La juez admite a la Unión de Consumidores como acusación popular en el 'caso Fabra'

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, Fernanda Lorite, ha admitido la personación de la Unión de Consumidores (UCE) de la Comunidad Valenciana como acción popular en la investigación al presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública. La juez ha exigido a la UCE una fianza de 600 euros. La organización imputa a varios altos cargos, señala en su querella seis supuestos delitos y quiere que se llame a declarar a dos ex ministros, un ministro en funciones y dos diputados.

La juez señala a la UCE que, en el caso de que quiera personarse en el otro procedimiento, por un presunto delito contra la salud pública, deberá formular de nuevo la solicitud de forma separada y específica ya que, de momento, no acumulará las causas en un solo procedimiento. La UCE no ha

logrado su personación en el llamado caso Fabra como acusación particular sino como acción popular, con lo que queda la puerta abierta para que otros colectivos y asociaciones se sumen a la causa de "luchar por los derechos de los consumidores y usuarios, también en el ámbito de la Administración". Con la admisión de la querella presentada por la Unión de Consumidores, la acusación ya no recaerá únicamente en el fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, que había asumido el caso y que fue criticado, incluso por sus propios compañeros, por mantener una actitud benévola en sus interrogatorios a Carlos Fabra, a su esposa, Amparo Fernández, y a Monserrat Vives, ex esposa del empresario Vicente Vilar, que originó el caso y que también está imputado.

Vilar presentó dos querellas contra Fabra que fueron desestimadas. Sin embargo, la juez abrió dos procedimientos de oficio al entender que, del relato de las mismas y de los documentos aportados, se sostenía la sospecha de la posible comisión de un delito contra la salud pública y uno o varios contra la administración pública. Vilar apuntó a Carlos Fabra como único cargo institucional responsable de la comisión de los presuntos delitos, consistentes en cobrar por gestiones políticas para favorecer la autorización de productos fitosanitarios. Sin embargo, la querella de la UCE señala como acusados a otros cargos, todos ellos no aforados, entre los que se encuentran los entonces director general de Agricultura, Rafael Milán, la directora general de Sanidad, Dolores Flores, y el subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral. Además, la UCE quiere que se llame a declarar, de momento en calidad de testigos, al ex ministro de Agricultura, Jesús Posada, a la ex ministra de Sanidad, Celia Villalobos, al ministro en funciones de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, y a los diputados del PP Juan José Ortiz y Miguel Prim.

La querella presentada por la UCE señala la comisión de hasta seis presuntos delitos.

Tráfico de influencias. La Unión de Consumidores considera que Carlos Fabra, desde su posición de privilegio como autoridad institucional, utilizó su cargo para reunirse con ministros con el fin de acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios tanto para Artemis 2000, la empresa que comparten su esposa y la ex esposa de Vilar, como para Naranjax, firma que mantiene el empresario.

Cohecho. La querella recoge la acusación de Vicente Vilar, quien asegura que Carlos Fabra le cobró por las gestiones políticas realizadas. Los trabajos que presentó Fabra para justificar las facturas emitidas al empresario, por valor de 140.000 euros, transcriben parte de la guía de una mutua, intercalados con partes de la ponencia, accesible en Internet, de la directora de una auditora.

Prevaricación. El documento indica que pese a que Fabra no disponía de competencias para dictar resoluciones injustas, sí instó a otros a que lo hicieran. En este caso, el supuesto delito recaería en aquellos funcionarios que las hubieran dictado.

Malversación de fondos públicos. La UCE entiende que Fabra utilizó la sede y algunos medios de la Diputación de Castellón en beneficio propio. Y señala las visitas que algunos empresarios del sector fitosanitario hicieron al presidente de la Corporación y el uso de medios técnicos.

Abusos de los funcionarios en el ejercicio de su función. El presidente de la Diputación de Castellón habría abusado de su cargo para tener acceso a informaciones que, de otra manera, no hubiera obtenido. Además ese abuso se habría ejercido también para obtener beneficios propios.

Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. La denuncia sostiene que el líder del PP en Castellón no sólo ejerció su cargo como presidente de la Diputación sin haber declarado todas sus actividades sino que además pudo cometer un delito por su condición de "socio encubierto" en Naranjax, la empresa que fabrica los productos para los que se lograron las autorizaciones.