se perseguirá el fraude consistente en encadenar múltiples contratos eventuales en sustitución de uno indefinido.

El impulso de los contratos a tiempo parcial y de los fijos-discontinuos de carácter indefinido completan el capítulo de lucha contra la precariedad. En cuanto al actual modelo de financiación de las organizaciones sindicales, el ministro se mostró partidario de "avanzar en su mejora". El ministro realizó un diagnóstico de la economía que las organizaciones sindicales y numerosos expertos respaldan plenamente. El crecimiento económico entraña "carencias", pues se apoya en el auge "de la construcción residencial y los servicios de menor valor añadido". Para frenar esta tendencia, Caldera propuso aumentar la productividad invirtiendo en "capital humano, físico y tecnológico".

Regular la inmigración

Otra de las ideas que fue bien acogida fue el compromiso de Caldera con el actual sistema de Seguridad Social. "Este Gobierno apuesta por el modelo público y de reparto del sistema de la Seguridad Social", aseguró el ministro.

En una reunión celebrada en la tarde de ayer con el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), John Monks, y el presidente del organismo, Cándido Méndez, Rodríguez Zapatero solicitó el apoyo de los sindicatos europeos a la idea de una especie de Plan Marshall (iniciativa de reconstrucción de los países europeos lanzada por EE UU tras la Segunda Guerra Mundial) para África. La propuesta del Gobierno español, con un horizonte temporal de 10 años, trata de facilitar el desarrollo de un continente olvidado y facilitar así la regulación de la emigración (legal e ilegal) que asimila a muy duras penas la UE.