Los socialistas mantienen su compromiso de que actúe la Fiscalía Anticorrupción
El diputado del PSOE por Castellón y futuro ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, mantuvo ayer su compromiso de que el próximo Fiscal General de Estado encargue a la Fiscalía Anticorrupción que investigue al presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra. "Hay datos de sobra", señaló Sevilla en unas declaraciones realizadas ayer en la capital de La Plana, después de calificar de "razonable" que la juez de Nules encargada del caso haya admitido la querella de la Unión de Consumidores (UCE) de la Comunidad Valenciana en el procedimiento en el que se investiga a Fabra por presuntos delitos contra la Administración pública.
Antes de las elecciones, Jordi Sevilla lideró el envío de un escrito al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que solicitaba la intervención de los fiscales anticorrupción al considerar que "se está juzgando a un cacique y sería bueno que se hiciera fuera del lugar donde ejerce su caciquismo". Para el socialista, la personación de la UCE en el papel de acusación popular "introducirá más transparencia en el proceso", ya que "es bueno que en los procedimientos judiciales se manifieste el interés público no sólo a través de la figura del ministerio fiscal".
Por su parte, el grupo de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados anunció ayer que pedirá a los ministerios de Agricultura y de Sanidad la documentación relativa al proceso de legalización de los insecticidas comercializados por empresas relacionadas con Carlos Fabra. La solicitud será una de las primeras iniciativas parlamentarias que el grupo Esquerra Unida (EU-IU) pretende llevar a cabo en el Congreso de los Diputados, a través de la secretaria de la Mesa del Congreso y diputada por EU, Isaura Navarro, con el objetivo de determinar si se ha producido "tráfico de influencias" en la actuación de los citados ministerios.
La diputada Isaura Navarro explicó ayer que IU pretende conocer "no sólo la implicación del presidente de la Diputación de Castellón en este caso, sino también la de altos cargos del PP en el anterior Gobierno". Además, el portavoz de EU en las Cortes Valencianas, Joan Ribó, consideró ayer que articular esta iniciativa a través de las Cortes Generales es más eficaz ya que, según dijo, "hay aspectos de la corrupción que el PP ha desarrollado en este país que se podrán controlar y analizar mejor desde las instituciones estatales". Así, manifestó que intentar analizar en las Cortes Valencianas casos como el que afecta a Fabra "es difícil" porque el PP, con la mayoría absoluta de que dispone en la Cámara autonómica, "bloquea" todas las iniciativas que proponen los grupos parlamentarios de la oposición.
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