Bruselas y el antiterrorismo

Gijs de Vries, el nuevo señor Antiterrorismo de la Unión Europea, va a dejar en los próximos días su domicilio de La Haya para establecerse en Bruselas e intentar coordinar una política común, en un terreno muy delicado después de los atentados de Madrid, y para intentar vencer el escepticismo que ha desatado entre los especialistas el nombramiento de este hombre, que no procede de las esferas de la justicia ni los servicios de información y que, por consiguiente, a priori, no goza de la confianza de quienes, en el futuro, podrían promover una nueva forma de cooperación entre los Estados miembros.

"Esta designación no es más que una medida publicitaria, simbólica. Cuando no se sabe qué hacer, se nombra a un coordinador. Para actuar de verdad contra el terrorismo, para utilizar las informaciones, es preciso depender de una autoridad. Si Europa pretende actuar con eficacia, necesita dotarse de una estructura centralizada de investigación, y no de una nueva dirección de correo". Christian de Valkeneer, miembro del tribunal de apelaciones de Bruselas y profesor de procedimiento penal en la Universidad de Lovaina la Nueva, expresa una opinión tajante sobre la iniciativa de la cumbre europea de Bruselas, cuyo objetivo principal es, según él, tranquilizar a la opinión pública.

Previamente, este magistrado fue juez de instrucción especializado en casos de terrorismo. Manejó expedientes que desembocaron, en 2003, en el proceso emprendido en Bruselas contra dos ramas islamistas compuestas por unas veinte personas. La primera preparaba un atentado, seguramente contra la base militar estadounidense de Kleine Brigel, en la provincia belga de Limbourg. La segunda había permitido a dos marroquíes asesinar en su territorio a Ahmed Shah Massoud, el dirigente de la resistencia afgana contra los talibanes, la víspera del 11-S. Estas dos redes, próximas a la corriente salafista y mutuamente relacionadas, tenían conexiones en otros países de la UE, y habían tenido relación, sobre todo, con Richard Reid, el hombre que había querido hacer estallar un avión de la línea París-Miami.

Europeo convencido, Christian de Valkeneer ha vivido durante muchos meses los gozos y las sombras de una cooperación que, ante todo, depende de la buena voluntad de los actores. Ha llegado a la conclusión de que "desde el 11-S, hemos perdido dos años y medio". A su juicio, existen varios problemas, entre ellos la acción común en distintos países, con la coordinación de dicha acción y la utilización, en tiempo real, de los resultados que de ella puedan derivar. A pesar de las buenas intenciones que expresaron los dirigentes europeos al día siguiente de los atentados contra EE UU, este aspecto sigue sin resolverse, puesto que no todos los Estados han ratificado aún el acuerdo que se aprobó en su momento. Aparte de los equipos comunes de investigación que se preveían, opina el juez belga, habría que pensar también en equipos de magistrados comunes, porque está convencido de que, si no se unifican los procedimientos, los sistemas judiciales compartimentados seguirán llevando a cabo, cada uno por su lado, investigaciones, traducciones y comparecencias que serían mucho más eficaces y rápidas si se hicieran en común. Eso sí, para ello es preciso modificar ciertas mentalidades y costumbres: los policías británicos tienen un método de registro totalmente diferente del que se utiliza en otros lugares de la Unión; los servicios oficiales alemanes, a veces, tardan seis meses en responder a una solicitud de información presentada por otro país. En cuanto a la orden de detención europea, Christian de Valkeneer no duda en considerarla una herramienta poco interesante.

Es decir, como otros interesados que trabajan sobre el terreno, este juez cree que, al margen de las declaraciones de buenas intenciones, las susceptibilidades nacionales van a continuar frenando, todavía durante mucho tiempo, una cooperación judicial indispensable en la lucha, no sólo contra el terrorismo, sino contra el gran crimen. Y sugiere medidas drásticas: la instauración de una "investigación judicial europea" que otorgaría a los jueces competencias supranacionales. En su opinión, esta materia debería dejarse en manos de "un organismo basado en un sistema jurisdiccional, una jurisdicción concreta, con ministerio fiscal, autoridades judiciales, magistrados y servicios de policía". Motivo suficiente para forzar el abandono de las soberanías y una auténtica acción común que, pese a proclamarse en cada cumbre, está muy lejos de ser realidad: todos los expertos saben que, aunque los Veinticinco muestran unanimidad a la hora de denunciar a Al Qaeda, no están ni mucho menos de acuerdo en una definición común de terrorismo, y algunos, sobre todo en el norte, siguen poniendo en la balanza la libertad de pensamiento y la represión de ciertas corrientes extremistas.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.