Kirchner toma el control directo de una provincia de Argentina

El juez federal de la provincia argentina de Santiago del Estero, Ángel Toledo, ordenó la detención de la gobernadora, Mercedes Aragonés de Juárez, y de su esposo, el caudillo peronista Carlos Juárez, después de que el Congreso Nacional aprobara la intervención federal del Gobierno provincial por un plazo de 180 días. El presidente, Néstor Kirchner, designó al secretario de Justicia, el ex fiscal Pablo Lanusse, como interventor.

Lanusse, que en los últimos meses fue enviado junto con el secretario de Derechos Humanos del Gobierno nacional a recabar las denuncias de las ONG, se hizo cargo de los tres poderes de la provincia de Santiago del Estero y prometió una gestión "austera" para impedir la impunidad y restablecer la justicia. El juez Toledo impartió la orden de detención de los Juárez, que reclamaba el fiscal Alberto Pravia, y les impidió la salida del país después de que Carlos Juárez iniciara el miércoles el trámite formal para renovar su pasaporte. Esta madrugada ambos quedaron en arresto domiliciario.

Hace poco más de un mes, la ya ex gobernadora nombró ministro de Economía a su marido para protejerlo con los fueros del cargo.Juárez debe afrontar acusaciones por delitos de violación de los derechos humanos y crímenes cometidos en los años setenta. Nina, como llaman sus partidarios a la ex gobernadora, está acusada de instigar a la violencia y de supuestos delitos de corrupción. El administrador de los fondos de jubilaciones y pensiones de la provincia comprobó que Aragonés cobraba fondos ilegales.

Los Juárez se habían despedido del Gobierno y de sus partidarios el martes desde los balcones de la casa de gobierno provincial. Los manifestantes, más de 10.000, portaban pancartas de adhesión al Tata (padre, en lenguaje aborigen) y a Nina. En las pancartas se leían acusaciones contra el jefe del Estado. "Kirchner, traidor" y "A la Kaza de 600 millones", decían algunas de ellas. El ministro Juárez asegura que deja la provincia, una de las más pobres del país, con un superávit de 500 millones de pesos, unos 200 millones de dólares.

Uno de sus abogados defensores negó que Juárez piense salir de Santiago del Estero y dijo que el caudillo peronista espera con tranquilidad y con "marcada resignación" las decisiones de la justicia. El Ejecutivo envió al Congreso Nacional 13 cajas con denuncias y testimonios recogidos en Santiago del Estero para justificar la intervención. El ministro de Interior, Aníbal Fernández, consideró "ampliamente probada" la dependencia absoluta del poder judicial del Ejecutivo provincial.

La intervención federal de Santiago del Estero es la primera que ordena el Gobierno nacional desde que el presidente Néstor Kirchner iniciara su mandato el pasado mayo, pero es la decimocuarta en la historia de Santiago del Estero desde que las provincias juraran la Constitución Nacional en 1853.

El caudillo territorial Carlos Juárez, de 83 años, retiene el control político de la provincia desde hace 50 años, cuando llegó a la gobernación de la mano del movimiento nacional fundado por el general Juan Perón. La corrupción, la impunidad, los crímenes nunca aclarados y la violación sistemática de los derechos y garantías de los ciudadanos habían provocado ya en 1993 un alzamiento popular conocido como "el santiagazo". El Gobierno nacional que entonces presidía el también peronista Carlos Menem decidió la intervención y designó para el cargo a Juan Schiaretti, un funcionario vinculado al ministro de Economía Domingo Cavallo.

La gestión de Schiaretti fue denunciada también por actos de corrupción y la gestión concluyó en un fracaso que contribuyó a fortalecer el poder de los Juárez.