El Gobierno catalán creará una comisión para decidir si prohíbe las corridas de toros

El Gobierno catalán creará una comisión para decidir el futuro de las corridas de toros, según anunció ayer el director general de Juegos y Espectáculos, Xavier Guitart. La intención, dijo, es buscar el acuerdo máximo sin herir la sensibilidad ni los derechos de nadie. La decisión, aseguró, "no puede ser administrativa y fría". Y fría difícilmente lo será, porque la polémica desatada por la declaración efectuada el martes por el pleno municipal de Barcelona, que declaró antitaurina

la ciudad, provocó ayer una oleada de manifestaciones a favor y en contra.

A favor de las corridas se pronunciaron los toreros, los criadores de toros, las peñas taurinas de la ciudad, la Escuela Taurina de Barcelona; las manifestaciones en contra procedieron de diversas entidades defensoras de los animales, grupos ecologistas e Iniciativa per Catalunya Verds, partido que forma parte del gobierno municipal y del catalán y que anunció su intención, no urgente, de llevar el asunto al Congreso de los Diputados para que prohíba las corridas.

El Ayuntamiento de Barcelona estaba ayer sorprendido por el eco de la noticia y, en parte, casi desbordado por la multitud de llamadas de medios de todo el mundo que se interesaban por los detalles: desde la BBC británica hasta la colombiana Radio Caracol, pasando por medios de Francia, Italia, Holanda y prácticamente toda América Latina.

La sensación en Cataluña fue resumida por varios de los que intervinieron en el pleno que rechazó las corridas: la sociedad está dividida, aunque mayoritariamente es partidaria de eliminar las corridas por lo que tienen de sufrimiento para los animales. No obstante, el asunto no parece ser prioritario, convencidos los antitaurinos de que el tiempo y las costumbres juegan a su favor.

Esto supone que sean más beligerantes los partidarios de la fiesta. Así, los toreros calificaron la actitud de los ediles barceloneses de "intolerante", mientras que los criadores de reses argumentaban que la prohibición supondría pérdidas de puestos de trabajo y hablaban del valor ecológico de su labor al preservar la existencia del toro bravo.

El Gobierno catalán, por su parte, trataba de enfriar el asunto. Guitart anunció la comisión, ya prevista. El portavoz del Ejecutivo, Joaquim Nadal, sugirió que antes de actuar hay que "calibrar" la opinión social y las consecuencias. Cataluña tiene una ley de protección de los animales que permite las corridas en las plazas estables, aunque las prohíbe en otro tipo de recintos.