Menores en el ojo del huracán

¿Qué se puede hacer cuando un menor de edad colocado con disolvente o pegamento amenaza con un cuchillo, prende fuego a un sofá o roba una escopeta y se va a pegar tiros al monte? ¿Qué medida adoptar si ese joven es además un inmigrante que huyó de un ambiente hostil y lleva el desarraigo prendido en la piel? Estas son las preguntas que se hacen las instituciones y los educadores que trabajan con menores extranjeros conflictivos.

Cuando están a punto de cumplirse tres años de la revuelta de un grupo de menores acogidos en el centro Zabaloetxe que tiene la Diputación de Vizcaya en Loiu, un nuevo estallido de violencia, en esta ocasión en Orduña, reabre la polémica. Este centro se habilitó en junio de 2001 para paliar la saturación del de Loiu. Entonces, el objetivo de la Diputación, responsable de la tutela, fue el mismo que mantiene actualmente, separar a los violentos de la gran mayoría de menores inmigrantes, la mayoría marroquíes, que acude a Vizcaya a través del efecto llamada de los móviles.

Los menores causantes de los disturbios del 22 de marzo han sido dispersados

Sin embargo, la medida no ha salido bien. Y la institución foral anuncia que "lo antes posible" va a cerrar el centro de Orduña para destinarlo a otros usos. ¿Qué hará con los jóvenes? "Queremos abrir un centro nuevo para los problemáticos antes del verano. La veintena restante vivirán en pisos, que es la mejor forma de integración. El problema es encontrar un lugar donde se pueda albergar a los conflictivos", admite un portavoz de la Diputación vizcaína. Actualmente, hay 22 menores en Orduña; 66 en Zabaloetxe y 44, mayores de 18 años, en pisos de emancipación. Además, 10 que cumplen condena en en el caserío Mendixola, en la localidad alavesa de Aramaio, y un número sin determinar en Ortuella.

Los acontecimientos del 22 de marzo, que han propiciado la decisión de cerrar Orduña, son los últimos de una larga serie de incidentes. Juan María Aburto, diputado de Acción Social, califica de "desolador" el panorama que se encontró aquella madrugada. El pretexto del estallido fue la negativa de un joven de 18 años a abandonar el centro de acogida. "La situación se endureció y tras amenazar a los educadores y romper cristales, arrancaron y destrozaron el mobiliario y lo tiraron todo por el hueco de la escalera y las ventanas", relata Aburto, quien destaca que algunos chicos les hicieron saber su repulsa por lo que pasó. En el momento de los hechos, había en el centro tres vigilantes y tres educadores y aunque los implicados en los disturbios eran menos de 10, hubo que avisar a la Ertzaintza.

El juez ordenó la dispersión. Al mayor de edad se le ha impedido volver a Orduña y, aunque se le ofrecieron otras alternativas, según Aburto, se desconoce su paradero. Un menor fue trasladado a Loiu, cinco a los centros de régimen cerrado de Mendixola (3) y Zumárraga (2) y dos a Ortuella. Los daños en el edificio y el mobiliario alcanzan los 200.000 euros.

"El problema es que no hay medios. Orduña es un centro de acogida, con unas normas básicas y cinco educadores para 30 chavales. Pueden llegar a atemorizar. Se ríen de que les quiten los 6 euros de paga porque roban lo que quieren. Se saben totalmente impunes. Se les envía a Mendixola para que cumplan la pena, pero vuelven a Orduña a los tres meses y reinciden", relata T., un educador.

Otro educador que trabaja en Mendixola coincide. "Los chavales salen a la calle y vuelven colocados de disolvente. No puedes hace nada. Aunque aquí, en el régimen cerrado, es diferente; hay medidas coercitivas y disuasorias, hasta los platos son de plástico, y se les puede cachear", señala.

Para la Diputación de Vizcaya, la futura ley del Menor, "debería regular las posibilidades de intervención de carácter coactivo para hacer frente a situaciones extraordinarias que resulten peligrosas para la integridad física y moral del menor, de los otros menores, de los educadores o de las instalaciones".

Sin embargo, su petición no ha sido tenida en cuenta. El proyecto de ley de Protección y Atención a la Infancia y a la Adolescencia que está previsto que apruebe el Gobierno vasco el próximo mes de mayo no lo contempla. "El Ararteko ha señalado la improcedencia de crear servicios especiales, y menos aún centros, para un colectivo determinado, como es el de inmigrantes. Nosotros lo compartimos plenamente. No se han regulado medidas de limitación de derechos y libertades. En los casos necesarios hay que contar con autorización judicial y deben ser individualizadas. Lo que sí tiene que haber es todos los recursos humanos y materiales posibles y la adopción de medidas educativas y disciplinarias", defiende Ángel Bao, director de Asuntos Sociales del Gobierno vasco.