El bajo gasto público social

A raíz de la publicación de las ponencias de las jornadas sobre L'Estat de benestar a Catalunya (21, 22 y 23 de julio de 2003) y El Estado de bienestar en España (18 y 19 de diciembre de 2003) que dirigí, que se celebraron en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMPB) y que mostraban que la España social no iba bien y que la Cataluña social, en varias dimensiones y componentes del Estado de bienestar, iba peor, hubo varios partidos de la oposición y movimientos sociales que utilizaron tales datos en las últimas campañas electorales catalana y española para denunciar una situación que consideraban, con razón, intolerable. Las fuerzas conservadoras y liberales y sus aliados en el mundo intelectual respondieron con todo tipo de insultos no sólo a los partidos y movimientos sociales en oposición, sino también a los autores de tales estudios. Tal respuesta continúa hoy en un tono más moderado, aunque a veces no menos insultante. Lamento que ello sea así, pues la importancia de los asuntos tratados merece un debate en el que los desacuerdos se expresen con el rigor que tales asuntos exigen.

En nuestros trabajos mostramos que el gasto público social (que incluye, entre otros, el gasto en pensiones y en servicios públicos como sanidad, educación, servicios sociales, ayudas y servicios de ayuda a las familias -como escuelas de infancia, servicios domiciliarios para personas con discapacidades y residencias de ancianos-, vivienda social y prevención de la exclusión social) es muy bajo, a lo cual se nos ha respondido que estos datos en realidad no significan nada. Estoy en profundo desacuerdo con esta afirmación puesto que el hecho de que Suecia, por ejemplo, gaste el 32,3% de su PIB en gasto público social (sin incluir educación) y España sólo el 20,1%, supone que Suecia tiene proporcionalmente muchos más fondos para sus servicios del Estado de bienestar que España, lo cual hace posible que Suecia, por lo general, tenga unos servicios públicos de mayor calidad que España, tal como documentaron varios ponentes de las jornadas. Naturalmente que el porcentaje del gasto público social sobre el PIB no es un dato suficiente para explicar la calidad de tales servicios puesto que el elevado gasto público social posibilita pero no garantiza la calidad de los servicios públicos. Pero la evidencia internacional muestra claramente que un bajo gasto público social, como es el caso español, dificulta enormemente el desarrollo de unos servicios públicos de alta calidad.

Se ha negado también que el hecho de que el gasto público social como porcentaje del PIB haya ido disminuyendo desde el año 1993 sea una realidad preocupante puesto que el gasto público social ha ido en realidad aumentando, aunque su porcentaje sobre el PIB ha ido disminuyendo como consecuencia de que el PIB ha estado creciendo más rápidamente. Esta observación merece dos respuestas. Una es que si el gasto social como porcentaje del PIB ha estado descendiendo desde 1993 hasta hoy significa que el Gobierno no ha aprovechado el elevado crecimiento económico del país para mejorar su Estado de bienestar en la medida que su desarrollo económico lo permita. Si nuestro PIB per cápita, por ejemplo, es el 82% del promedio de la UE, pero nuestro gasto público social per cápita es sólo el 60% y ello continúa siendo así (o deteriorándose), la oposición al Gobierno tiene todo el derecho a denunciar que tal Gobierno no está aprovechando el crecimiento de su nivel de riqueza para poner sus servicios públicos al nivel de desarrollo económico que el país tiene, que es precisamente lo que está pasando en España. A esta respuesta debe, además, añadirse otra, que es que para analizar la evolución del gasto público social y ver si hay o no crecimiento del déficit social con la UE, la mejor manera es ver los cambios en el gasto público social per cápita. Pues bien, tal gasto, en el periodo 1993-1996, en realidad descendió y luego (después de 1996) aumentó muy lentamente, mucho más lentamente que el promedio de la UE, con lo que el déficit de gasto público social de España con la UE ha ido creciendo. Así, España es no sólo el país con el gasto público social más bajo de la UE (después de Irlanda y Portugal), sino también el que tiene un crecimiento mayor del déficit social de España con la UE-15.

Tampoco es cierto, como se ha dicho, que cuanto mejor vaya la economía menor gasto social será necesario. Esto es sólo cierto para las prestaciones por desempleo, que disminuyen cuando baja el paro. Pero el crecimiento económico debe posibilitar el crecimiento del gasto público social a fin de satisfacer las necesidades humanas (como sanidad y servicios de ayuda a las familias) y económicas (como educación y vivienda). Suecia, un país que incluso el semanario liberal The Economist define como uno de los más eficientes económicamente (con muy bajo desempleo y salarios altos), tiene el gasto público mayor. Y tampoco es cierto que el crecimiento económico requiera mayores desigualdades de renta. Suecia, de nuevo, tiene las menores desigualdades de renta de la UE y goza a la vez de una de las economías más competitivas hoy existentes.

Otros dos comentarios. Cuando en el estudio mostramos Cataluña en términos comparativos, lo hacemos principalmente con otras comunidades autonómicas, mostrando también la gran distancia que existe entre el gasto público social de España y Cataluña y el de la UE. Creo que la evidencia de nuestro déficit social es abrumadora; basta con hablar con las consejerías de las comunidades autónomas y con los ministerios responsables de las áreas sociales en España. Todas ellas tienen problemas graves debido al bajo gasto público social.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.