Teófila, bajo sospecha

Teófila Martínez, ex presidenta del Partido Popular de Andalucía (PP-A), está bajo sospecha por sus responsabilidades políticas en los escándalos del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, entidad que preside en su calidad de alcaldesa. Martínez ha intervenido personalmente en el nombramiento de los dos últimos delegados de la Zona Franca y es la responsable de convocar y presidir los plenos, máximo órgano de decisión y control de la institución.

Con la llegada del PP al Gobierno fue nombrado responsable del Consorcio Manuel Rodríguez de Castro, cuyo mérito profesional y político más notable era ser asesor personal de Teófila Martínez. Rodríguez de Castro dimitió o fue cesado años más tarde tras hacerse públicas numerosas irregularidades en la gestión de fondos de la entidad, con gastos injustificados en protocolo y viajes de hasta 600.000 euros.

El sustituto fue Miguel Osuna, en aquellos momentos, desmotivado subdelegado del Gobierno en la provincia. También hombre de confianza de Teófila Martínez, había manifestado su deseo de abandonar ese cargo y se le premia con una responsabilidad muy apreciada, por estar alejada de la refriega política y por los notables ingresos que reporta en concepto de retribuciones y dietas.

Cambió el responsable pero, al parecer, no cambiaron las prácticas de gestión, ni el oscuro modelo empresarial implantado por Rodríguez de Castro que, merced a un cambio en los estatutos de la entidad, de actuar sólo en el recinto fiscal y a efectos fiscales, pasó a poder hacerlo en negocios relacionados con la promoción de suelo industrial, desarrollo inmobiliario y comercial, servicios de empresas, catering, industrias de conservas de pescado, etcétera.

El Tribunal de Cuentas y el propio Miguel Osuna han certificado que se han cometido irregularidades en el Consorcio de la Zona Franca, con acusaciones muy graves de despilfarro en gastos personales y suntuarios, falta de justificación de sumas millonarias, apropiación indebida de tres millones de euros, cohecho y prevaricación en la adjudicación de contratos públicos, falsificación de documentos contables y contrataciones irregulares. Tras el dictamen del alto tribunal, ocultado celosamente durante tres meses para evitar su incidencia electoral, Teófila Martínez siguió negando responsabilidades políticas o jurídicas.

Las dudas y sospechas se extienden al conglomerado empresarial público montado por el PP en torno al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Sorprende que, mientras la ideología y práctica política del PP en todo el país es la privatización, en Cádiz haya montado un entramado de empresas que se dedican a las más diversas actividades y que gira sobre un consorcio nacido, exclusivamente, para aprovechar ventajas fiscales en un recinto reducido, que se han negado a ampliar a pesar de la demanda y consenso existente para extenderlo al Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real.

Los paladines de la privatización y la libre competencia deben explicar por qué han montado, en sectores donde operan firmas privadas eficientes y reconocidas, empresas favorecidas por las administraciones públicas con subvenciones, préstamos subvencionados y contratos de suministros. Deben explicar por qué han llevado a cabo estas iniciativas al margen del control del Parlamento, del Tribunal de Cuentas y de entidades públicas que operan en estos sectores como SEPES o EPSA.

Teófila Martínez ha sacado notables réditos políticos de este oscuro entramado empresarial. Su agenda política ha estado repleta en los últimos años de actos publicitarios y de propaganda política organizados por los responsables del Consorcio y de las empresas afines. Actos que no tienen justificación en razón de la cuenta de resultados de dichas empresas, sino en la necesidad de elevar su notoriedad.

Las empresas surgidas en torno a la Zona Franca que preside Martínez le han permitido garantizar un retiro confortable a los políticos del PP caídos en desgracia, al mismo tiempo que no son pocos los familiares de altos cargos que han encontrado acomodo en consejos de administración y plantillas. Sin ir más lejos, UGT ha denunciado los mecanismos de selección de personal y el blindaje de cargos ante el inminente cambio de Gobierno.

Ante los sucesivos escándalos denunciados en los medios de comunicación, los socialistas presentes en el Pleno del Consorcio han solicitado reiteradamente la convocatoria de plenos extraordinarios y la creación de comisiones de investigación, a lo que se ha negado, sin mayores explicaciones, Teófila Martínez. Una responsable última que, al día de hoy, no sólo hace mutis por el foro, sino que trata de silenciar todo.

El PSOE, por su parte, se ha comprometido a someter al Tribunal de Cuentas la gestión de la Zona Franca en la última etapa, contratar una auditoría externa, depurar todas las responsabilidades que se desprendan de las investigaciones, sacar adelante los proyectos en marcha y favorecer la creación de puestos de trabajo.

José Luis Blanco Romero es diputado en el Parlamento de Andalucía por el PSOE.