"La Generalitat no ha traspasado la legalidad"

La consejera de Enseñanza catalana rechaza rotundamente lo que le recriminó la todavía ministra de Educación en funciones Pilar del Castillo: haber incumplido la ley y haber atentado contra el Estado de derecho cuando decidió congelar la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) a la espera de la moratoria anunciada por el nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Cid defiende también las primeras medidas en materia educativa aprobadas por el Tripartito. El decreto de admisión de alumnos establece oficinas municipales de escolarización para distribuir equilibradamente al alumando inmigrante entre los centros públicos y concertados y prevé retirar los conciertos a los colegios que segreguen a los alumnos por el sexo. La escuela religiosa ha presentado numerosas alegaciones.

"Los fondos necesarios no pueden salir sólo de la Administración catalana"

"Habrá unas 2.280 nuevas incorporaciones de docentes de primaria y secundaria"

Pregunta. ¿Qué le decidió a anunciar que aplazaba el desarrollo de la LOCE?

Respuesta. El 15 de marzo, el día siguiente de las elecciones, ya pedimos una moratoria de dos años y desde el PSOE, incluido Zapatero, se nos dijo que así se haría. Entendemos que en septiembre esto habrá cambiado y nos parece importante que se aparque, congele, y no decimos suspender porque no es potestad nuestra el hacerlo, simplemente detenemos el desarrollo de la ley hasta que sepamos en qué sentido van las cosas. Cierto que el momento político es complicado, el Gobierno está en funciones y hay cosas que pueden esperar, pero el problema con la enseñanza es que el tiempo corre en contra, no es posible frenar el curso que empezará en septiembre. En los temas de educación los mensajes deben ser claros.

P. ¿La Generalitat ha vulnerado la ley?

R. La Generalitat no ha traspasado la legalidad, no ha dictado ninguna norma, ningún decreto, nada que permita decir que haya vulnerado ninguna ley.

P. El Gobierno catalán acaba de aprobar un nuevo decreto de matriculación que ha sido mal recibido por la escuela concertada.

R. Éste ha sido un decreto que por primera vez ha tenido una exposición pública y ha permitido presentar alegaciones. Es una muestra, como lo son también el decreto de directores y otros, de una voluntad muy clara de actuar con transparencia y participación del ámbito educativo. Hemos incorporado muchas de las alegaciones y sugerencias que se nos han hecho. Hay otras que no hemos tomado en consideración, como las que hacen referencia a los conciertos educativos o sobre la suficiencia [de financiación] de los módulos de los conciertos, porque entendemos que forman parte de otra temática que debe ser tratada aparte. El objetivo de este decreto es la igualdad de oportunidades: que los padres puedan hacer la elección de centro correspondiente, y no que haya una posible elección desde los centros sobre el alumnado.

P. La escuela concertada se queja de que la cuantía del concierto es insuficiente si se le pide que escolarice a alumnos de procedencia inmigrante.

R. Esto es una cuestión diferente del decreto de admisión. Se nos ha transmitido de manera reiterada la preocupación por lo que supone la escolarización de alumnado con necesidades educativas específicas y el gasto económico que conllevaría. Estamos dispuestos a hablar de ello en lo que respecta al módulo del concierto. Pero lo que sí es evidente es que lo que marca el concierto es la gratuidad de la enseñanza obligatoria, y por tanto esto es lo que se garantiza con este decreto de alumnado. No es de recibo decir que no puede darse la enseñanza gratuita si se dejan de cobrar las cuotas voluntarias. Éste es un discurso que no es susceptible de debate en un decreto de admisión de alumnado, porque las cuotas son voluntarias, si no, serían otra cosa. El módulo, por otra parte, nos viene dado por los Presupuestos Generales del Estado.

P. A quienes les acusan de coartar la libertad de los padres para elegir centro ustedes les han respondido que lo que pretenden impedir es que sean los centros quienes escojan a los alumnos.

R. Claro. ¿Y qué alumnos escogen los centros? Aquellos que pueden pagar cuotas voluntarias.

P. Ustedes han anunciado que ampliarán en más de 2.000 personas la plantilla de profesorado para el curso que viene. ¿Hay dinero para pagarlo?

R. Estamos trabajando a fondo en el tema presupuestario. Tenemos un presupuesto prorrogado. Somos conscientes del impacto que supone la incorporación de alumnado en número importante, especialmente los que llegan a lo largo del curso. La previsión que hacemos cara al curso 2004-2005 requiere un incremento importante en cuanto a maestros y profesores, y esto significa una importante dotación presupuestaria. El Gobierno de la Generalitat ha dicho de manera muy clara que la educación es uno de sus puntos clave. Evidentemente, todos los fondos necesarios no pueden salir sólo de la Administración catalana. Me satisface que desde el PSOE se diga también que la educación es uno de sus objetivos prioritarios.

P. ¿Cuantos profesores pretenden incorporar a la plantilla?

R. En torno a 2.280 nuevas incorporaciones en maestros de primaria y profesores de secundaria. También estamos ordenando los servicios educativos, donde creemos que debe hacerse un trabajo importante de coordinación.

P. Los actuales conciertos educativos tienen todavía una vigencia de dos años. ¿Que piensan hacer con las subvenciones que el anterior Gobierno de CiU otorgó a una serie de escuelas de élite?

R. Creo que lo justificó diciendo que había un excedente presupuestario... No creo que esta consejera pueda pensar en excedencias presupuestarias con la situación que tenemos y con las mejoras que queremos introducir, siempre con los objetivos de calidad y de cohesión social. De todos modos, lo que sí quiero decir es que nosotros estamos decididos a establecer unos criterios de concierto que, evidentemente, deberán ser cumplidos por todo el mundo que quiera acogerse a ellos. Veremos quién cumple y quién no.

P. ¿La separación de sexos se contempla en la matriculación y en los conciertos?

R. En el decreto de admisión lo único que hemos hecho es incluir y respetar lo que históricamente había en los decretos de admisión y que en este último, que nosotros nos encontramos sobre la mesa -hecho por el Gobierno de CiU-, se había obviado este motivo de discriminación. Fue el propio Consejo Escolar de Cataluña quien dijo que era recomendable que todos los motivos de discriminación que contemplan nuestros textos de gran consenso, como la Constitución, se reflejen, y que no pueda haber ninguna omisión en el redactado por esta cuestión. Lo que hacemos es introducir lo que había ya existido en otros decretos de matriculación anterior.

P. ¿Qué efectos prácticos tendrá?

R. Habrá que ver qué situaciones surgen con la preinscripción. ¿Tendremos alumnos que puedan sentirse discriminados por razón de sexo si piden su plaza en un centro privado concertado que discrimina? No lo sé. En todo caso, ya hablaremos de ello en el momento en que pueda producirse esta cuestión. Lo cierto es que éste es un criterio. La educación no es sólo la transmisión de conocimientos, sino que educar significa también un trabajo en valores sociales, y dentro de él uno de los importantes es el no a la discriminación por cualquier tipo de distinción, que lo que hace es enriquecer nuestra diversidad pero en ningún caso permitir que ésta excluya a nada ni a nadie.