Justicia reformará el proceso penal y el estatuto de los fiscales

El nuevo ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, proyecta la elaboración de un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal previo a la elaboración de un nuevo proceso penal "con todas las garantías", que recoja la jurisprudencia constitucional de los últimos 25 años. López Aguilar quiere contar con el mayor consenso posible, tanto del PP como de las comunidades autónomas, para sacar adelante las grandes reformas estructurales de la justicia.

"Lo primero y principal que vamos a hacer es preparar cuidadosamente la próxima Comisión de Justicia e Interior del Congreso, a la que que queremos llevar una declaración programática de la legislatura", manifestó ayer a El PAÍS el nuevo ministro de Justicia , Juan Fernando López Aguilar, tras el acto de traspaso de poderes en la sede del departamento.

Entre las grandes directrices de su programa, López Aguilar mencionó una "nueva disposición de las piezas en la arquitectura del sistema judicial", la promulgación de "un nuevo proceso penal" y el "incremento de medios personales y materiales" para atender a todo ello.

Dentro de las reformas de la estructura judicial, López Aguilar dio prioridad a la "justicia de proximidad" al ciudadano o de primer nivel, para que los litigios civiles y penales menos complejos sean resueltos de manera rápida y sencilla.

En ese capítulo se inscribe la reforma de los procesos de familia, que tiene a simplificar los trámites o a suprimir el periodo de separación previa al divorcio, para reducir las tensiones entre los cónyuges, origen de la gran mayoría de muertes de mujeres a manos de sus parejas.

López Aguilar manifestó también que acometerá la reforma de la planta judicial "para redistribuir la carga de trabajo entre los tribunales superiores de Justicia y el Tribunal Supremo".

Mientras algunas de las salas de justicia del Tribunal Supremo se encuentran desbordadas, los tribunales superiores tiene una carga de trabajo muy inferior. El objetivo es que los asuntos conocidos por las audiencias provinciales sean revisados en segunda instancia por los tribunales superiores, descargando de asuntos al Tribunal Supremo, cuya función casacional se dedicará a la unificación de doctrina. De paso se dará cumplimiento al principio de la "doble instancia penal" contenido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York suscrito por España y cuyo cumplimiento sobre ese aspecto se viene reclamando a España desde instancias como la Organización de Naciones Unidas.

Diálogo con las autonomías

López Aguilar destacó también la necesidad de "potenciación del escalón autonómico de la Administración de Justicia" y el diálogo permanente con las comunidades autónomas, la mitad de las cuales tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. El ministro expresó su preocupación porque algunas autonomías, y citó como ejemplo Castilla-La Mancha, tengan amplias competencias en materia de Justicia y no las desarrollen por el coste que tienen. "Hay que hablar con todas las autonomías y ver lo que pasa", manifestó.

El nuevo titular de Justicia, que además es catedrático de Derecho Constitucional, manifestó que quiere desarrollar "un nuevo proceso pena que incorpore todas las garantías contenidas en la jurisprudencia constitucional de los últimos 25 años respecto a imputados, procesados y condenados".

Como paso previo, se elaborará un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. La última reforma de esta norma se hizo en mayo de 2003, principalmente para limitar el mandato de los fiscales jefes y deshacerse así de los fiscales incómodos al anterior Ejecutivo.El ministro indicó que por el momento no hay decisión sobre quién será designado nuevo fiscal general del Estado en sustitución del actual, Jesús Cardenal. López Aguilar ha mantenido varios contactos con el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el particular: "Él decidirá", aseguró.

El incremento de medios personales y recursos materiales lo hará "sobre la mayor base de acuerdo y consenso posible". En su programa electoral, el PSOE se comprometió a crear 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales.