El Gobierno sostiene que el 'plan Ibarretxe' evita el cierre de empresas

La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, admitió ayer que la marcha de las empresas alavesas Newell y Expal ha suscitado "preocupación" en el Ejecutivo y señaló que el plan Ibarretxe busca lograr "una sociedad competitiva y atractiva para las empresas". La portavoz reconoció, sin embargo, que el Gobierno "difícilmente" podía haber realizado actuaciones concretas para evitar su cierre y se remitió a las palabras del diputado general alavés, el popular Ramón Rabanera, para justificar la imposibilidad de una intervención institucional ante una decisión empresarial así.

La portavoz del Ejecutivo puso la propuesta de Ibarretxe como instrumento factible para evitar la marcha de empresas del País Vasco, pese a reconocer que el problema de la deslocalización afecta a todos los países de la Europa desarrollada. "Todos sabemos que en una sociedad democrática y en los mercados económicos no se puede obligar a las empresas a estar en un sitio determinado y que hay que respetar las reglas de juego en ese sentido", indicó. Pese a ello, Azkarate sostuvo que "una de las grandes razones" del plan Ibarretxe es intentar "crear una sociedad competitiva y atractiva para las empresas que evite que, por bajos costes u otras razones, se produzca esa deslocalización".

La decisión de Expal, integrada en Unión Española de Explosivos (UEE), y de la multinacional Newell de abandonar el País Vasco "ha suscitado preocupación en el Gobierno" en cuya reunión de ayer "se han comentado la situación y las noticias que tenemos al respecto", reconoció la portavoz, quien anunció para hoy una reunión entre los comités de empresas de ambas firmas y Empleo.

Azkarate reconoció tácitamente la impotencia institucional ante la situación al admitir que "lo más que el Gobierno puede hacer" es arbitrar "medidas que perjudiquen lo menos posible" a la plantilla y procurar que "no sea traumática para esas personas la experiencia del cambio de la empresa".

En ese sentido, anunció para hoy una reunión entre los comités de empresa de Expal y de Newell con el departamento que encabeza Joseba Azkarraga, pero no pudo precisar qué iniciativas concretas ha abordado el Ejecutivo antes de que las empresas adoptaran su decisión para intentar retenerlas en Euskadi. "Difícilmente se puede llevar a cabo actuaciones concretas", dijo, para mostrarse de acuerdo con las declaraciones de Rabanera en el sentido de desear que se trate de "dos experiencias puntuales". "Es difícil intervenir desde las instituciones, sea el Gobierno o las instituicones forales en lo que son decisiones de empresas sobre dónde van a colocar sus fábricas", admitió también.

El propio Ibarretxe aprovechó por la tarde un acto organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Álava para mostrar su convencimiento en el "futuro económico de Alava y Euskadi".

Rabanera señaló también ayer que en estos casos la Diputación lo único que puede hacer "es facilitar el reciclaje de los trabajadores". En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Diputados, Rabanera anunció que el diputado Carlos Samaniego ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Vitoria para intentar que los trabajadores que vayan al paro reciban una formación adecuada a las ofertas de empleo actuales, de manera que puedan recolocarse en otras empresas.

El diputado general lamentó que por la competencia y la falta de productividad estas compañías se vean abocadas al cierre, pero reiteró que se trata de dos industrias privadas.

El Gobierno expondrá hoy, a través de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y en el marco de la ponencia parlamentaria creada para el debate del plan Ibarretxe, un informe que el Consejo aprobó ayer, en el que se analizan las claves del desarrollo económico de los últimos 25 años y su relación con las políticas públicas y el marco institucional que lo ha hecho posible. El Ejecutivo, dijo la portavoz, desea con ello "realizar una aproximación económica a los efectos y condicionantes que el marco institucional supone para el crecimiento económico y el bienestar social".

Los trabajadores de las dos empresas se encuentran a la espera de entablar un diálogo con la patronal. Desde el comité de Expal se considera que la propuesta de enviar a dos tercios de la plantilla a Extremadura y el resto a Burgos es poco viable porque no todos los trabajadores están en la misma situación.

El comité de Newel se muestra dispuesto a hablar, aunque rechaza frontalmente el cierre, ya que la empresa ha estado trabajando hasta Semana Santa con un refuerzo de 70 eventuales y con turnos de horas extras. Mañana tienen previsto reunirse con la dirección.